Reforma electoral e inversión
Hay una relación entre la democratización del bienestar, la economía de mercado y las instituciones republicanas (que incluyen el Estado de Derecho y el pluralismo político).
Sólo la democracia liberal es capaz de brindar estos tres bienes públicos al mismo tiempo. Por ello, el asalto contra ella por parte de los populismos autoritarios de derecha y de izquierda constituye la mayor amenaza hoy en día.
Un Gobierno responsable debiera garantizar que los inversionistas actúen sin ser impedidos para realizar sus actividades en un mercado libre. Ellos son los dínamos que promueven la prosperidad y el bienestar de una sociedad.
Pero para que esto sea posible, los Gobiernos deben brindar las mejores condiciones para la inversión y el despliegue de los mercados.
Y eso es precisamente lo que no ha hecho el Gobierno actual. En conjunto, las reformas constitucionales aprobadas en los últimos años han afectado profundamente el clima de negocios. Pero las cosas siempre pueden empeorar.
La inminente iniciativa de reforma electoral que pronto será discutida en el Congreso de la Unión, contiene elementos que podrían debilitar aún más la confianza en el sistema democrático mexicano.
El debilitamiento de los partidos distintos del gobernante a través de la disminución de la presentación proporcional en los poderles legislativos federal y las entidades, afectaría la pluralidad necesaria en una democracia. La intentona parece encaminada a imponer una visión única del País, al debilitar e inhibir el debate institucionalizado que debe nutrir a los congresos. La consecuencia sería que en los grandes temas de la gobernanza nacional, se imponga la visión oficialista desde la univocidad de la autoridad.
De alguna manera, ya hemos visto esto. Las malas decisiones políticas y económicas tomadas en los últimos años, tienen al país en una situación prácticamente de crecimiento nulo. El mismo efecto tendrá la propuesta de quitarle financiamiento a los partidos bajo el supuesto de la necesidad de la mal llamada austeridad republicana. Por supuesto que se puede discutir si los recursos públicos canalizados a los partidos son exiguos, suficientes u ostentosos. Pero esto no puede ser resuelto de manera unilateral con el propósito de, en los hechos, encauzar una abrumadora cantidad de recursos fiscales hacia un solo partido o coalición de partidos.
A esto se suma la intención de debilitar o destruir la autonomía del organismo autónomo que organiza y califica las elecciones en México.
Sería muy mala idea quitarle recursos al INE sin hacer una evaluación de la pertinencia de tales medidas. Es imperativo para el interés nacional, garantizar la celebración de elecciones auténticas, libres y pacíficas. Todos los análisis de riesgo político que utilizan los inversionistas para la toma de decisiones, tienen puesto en el radar la calidad y credibilidad de los procesos democráticos para formar los gobiernos en un clima de estabilidad institucional.
Pero además de todo lo dicho, es claro que una reforma electoral regresiva, es totalmente inoportuna en el año en que se negocia el T-MEC.
El debilitamiento democrático puede ser utilizado como argumento por nuestros socios norteamericanos como medida de presión en las negociaciones. No hay que olvidar como en el proceso de negociación del original TLC y de los acuerdos comerciales con la Unión Europea, el vale democrático jugó un papel toral.
Todo sistema electoral es perfectible. Y vaya que México sí requiere solventar las deficiencias del propio y sus instituciones. Pero una reforma a las instituciones y procesos electorales ser producto de un amplio consenso e introducir cambios que induzcan la pluralidad y que estimulen la competencia electoral en el marco de la ley.