Sin pruebas, se entregan
Episodios insospechados siguen agravando la situación de la Presidenta Claudia Sheinbaum ante los reclamos de Washington por el Rocha Moya-gate.
La entrega voluntaria a las autoridades de Estados Unidos el viernes pasado del ex secretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, y del ex secretario de Finanzas, Enrique Alfonso Díaz Vega, dieron un vuelco inesperado al caso y debilitaron aún más la posición presidencial asumida desde que estalló esta bomba política enviada por el Gobierno de Donald Trump.
Estos dos ex funcionarios del gobierno de Sinaloa forman parte de la lista de políticos que encabeza el gobernador Rubén Rocha Moya, ahora con licencia, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió detener al Gobierno de México por su presunta protección y nexos financieros con el Cártel de Sinaloa.
Si la semana pasada se veía como la más difícil que había enfrentado la Presidenta de México por este asunto, debido a la escalada de presiones y advertencias de funcionarios estadounidenses como el director de la DEA, Terrence Cole, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, así como por las filtraciones de las presuntas ejecuciones extraoficiales realizadas por la CIA en México, esta que inicia luce mucho más de alto riesgo ante las tensiones que ya se viven en la relación bilateral México-Estados Unidos, por el tema del combate a los cárteles del narcotráfico y la complicidad de la clase política y gubernamental mexicana.
Y es que lo lógico era suponer que las presiones seguirían viniendo de la Casa Blanca, ante la insistencia de la Presidenta de que por principios de soberanía nacional, no haría las detenciones que exige Estados Unidos desde fines del mes pasado hasta que Washington mande pruebas.
Pero el caso es que, más allá de conocer si Mérida Sánchez, a quien acusan de recibir sobornos de 100 mil dólares mensuales del narco, se entregó al cruzar la garita de Nogales, Arizona, por decisión propia o por ofrecimientos del Gobierno estadounidense, al igual que Díaz Vega, al que acusan de ser intermediario financiero con el cártel y buscar su apoyo para las elecciones de 2021, lo cierto es que desarman el discurso de la Presidenta, quien siempre dijo que no se les detenía en México por falta de pruebas.
Con estos dos ex funcionarios del gobierno de Sinaloa ya en sus manos, el Gobierno de Trump podrá endurecer más su discurso, en el sentido de que aún sin la cooperación de la Presidenta Sheinbaum, tienen a dos de los 10 que pidieron.
La mejor prueba, dirán, que ellos saben de los malos manejos de los que declaran no culpables, aunque en México nunca se les investigó para comprobarlo, por la impunidad de la que gozaban.
La Presidenta tendrá que hacer mucho más además de lo que ya dijo el sábado pasado que nadie deshonesto se esconderá en los gobiernos de la 4T.