Hermenéutica populista
En México, respecto a lo público y común, quién decide lo que es importante de ser discutido o reformado; cómo se decide lo que se hace, quién determina en qué deben aplicarse los recursos del erario, colectados del trabajo de las mujeres y los hombres del país, persona por persona, y los de quienes hacen empresas de cualquier tamaño. Estas preguntas se responden hoy con la singularidad de la democracia mexicana: ese alguien que decide, que gasta el dinero de la tesorería nacional sin deliberar más que consigo mismo, es el Movimiento de Regeneración Nacional, que tampoco en esto es original: así hicieron el PRI y el PAN. Lo que adiciona el morenismo es que aquel o aquella que detenta el Poder Ejecutivo tiene potestad sobre la interpretación de lo que el “pueblo” necesita y quiere. Por lo que sugerimos una nueva redacción para el Artículo 39 de la Constitución: La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el intérprete de la voluntad del pueblo: el titular del Ejecutivo federal. Todo poder público dimana de este intérprete y se instituye para beneficio de ella o él. La mujer o el hombre intérprete del pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma del gobierno, basta con que avise a la Nación a través de la asamblea denominada Mañanera del Pueblo.
Entre 2018 y 2024, el traductor de los deseos del pueblo, expresados misteriosamente en las boletas de votación, fue Andrés Manuel López Obrador, quien llevó la añeja tradición presidencialista más allá del borde de la autocracia; México paga las consecuencias de sus decisiones con inseguridad rampante, con menguadas finanzas públicas, comprometidas por gastos y corrupción excesivos; la factura incluye la bota militar pisando fuerte por todas partes y el marco legal convertido en entelequia. A partir de octubre de 2024, la glosadora de los anhelos populares es Claudia Sheinbaum Pardo, presidencialista como el que más, empeñada en borrar la de por sí tenue separación de poderes, el pacto federal y el Estado de derecho. Con terquedad promovió una reforma electoral nomás importante para el pueblo con el que ella, en su imaginario, dialoga, en medio del creciente dominio territorial de mafias y de una disputa intensa con el presidente de Estados Unidos; en medio, una crisis económica por la falta de confianza que el país padece por las reformas al Poder Judicial que su predecesor y ella impulsaron, crisis económica también porque el mundo está en una muda geopolítica que al régimen mexicano, eso dice la presidenta, ni le va ni le viene; más los problemas de agua, de energía, de desigualdad. Y todo, porque el pueblo al que dice atender la Cuarta Transformación solo se interesa por lo electoral y por desmontar las instituciones republicanas. A estas alturas de la transformación, el gasto irracional en Pemex y en la CFE, empresas dizque productivas del Estado que se niega a reestructurar —seguramente porque el pueblo no quiere—, lo podemos considerar parte del dinero que con desparpajo emplean para obras que son lastre para el presupuesto y para la confianza en la capacidad que tienen para gobernar.
No es necesario decir que eso de que el pueblo impulsa sus decisiones es muletilla para no mencionar lo evidente: deciden, hacen y gastan atenidos a la regalada gana de la presidencia. La legitimidad que López Obrador ganó por los votos que obtuvo, a partir de que estimuló significativamente a los electores del sur del país, sumada a su discurso antineoliberal, le dio la oportunidad de replantear el modelo de desarrollo que uniformemente se impuso a escala nacional, a despecho de las particularidades regionales. El norte rico, el sur pobre, según los indicadores económicos vigentes que, a fuerza de ser usados, se volvieron cliché de identidad social, motivo de discriminación y exclusión: el norte es la locomotora, el sur nomás se monta, displicente. Pero resultó que el morenismo no es antineoliberal, tampoco tiene en su haber intelectual las herramientas para, por ejemplo, evaluar cómo las características sociales, culturales y territoriales del sur podían aportar de manera diferente y complementaria al progreso nacional. El sur de pueblos originarios, con ricos recursos naturales, con agua de la que el norte está urgido. En cambio, lo que ha progresado al influjo de la Cuarta Transformación, a pesar del Tren Maya, de la refinería Olmeca, del Tren Interoceánico, es el crimen organizado y el despojo de tierras, la desigualdad, la injusticia y la devastación medioambiental… qué coincidencia, logro negativo del morenismo: estos rasgos también aplican al norte.
La organización Signos Vitales —El Pulso de México— dio a conocer hace unos días su reporte “Entre continuidad y desgaste. El rumbo del país en el primer año de gobierno”; la portada es un retrato de Claudia Sheinbaum. En la página 92 están algunos resultados, con datos de México Cómo Vamos, del índice Social Progress Imperative. Los estados que aparecen en último lugar en el periodo 2015-2025 son Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco, intensamente morenistas, merced a: “Crisis estructural: Salud y educación. Sin acceso a servicios de salud, 18.6 puntos porcentuales mayor que en 2016. Incremento en el gasto de bolsillo. Educación básica: caída en matrícula preescolar, primaria y secundaria. Inseguridad: Seguridad personal muy baja. La violencia y la inseguridad han deteriorado la calidad de vida. Informalidad económica: Ingresos laborales bajos; falta de acceso a salud pública; sin aportaciones a cuentas para el retiro; menos movilidad social.” Si seguimos la lógica de la presidenta, debemos colegir que el pueblo prefiere pedir una reforma electoral que atender carencias históricas. Quizá la voz del pueblo que ella interpreta, en realidad le pide: engaña, al cabo lo que está en juego es solo nuestra vida.