Ley contra la extorsión fomentaría denuncias, pero permitiría abusos, alerta experto

La nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar Delitos en Materia de Extorsión tiene varios puntos a favor, como la posibilidad de fomentar las denuncias, la homologación del delito en todo México, la investigación oficiosa (con lo cual no se requiere una denuncia previa para efecto de que las autoridades investiguen el presunto crimen), el incremento en las penas de prisión (y sus agravantes) y la cancelación de la línea telefónica de los delincuentes, reconoció Xavier Rodríguez López, abogado penalista y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. 

Sin embargo, esta ley también podría abrir la puerta a abusos de autoridad, pues se pueden cometer injusticias en contra de los señalados, advirtió. 

"Creo que es una buena medida, un buen inicio, para unificar el delito de extorsión, y que desde luego la Federación se meta total, porque anteriormente la extorsión quedaba a cargo prácticamente de los estados. Pero con esta ley, la Federación se va a poder meter de lleno porque tiene facultades de atracción de poder investigar y sancionar los delitos […]. 

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"Con esta ley podemos decir que puede haber muchas más garantías de que se pueda investigar y sancionar este delito […]. Si los gobiernos aplican debidamente esta ley, los ciudadanos podemos tener la voluntad de denunciar y no quedarnos callados ante este tipo de delitos, que muchas veces por las situaciones de miedo, por las situaciones donde no hay garantías, donde no se respetan los derechos de la víctima, no hay garantías de protección, pues no se denuncia", expresó. 

En cuando a la investigación por oficio, Rodríguez López señaló que podrían ocurrir abusos en el debido proceso de un imputado. Podrían existir casos en los que se le acusa a una persona por un delito que no cometió, o bien se llega a una reparación del daño con la víctima, lo que complicaría el proceso penal. 

"Puede ser peligroso que el delito de extorsión sea un delito oficioso por situación en las que se le haga un proceso a un imputado y que a lo mejor tenga que estar en prisión por un delito que, a lo mejor, no cometió. 

"Aunado a eso, si el delito de extorsión no se consumó, donde no hubo un beneficio económico, hacerlo oficioso podría sonar complicado cuando a lo mejor la víctima ya tiene reparado el daño, se llegó a un acuerdo con el imputado", dijo el académico. 

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En el debido proceso podría cometerse injusticias, añadió. "Una de las complicaciones que tiene este país es el debido proceso. Las estadísticas no mienten en el sentido de cuántas personas procesadas posteriormente salen con alguna sentencia absolutoria y tiene años en prisión. Que se pueden cometer injusticias, desde luego que sí, ante una falta de debido proceso que tenemos todos los días". 

En tanto, el experto indicó que el presupuesto de la nueva ley es uno de los temas pendientes, además de que la reparación a las víctimas se centra en un tema meramente económico. La ley establece que se resarcirá a quienes hayan sufrido extorsiones con los recursos de los bienes particulares que hayan sido adquiridos por extinción de dominio, pero se excluye a aquellos que hayan sido asegurados por el Estado. 

"No se señala de forma total cómo va a ser esa aplicación. Y, desde luego, creo que no nada más es un tema económico, en dado caso de que alguien sea víctima del delito de extorsión. No me convenció tanto la reparación", apuntó. 

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