Sería lamentable que las autoridades se refugiaran en la barrera de que ellas tienen “otros datos”. Los de The World Justice Project (Proyecto de Justicia Social), difundidos ayer en EL INFORMADOR, acerca de la eficacia de los aparatos de seguridad y los mecanismos encargados de administrar justicia en Jalisco, corroboran la percepción ciudadana captada mediante encuestas y consultas: en esas materias, estamos en la calle.-II-El aparato gubernamental -según el informe, basado en “las perspectivas y experiencias de más de 25 mil personas en todo el país, así como más de dos mil 300 especialistas en justicia civil, justicia penal, justicia laboral y salud pública” entrevistadas entre julio y octubre de 2020-, no cumple con su responsabilidad de “proporcionar seguridad a las personas y sus propiedades”.La incidencia de homicidios y otros crímenes alimentan la percepción generalizada de inseguridad y el temor a ser víctima de algún delito. La parálisis en los organismos encargados de impartir justicia, ocasionada por la pandemia declarada hace poco más de un año -no obstante que dichos servicios fueron calificados como esenciales-, se traducen en retrocesos en los rubros de “justicia penal” en 16 estados del país, debido a que juzgados y tribunales suspendieron sus actividades por un largo periodo.El reporte señala que en los indicadores de “investigación penal eficaz” (lo que debería traducirse en el esclarecimiento de los delitos) y “procuración e impartición de justicia eficiente y eficaz” (lo que debería repercutir en la identificación, aprehensión, procesamiento y aplicación de “todo el peso de la ley” a los delincuentes), Jalisco tuvo notas reprobatorias.Con respecto a delitos de alto impacto -atribuibles a la “delincuencia organizada”-, el informe señala que como tales delitos (narcotráfico, lavado de dinero, robo de combustibles, secuestro y trata de personas, entre otros) “no son susceptibles de medirse mediante encuestas y no existen datos duros consistentes, homogéneos y de calidad en el país”, sus manifestaciones perceptibles (tiroteos, asesinatos, hallazgo de cadáveres, descubrimiento de fosas clandestinas, etcétera) denotan asimismo más retrocesos que progresos en su combate.-III-Más allá del discurso oficial y las buenas intenciones, pues, las políticas públicas siguen siendo deficientes; más de 90% de las víctimas de delitos prefiere abstenerse de denunciar, por lo engorroso -y lo peor: lo inútil- de sus gestiones.Conclusión: el Estado de Derecho, en estas tierras (dizque) de Dios y de María Santísima, es una entelequia químicamente pura. (En palabras llanas, “puro rollo”).jagelias@gmail.com
