El blindaje del Gobierno federal a Rocha Moya, según Riva Palacio

La incertidumbre sobre el paradero y la situación jurídica de Rubén Rocha Moya ha escalado en los últimos días. Tras las acusaciones de la justicia estadounidense que lo vinculan con presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa para financiar su campaña electoral en 2021, el exgobernador se mantiene prácticamente fuera de la vida pública, refugiado en un rancho al norte de Culiacán.

El binomio político-criminal bajo vigilancia

Según el análisis del periodista Raymundo Riva Palacio, Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza conforman un "binomio político-criminal" que es monitoreado de cerca por autoridades federales y agencias de inteligencia de Estados Unidos. La preocupación central radica en el riesgo de que estos personajes intenten cruzar la frontera para colaborar con la justicia estadounidense, o bien, que sean capturados.

No te pierdas: México se cuela a la lista de las ciudades más sanas del mundo

Sobre la estrategia de protección gubernamental, Riva Palacio apunta:

"El gobierno ha protegido a Rocha Moya y como en cascada, alcanza el blindaje para el resto de los servidores públicos imputados. Son dos las líneas de pensamiento que llevaron a esa protección: que si los entregan bajo los términos del Tratado de Extradición, Estados Unidos pedirá a otros altos funcionarios".

Testigos cooperantes y el flujo de información hacia EU

La investigación en la Corte del Distrito Sur de Nueva York —donde se procesa a los sinaloenses imputados— ha avanzado gracias a la información proporcionada por exfuncionarios como Gerardo Mérida y Enrique Díaz.

La justicia estadounidense busca determinar el destino final de los recursos del Cártel de Sinaloa en las campañas políticas. Según trasciende en la columna:

Te puede interesar: ¿Lloverá durante el partido del Tri en Guadalajara?

"Términos aceptables para hacerlo testigo cooperante, ha trascendido, es que diga a qué políticos se transfirieron recursos del Cártel de Sinaloa para sus campañas, incluida, han subrayado, la de la candidatura presidencial del senador Adán Augusto López Hernández".

¿Un error de cálculo en Palacio Nacional?

El Gobierno mexicano ha sostenido la tesis de que, al resistir la presión política hasta después de las elecciones legislativas estadounidenses de noviembre, el caso perderá fuerza. Sin embargo, el analista advierte que esta estrategia es un error de apreciación:

"La protección de Rocha Moya ha desgastado a la Presidenta, que no tiene control sobre lo que decida el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sus tiempos, sus coyunturas y sus intereses inmediatos".

Además: La influencia de Andy López Beltrán bajo la lupa de Loret de Mola

Un factor determinante que añade presión a la administración mexicana es la designación de Jay Clayton como director nacional de Inteligencia. Clayton, quien fungió como fiscal en el Distrito Sur de Nueva York, conoce a fondo los expedientes de narcopolítica y cuenta con toda la información recopilada sobre la presunta complicidad de diversos actores de la "Cuarta Transformación" con organizaciones criminales.

Mientras el Gobierno federal mantiene su postura de defensa, el cerco de las agencias estadounidenses continúa estrechándose sobre varios estados clave, lo que sugiere que la "cruzada" contra los narcopolíticos en México apenas está entrando en una fase definitoria.

Con información de Raymundo Riva Palacio

*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

OA