SAT promete multas de hasta 120 mil pesos para quienes pidan este documento

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó una advertencia contundente: pedir la Constancia de Situación Fiscal (CSF) como requisito para emitir una factura puede salir caro… muy caro. Las multas por esta práctica indebida pueden alcanzar hasta los 120 mil pesos.

La autoridad fiscal dejó claro que no existe obligación alguna de presentar este documento para generar un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Condicionar la facturación a la entrega de la CSF no solo es innecesario, sino que constituye una falta contemplada en el Código Fiscal de la Federación.

Multas elevadas por una práctica indebida

De acuerdo con el SAT, quienes insistan en solicitar este documento se exponen a sanciones económicas que van desde poco más de 21 mil hasta más de 122 mil pesos, dependiendo de la gravedad del caso y si hay reincidencia.

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Este comportamiento irregular se ha detectado en múltiples espacios, desde comercios hasta centros de trabajo, donde aún se exige la constancia sin justificación legal.

¿Qué sí necesitas para facturar correctamente?

Para emitir un CFDI, no hace falta la Constancia de Situación Fiscal. Basta con contar con información básica del contribuyente, que puede obtenerse fácilmente mediante la cédula de datos fiscales:

RFC
Nombre o razón social
Código postal del domicilio fiscal
Régimen fiscal

Empresas tampoco deben exigirla a trabajadores

El SAT también fue enfático con los empleadores: no deben pedir este documento a sus empleados para procesar la nómina. En su lugar, pueden recurrir a los mecanismos oficiales de aclaración establecidos en la normativa vigente.

Un documento sensible… y mal utilizado

La Constancia de Situación Fiscal contiene datos delicados como el domicilio fiscal, actividades económicas y obligaciones tributarias. No tiene una vigencia fija, ya que solo cambia cuando el contribuyente actualiza su información ante el SAT.

Aunque puede descargarse por diversos medios oficiales, la autoridad reitera su postura: exigirla sin motivo válido no solo es innecesario, también puede derivar en fuertes sanciones económicas.