Símbolos y confianza

Hay momentos en que un Estado comienza a transmitir una sensación peligrosa: la de un gobierno que ya no controla la narrativa… porque tal vez tampoco controla completamente la realidad.

Eso es lo que empieza a ocurrir en México alrededor de las crecientes presiones y acusaciones provenientes de Estados Unidos sobre presuntos vínculos entre actores políticos mexicanos y el crimen organizado. El problema ya no es solamente judicial o diplomático; ahora es político, militar, económico y hasta psicológico.

Cuando el secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth insiste públicamente en que el Ejército y la Marina mexicanas deben “dar un paso adelante” frente al narcotráfico, el mensaje no solo es militar. Washington está insinuando algo mucho más delicado: que considera insuficiente —o poco confiable— la actuación de ciertas instituciones mexicanas.

Al mismo tiempo, comienzan a circular versiones sobre nuevas listas de políticos y exfuncionarios presuntamente bajo investigación en Estados Unidos. Independientemente de si todas las acusaciones son ciertas, la percepción pública empieza a deteriorarse. Y la política no solo se mueve por pruebas; también por símbolos, rumores y sensaciones.

Los símbolos recientes son devastadores.

La ausencia del senador Enrique Inzunza Cázarez en momentos clave de la Comisión Permanente alimentó especulaciones políticas. La protección institucional y militar alrededor del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, provocó otra percepción igual de delicada: la idea de que ciertas figuras parecen blindadas no por inocencia demostrada, sino por conveniencia del sistema.

Y entonces surge la pregunta más incómoda de todas: ¿el Estado no quiere actuar… o no puede hacerlo?

La diferencia entre ambas posibilidades es enorme, pero las dos son alarmantes. Si no quiere actuar, hablamos de cálculo político, pactos o tolerancia estratégica. Si no puede hacerlo, hablamos de algo todavía peor: pérdida de control institucional frente a organizaciones criminales con poder económico, territorial y político.

Lo más inquietante es que el gobierno federal parece atrapado entre dos discursos incompatibles. Por un lado, insiste en defender la soberanía nacional y rechaza cualquier insinuación de subordinación frente a Washington. Pero por otro, la realidad golpea todos los días: el fentanilo sigue cruzando la frontera, la violencia continúa expandiéndose y las investigaciones estadounidenses avanzan mientras millones de mexicanos perciben que el crimen organizado, dejó hace tiempo de ser solo un problema policiaco para convertirse en un poder paralelo.

Y aunque muchas acusaciones puedan tener intereses electorales detrás —porque en Estados Unidos el tema mexicano también da votos— sería un error monumental reducir todo a propaganda extranjera. El peligro existe. Las redes criminales existen. La infiltración institucional existe.

Durante años México trató el problema desde dos extremos igualmente inútiles: la guerra espectacular llena de discursos heroicos o el optimismo ingenuo que creyó que bastaba con programas sociales mientras el crimen construía imperios financieros completos.

Hoy la realidad obliga a algo mucho más difícil de aceptar: cooperación profunda, seria y pragmática con Estados Unidos. No sumisión ni entrega de soberanía, sino colaboración inteligente entre dos países condenados a entenderse porque comparten comercio, migración, seguridad y un gigantesco mercado criminal binacional.

México necesita colaboración tecnológica, financiera y de inteligencia. Necesita perseguir el lavado de dinero, romper redes de protección política y reducir drásticamente la impunidad. Porque el verdadero combustible del crimen no son solamente las drogas; es la certeza de que en este país casi nunca alguien poderoso termina pagando.

Y si algo queda claro en este momento histórico es esto: el tiempo de fingir normalidad terminó.

Porque cuando funcionarios estadounidenses comienzan a presionar directamente a las Fuerzas Armadas mexicanas, cuando aparecen rumores constantes de nuevas investigaciones políticas y cuando la población empieza a creer que el gobierno no quiere o no puede actuar, el problema deja de ser únicamente de seguridad pública.

Se convierte en una crisis de confianza nacional.

Y ningún sistema sobrevive mucho tiempo cuando sus ciudadanos comienzan a dudar de quién manda realmente, de si vale la pena respetar la ley o incluso, dudan si seguir creyendo en las instituciones todavía tiene sentido. Ahí es donde los países empiezan a fracturarse de verdad.

¡Aguas!