Transporte público eficiente: promesa cíclica
Casi tres meses después de asumir el poder, el Gobierno de Enrique Alfaro presentó finalmente el lunes pasado su plan sexenal para construir un Modelo Integral de Movilidad, entre cuyos ejes principales está mejorar la calidad del transporte público.
Los objetivos suenan muy parecidos a los que escuchamos hace casi seis años, el 1 de marzo de 2013 que asumió el priista Aristóteles Sandoval y prometió la modernización y reordenamiento del transporte público como palanca clave para lograr un nuevo esquema integral de movilidad, que tendría también como componentes el transporte masivo (Macrobus, Peribus y líneas del Tren Ligero) y el transporte no motorizado, que ayudará a desincentivar el uso del automóvil y a construir una ciudad más sustentable.
Como ya lo he señalado aquí, esa que fue una de las grandes promesas de la administración anterior, transitó a paso muy lento y quedó muy lejos de las metas pretendidas. Empezaron con paso alentador logrando una Ley de Movilidad anhelada desde las últimas tres décadas, pero a la hora de su aplicación se toparon con el pulpo camionero y toda su red de intereses y tramas de corrupción en las que se vieron atrapados, como sucedió con gobiernos anteriores. La gran derrota vino cuando no pudieron concretar el padrón de concesionarios, y peor aún, cuando degeneró en un negocio multimillonario.
Como pasa cada sexenio, el gobernador, su secretario de Transporte, Diego Monraz (que ya estuvo de secretario de Movilidad en el sexenio del panista Emilio González Márquez y tampoco logró los avances prometidos) y Mario Silva, el coordinador del Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN), quien será el nuevo involucrado en el tema, prometieron que esta vez sí someterán a transportistas que sabotearon y cooptaron a los funcionarios de la administración anterior, para que siguiera prevaleciendo el afán de lucro por encima del servicio que la autoridad está obligada a garantizar al ciudadano.
Habrá que reconocer que el plan es ambicioso y que marcará una clara diferencia respecto a sus antecesores si alcanzan las metas que ellos mismos se plantearon.
Por un lado se comprometieron a que en 30 días esté regularizado todo el parque vehicular dedicado al transporte público y que en 120 días las unidades de todas las rutas operen bajo el modelo de Ruta-Empresa, dejando atrás el caduco y criminal modelo Hombre-Camión. Ese cambio implica al menos mejorar frecuencias e implementar el prepago. El reordenamiento total de rutas lo aseguran para el 2020, y de esa fecha al 2024 la evolución a un modelo de transporte basado en tecnologías limpias. El incentivo inicial será ofrecer 80 mil pesos para cada unidad como apoyo estatal para la implementación del pago electrónico.
Otro factor que puede ayudar a cumplir este enorme reto es que la nueva Secretaría del Transporte, además de trabajar de la mano con el Imeplan, quedó sin las otras tareas que tenía la anterior Secretaría de Movilidad, para concentrarse exclusivamente en el tema del reordenamiento de las unidades del transporte público y las otras modalidades. La nueva estrategia fue presentada junto con el Observatorio Ciudadano de Movilidad, lo que implica que retomarán también sus 33 recomendaciones pendientes y cuatro normas técnicas propuestas. Por el bien de los usuarios del transporte y del medio ambiente de la ciudad, ojalá esta vez se llegue a mejor puerto.
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