El miércoles 2 de julio, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvieron en Studio City, California, al boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., señalado como inmigrante ilegal y actualmente sujeto a un proceso de extradición hacia México.Según un comunicado emitido por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Chávez Jr. estaría vinculado con el Cártel de Sinaloa y enfrenta una orden de aprehensión en territorio mexicano por presunta participación en actividades delictivas relacionadas con el tráfico de armas, municiones y explosivos. La dependencia estadounidense subrayó su postura con una advertencia contundente: bajo la administración de Donald Trump, ningún individuo está exento del cumplimiento de la ley, incluso si goza de reconocimiento internacional. Asimismo, reiteró su intención de actuar con firmeza contra cualquier organización criminal con operaciones en Estados Unidos.El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) reveló una serie de antecedentes judiciales y vínculos criminales relacionados con el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., quien actualmente enfrenta un proceso de extradición. Según el informe oficial, Chávez solicitó el 2 de abril de 2024 la residencia permanente legal en el país, basándose en su matrimonio con una ciudadana estadounidense. Sin embargo, las autoridades señalaron que su cónyuge mantiene conexiones previas con el Cártel de Sinaloa, al haber tenido una relación con un hijo fallecido de Joaquín “El Chapo” Guzmán.Posteriormente, el 17 de diciembre de ese mismo año, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) presentó una denuncia ante ICE, señalando que Chávez Jr. representaba una amenaza seria para la seguridad pública. A pesar de ello, bajo la administración del entonces presidente Joe Biden, su nombre fue clasificado como “no prioritario” dentro del sistema de aplicación de leyes migratorias.Entre los antecedentes penales que figuran en registros oficiales de EU se encuentran los siguientes:Pese a su historial, el 4 de enero de 2025, bajo decisión de la administración Biden, se le permitió ingresar nuevamente a Estados Unidos y se le concedió libertad condicional en el puerto fronterizo de San Ysidro. No obstante, tras descubrirse información falsa en su solicitud de residencia legal, las autoridades determinaron que su estancia en el país era ilegal y se estableció su deportación para el 27 de junio de 2025.El comunicado oficial también recordó que el Cártel de Sinaloa fue designado como organización terrorista durante el mandato de Donald Trump debido a su implicación en el tráfico de fentanilo hacia EU. En ese sentido, el DHS reiteró: “Ni los cárteles ni quienes colaboren con ellos tendrán lugar en nuestro territorio bajo el liderazgo del presidente Trump y de la secretaria Kristi Noem”. Con información de SUNEE
