¿Por qué el gobierno rechaza el referéndum vs el tarifazo?
Se veía venir. El Gobierno de Jalisco expuso sus argumentos contra el referéndum estatal para revertir el tarifazo que aumentó de 9.50 a 14 pesos el pasaje del transporte público.
A continuación explico los argumentos oficiales -altamente técnicos- para que la ciudadanía comprenda lo que está en juego y se abra el debate de un tema de enorme relevancia pública.
1. El Gobierno de Jalisco afirma que la tarifa de transporte público tiene “carácter contributivo”, por tanto no es consultable en un referéndum.
La Ley de Participación Ciudadana de Jalisco indica que el referéndum sirve para que la ciudadanía revierta una ley o disposición legal, con excepción de aquellas de “carácter contributivo”, es decir, impuestos, cuotas o cualquier carga tributaria.
Este tipo de mecanismos tienen esos candados para evitar que se someta a consulta, por ejemplo, un impuesto como el predial. Eso pondría en riesgo la gobernabilidad.
En mi columna “¿El tarifazo a referéndum?” sugerí que era controvertible si la tarifa del transporte público es una “contribución”.
El argumento oficial sostiene que sí: “tiene naturaleza contributiva, al constituir una contraprestación por un servicio público que se ofrece bajo regulación del Estado”.
2. El referéndum estatal, que hasta anoche superaba los 8 mil apoyos ciudadanos en la plataforma del IEPC, propone revertir el acuerdo 057/2025 publicado por el gobernador el 27 de diciembre en el Periódico Oficial de Jalisco, donde se establece la nueva tarifa de 14 pesos.
El Gobierno sostiene que el referéndum es un mecanismo para derogar leyes y disposiciones legales, pero el acuerdo sobre la tarifa es un “Acuerdo de carácter administrativo”, por lo que no procede el mecanismo.
El primer argumento es debatible, y el segundo parece más bien un ardid jurídico o de procedimiento, que no es desdeñable, pues muchas veces hace la diferencia en un proceso legal.
Sobre estos dos puntos gira el debate. Como lo expuse en mi columna ya citada, la última palabra la tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza que está integrado por tres funcionarios y 12 representantes ciudadanos.
La decisión final no sólo es técnica, sino política. En palabras llanas, la moneda está en el aire.