Gerardo Octavio Solís Gómez es un personaje polémico. Nadie como él conoce los rincones de lo que fue la Procuraduría, hoy Fiscalía, del Estado de Jalisco. Su vida ha estado dedicada a esta institución. Salvo el tiempo que fue secretario de Gobierno y después gobernador interino, su carrera profesional es y ha sido la procuración de justicia. Hombre adusto, serio, poco aficionado a los medios o a la imagen pública, lo suyo es el trabajo al interior de la institución. En contrapartida, tiene en su historial una muy cuestionada actuación tras los incidentes del 28 de mayo de 2004, cuando, siendo procurador, hubo detenciones ilegales de manifestantes, algo muy similar a lo que sucedió en estos días, lo que le ha ganado la fama de rudo y poco afecto al respeto de los derechos humanos.Más allá de su propio historial, lo sucedido el viernes pasado y las declaraciones del gobernador en torno a la infiltración del crimen organizado dejaron al fiscal en una posición sumamente endeble. Si, como dicen los propios trabajadores de la Fiscalía, el fiscal estaba enterado, la información saldrá flote más temprano que tarde y sólo habrá ganado desgaste para él mismo y para el gobierno. Pero si como dice Alfaro, la Fiscalía está infiltrada por el crimen organizado y Solís Gómez no se entera de lo que hacen, la cosa no es menos grave, pues en ningún momento los elementos “vinculados” al crimen organizado hicieron nada para esconderse, por el contrario, andaban por la Fiscalía como perros por su casa. Queriendo defenderlo, el gobernador Alfaro terminó de hundir a Solís Gómez como fiscal. Sin minimizar el asunto, pues lo que sucedió el viernes es muy grave, hay que verlo en el contexto de una política de seguridad que no ha dado resultados. Reconociendo lo complejo del problema en todo el país y particularmente en Jalisco por la presencia y la descomposición del cártel Nueva Generación, 18 meses después las grandes apuestas institucionales de Alfaro no han dado resultados: la Policía Metropolitana sigue siendo un organismo de papel, no coordina nada ni ha logrado subir el nivel de las policías; la apuesta por traer altos mandos militares en retiro para manejar las corporaciones ha sido, por decir lo menos, decepcionante; la Fiscalía, a decir de ellos mismos, sigue infiltrada, lo cual significa que no hemos avanzado mucho en año y medio, pero sobre todo sigue en la lógica burocrática de procesar carpetas, no de investigar, como quedó en evidencia con el caso Giovanni, que si no hubiera salido a la luz pública seguiría durmiendo la siesta eterna en algún escritorio. En algún momento Enrique Alfaro deberá dejar de pensar quién se la hizo para concentrarse en lo que tiene que hacer. Si algo dejó claro esta crisis son los terribles huecos en la política y las instituciones de seguridad. Quizá llegó la hora de los cambios.(diego.petersen@informador.com.mx)
