¿Ya registraste tu celular?
Tienes hasta el 30 de junio para registrarlo o suspenderán tu línea. Después de esa fecha, en teoría, nadie en México tendrá un número de celular sin estar asociado a su dueño. En teoría, pero vamos por partes…
El Gobierno federal quiere acabar con el anonimato de las líneas telefónicas. Desde el 9 de enero todas las personas usuarias deben registrar su número ante su compañía telefónica.
Ya lo había intentado antes. En 2022 promovió el fallido Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT). Sin embargo, la Corte lo invalidó porque violaba el derecho a la privacidad, la intimidad y vulneraba datos personales.
Los ministros frenaron el padrón porque el Gobierno iba a recabar, además de tus datos personales, los datos biométricos: huellas dactilares, reconocimiento facial y de iris. Para el nuevo registro telefónico sólo te piden tu INE o pasaporte, y CURP.
Puedes hacer el registro en línea o en el centro de atención de tu compañía telefónica (en mis redes @jnlomeli comparto los enlaces). Las personas físicas pueden registrar hasta diez números y las empresas no tienen límite, pero hay otros requisitos.
Después del 30 de junio, cualquier línea sin registrar será suspendida. Y, a partir de esa fecha, si adquieres un chip telefónico deberás vincularlo al dueño para activarlo.
En teoría, las compañías telefónicas no pueden compartir ni usar nuestros datos, según la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), encargada del registro.
Detrás de todo está la Estrategia Nacional Contra la Extorsión lanzada el año pasado, y un delito al alza en ocho Entidades prioritarias, según el Gobierno federal: Jalisco, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Guerrero y Michoacán.
Este ilícito tiene tantas modalidades -secuestro virtual, cobro de derecho de piso, “montachoques”, préstamos gota a gota, etcétera- que un padrón de usuarios de telefonía celular es una medida apenas inicial.
Debe complementarse con la investigación criminal: bloqueo de líneas telefónicas asociadas a delitos; rastreo de cuentas bancarias usadas para cobrar extorsiones; operativos para desmantelar centros extorsivos en las cárceles, entre otros.
Todo esto se asienta en la estrategia nacional contra este ilícito.
Cumplir con el registro de nuestra línea es nuestra tarea como ciudadanos; asegurar que esta base de datos no termine en manos del crimen y que la estrategia no se quede en papel es responsabilidad exclusiva del Estado.