Narcopolíticos, ¿quién se hace cargo?
Tras la detención del presidente municipal de Tequila, el de nombre de pintor famoso y hoy reducido solo a Diego N, la duda es quién hace posible que este tipo de personajes lleguen a ser candidatos y luego alcaldes, diputados o gobernadores. La pregunta es doblemente pertinente porque estamos a punto de hacer una reforma electoral que podría -debería- abordar este problema que se repite en todos los estados y en todos los partidos. El de Tequila se hizo famoso por sus abusos, como agandallarse una casa patrimonial, amenazar periodistas, bloquear regidores de oposición y de su propio partido, extorsionar empresas y organizar conciertos donde se hacía apología del líder del Cártel Nueva Generación.
Ser presidente municipal de un municipio con el nombre de la bebida emblemática de México lo hace sin duda más memorable, pero no es para nada el único; como él hay muchos alcaldes en todo el territorio nacional.
Hay tres niveles de vinculación de los alcaldes con el crimen organizado. Los que compitieron y llegaron de buena fe y una vez en el cargo fueron amenazados para entregar algunos puestos al crimen organizado, particularmente la dirección de policía; los que llegaron apoyados por lo que llaman “la plaza”, con absoluta complicidad y acuerdos previos y, finalmente los que pertenecen a una organización del crimen organizado y como tal son postulados por un partido.
En el primer caso los partidos no tienen responsabilidad alguna, e incluso se puede alegar que tampoco el alcalde electo que no es sino víctima de las circunstancias de descomposición e inseguridad en todo el país. En lo personal, tanta ingenuidad me parece sospechosa, pero vamos a darles el beneficio de la duda. En el segundo caso es probable que el candidato pacte con “la plaza” sin que el partido sea parte ni esté enterado de dicha negociación. Aquí la ingenuidad, que, como sabemos, es pariente muy cercana de la estupidez, es de los dirigentes partidistas. Vamos también a aceptar que puede suceder. Por el contrario, cuando los partidos postulan como candidato a un miembro del crimen organizado no hay vuelta de hoja, la responsabilidad es totalmente del partido y debe ser legislada y sancionada. Son los partidos, y no las autoridades electorales, los únicos responsables de los candidatos que postulan.
Este último es el caso del alcalde de Tequila. Morena sabía quién era Diego N. desde que lo postuló. Su historial era conocido de tiempo atrás por el Centro Nacional de Inteligencia, desde que fue funcionario, en un Gobierno priista, en El Salto, para luego brincar a Tequila como candidato de Morena. No solo eso, cuando fue señalado de extorsionar empresas, los líderes de Morena en el estado salieron a su defensa en coro. Esos mismos hoy dicen escuetamente, escondidos detrás de una firma institucional, que están a favor de la justicia y la legalidad.
¿Cuántos casos similares tienen MC, PRI, PAN, el PRD (o lo que queda de este) y el mismo Morena en todo el país? ¿Quiénes fueron los dirigentes que los invitaron y/o aceptaron? ¿Cuánto dinero hubo de por medio? Diego N. es solo una hebra de la enorme madeja de la narcopolítica en México.