Miércoles, 08 de Mayo 2024
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- Tierra de nadie

Por: Jaime García Elías

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Si se lo preguntan, es probable que los gobernantes, en nuestro medio, admitan que uno de los espacios en que es más difícil hacer cumplir las leyes (entendidas como preceptos dictados por la autoridad a favor del bien común) es... el transporte público.

Ahora mismo, cuando los temas dominantes siguen siendo la pandemia del COVID-19 y las medidas dispuestas para reducir el riesgo de contagios, se explican los cierres de escuelas, cines, teatros, estadios, gimnasios, salones de fiestas, etc.; se justifican los requisitos dispuestos para la reapertura gradual de restaurantes, hoteles, estéticas, centros comerciales, etc.; se aplauden las medidas orientadas a condicionar o limitar accesos a parques, jardines y otros espacios públicos...

¿Y los camiones...?

-II-

De continuar vigentes los datos del estudio realizado por “Polymetrix Estudios Estratégicos” a principios de 2018, 1.6 de los casi cinco millones de habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara son usuarios habituales del transporte público. Salvo los estudiantes –porque las escuelas cerraron desde marzo—, que en circunstancias normales son el 30% de los usuarios, el resto (70%: 1.12 millones de personas) lo sigue utilizando, algunos cinco días, otros los siete días de la semana, para acudir a su centro de trabajo, ir de compras o realizar alguna actividad relacionada con su trabajo, principalmente.

Que la gente tenga que movilizarse, es una necesidad social inevitable. Que las circunstancias exijan la sanitización de los camiones o el uso obligatorio de cubrebocas a los usuarios, es comprensible.

La desproporción entre la demanda y la oferta del servicio, reduce y aun anula los espacios entre los pasajeros. Ello dificulta e incluso impide aplicar la norma de la “sana distancia” –en las horas pico, particularmente—, obliga el hacinamiento e incrementa considerablemente el riesgo de contagios... Prueba de ello, la advertencia de que, de resultar imperativa la nueva suspensión de todas las actividades no esenciales, se suspendería asimismo el servicio de transporte público.

-III-

Para muchos concesionarios del servicio, la petición de reducir al 50% el acceso a las unidades, haría incosteable su operación. Para muchos usuarios, es preferible correr el riesgo de contagiarse, abordando un camión que ya va lleno, a esperar otro más desahogado. Para muchos más, la incomodidad del cubrebocas es superior a su voluntad. Para la autoridad, la posibilidad de supervisar –¡y exigir, sobre todo!— el cumplimiento de las normas profilácticas dispuestas, es superior a su capacidad...
Moraleja de la historia: “Que el COVID-19 nos coja confesados...”.
 

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