Salarios públicos en tiempos de cólera
Una de las tesis que ha defendido el hoy candidato electo Andrés Manuel López Obrador es que los salarios de los funcionarios públicos deben ser moderados, eso que él llama, citando a Juárez, “la honrosa medianía”. Es decir, que nadie debe aspirar a hacerse rico o a vivir muy bien trabajando en el Gobierno, a lo que debe aspirar es a pertenecer a la clase media, viviendo con decoro, pero sin lujos, mucho menos excesos.
Una de las grandes pifias del paso de Acción Nacional en el poder fue enarbolar la tesis de que el sector público debía pagar bien a los funcionarios para competir con los sueldos de la iniciativa privada y así atraer a los grandes talentos al Gobierno. El resultado fue que acabaron pagando salarios extraordinarios a mediocres consumados, a burócratas de medio pelo cuyo único mérito era la cercanía política con el candidato o grupo en el poder. Pensaban además que pagar bien terminaría con la corrupción, otra gran mentira, pues los mediocres terminaron robándonos dos veces: con el sueldo y con la corrupción.
La única forma de acabar con estos abusos es como lo plantea López Obrador: bajando el sueldo del Presidente y poniendo el tope en ese nivel. Lo que sigue es achatar la estructura, no solo bajar los salarios altos sino subir los más bajos de manera que entre el que más gana, el Presidente, y el que menos la relación sea, máximo, de diez a uno reduciendo así la diferencia entre los jefes y los subordinados.
La crítica que se ha hecho, no sin razón, es que existen áreas técnicas muy importantes dentro de los gobiernos en los que podríamos perder a grandes funcionarios porque el salario es muy bajo respecto al mercado. Estamos hablando de algunos puestos, pocos relativamente, en los que esos personajes serían rápidamente captados en la iniciativa privada y el costo de reposición (selección y curva de aprendizaje) sería muy alto para el Estado. Habría en estos casos una pérdida neta de capital humano. Estamos hablando de técnicos del Banco de México, el Instituto Mexicano del Petróleo, IFETEL, por citar solo algunos.
El riesgo es que en estos tiempos de cólera social contra todo lo que huela a administración pública nos termine saliendo más cara la solución, que lo que ahorremos en pesos en calidad de decisiones y experiencia. La solución en el mediano plazo es distinguir claramente entre los sueldos de funcionarios de elección popular y las huestes que llegan con él, con los técnicos que trabajan para el Estado. Los funcionarios nombrados por el Presidente o gobernador en turno tendrán que tener salarios topados. Los funcionarios expertos y que debamos pagarles más que al Presidente deberán todos conseguirse por oposición y sancionados por el poder legislativo.
(diego.petersen@informador.com.mx)