Impunidad y la política criminal
La impunidad en México es un sistema que se articula desde la política, las instituciones y los diferentes poderes; y que tiene diferentes impactos en el país. Diversas organizaciones de la sociedad civil han calculado que, a México, la impunidad nos cuesta cerca de 11 por ciento del PIB anual teniendo costos directos e indirectos en la sociedad mexicana. La impunidad está correlacionada con la corrupción, digamos que son aliadas, no existe la una sin la otra.
Básicamente, la impunidad significa que alguien no obtenga un castigo por algún delito o acto criminal cometido, es decir, que la justicia no exista en el país. De acuerdo con la organización México Evalúa, la tasa de impunidad alcanzó casi 90 por ciento en el año 2024 y esto es porque la impunidad se correlaciona con la debilidad institucional de los procedimientos de denuncia que se articulan desde las fiscalías, mismas que tendrían que estar dentro de la reforma al poder judicial pero que no se cuentan dentro de sus iniciativas.
La ausencia de justicia existe en todo tipo de delitos que ocurren en México. Las personas desaparecidas siguen aumentando porque se sabe que nadie será capturado, investigado, procesado y después juzgado por haber cometido este delito; la impunidad por desaparición se calcula aproximadamente en 99 por ciento. En el caso de la violencia feminicida, la impunidad se calcula en cerca del 75% y así podemos ir narrando casos y circunstancias que nos mantienen en una suerte de espiral.
Uno de los más graves problemas del país es que la impunidad se articula en un sistema de criminalidad que se ha venido imbricando en el sistema político mexicano (no solo en el régimen), es decir, en nuestras prácticas socioculturales y de consumo mediático, nuestra vida cotidiana y todo el entramado social, político y económico del país. Este sistema de criminalidad se fundamenta en la necropolítica desde donde nos hemos venido acostumbrando al régimen de las injusticias, de la muerte cotidiana y de la ausencia de paz y justicia. Es un sistema que se ha sostenido en torno a una política criminal a la que nos hemos acostumbrado desde hace muchos sexenios y que empapa a todos los partidos políticos sin distingo de ideología.
Para la impunidad no hay narrativas, hay costumbres creadas y dichos construidos. De nada sirve denunciar, si nadie va a pagar por sus delitos. Es mejor callar para no perder el empleo, es mejor crear falsas lealtades con tal de no tener consecuencias. Siempre es mejor aguantar que ser sometido. El costo sociocultural es la degradación del llamado tejido social y la normalización de la violencia, es por eso que nadie puede llamarse sorprendido por los desplazamientos sociales a causa de la violencia en Guerrero, Chiapas o Michoacán por mencionar solo algunos.
México está anclado a un sistema criminal impune que se llena siempre de preguntas: ¿dónde está Rocha Moya?, ¿quién mató a Carlos Manzo o a Javier Valdez?, ¿quién pagará por los errores que han cobrado vida de tantas personas en el tren transístmico?, ¿dónde están las personas responsables de tantas muertes de periodistas y defensores/as de derechos humanos en el país? La impunidad se ha vuelto un modo de vida en México desde el cuál la clase política nos ha acostumbrado a no tener opción, porque la política, es la primera que exacerba el sentido de corrupción y permisividad desde nuestra tolerancia y nuestra capacidad de indignación pareciera no tener fin.
La impunidad se ancla con la política criminal desde donde nos centramos en personajes políticos, pero no en los problemas estructurales que sus decisiones criminales han originado. Por ejemplo, hoy solo se habla de Rocha Moya y los problemas en los que tiene metida a la Presidenta, pero en qué momento vamos a hablar del cambio estructural que requiere todo el estado de Sinaloa desde donde social y culturalmente se legitimó al crimen durante décadas, sea por complicidad o sea por miedo.
¿Quién está pensando en que debemos hacer para desestructurar la política y la socialibilidad criminal en Sinaloa en todos los niveles? La impunidad mexicana es singular, vive en lenguaje electoral permanente, de la confrontación y la polarización social. Así que mientras no seamos capaces de diseñar políticas públicas que desestructuren la impunidad, seremos incapaces de dialogar, entendernos, confiar y avanzar para construir un país mejor.