Para salvar la Reforma Anticorrupción 2.0
Sorpresivamente el jueves pasado, tras una reunión con integrantes de la 62 Legislatura y de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, el gobernador Enrique Alfaro anunció que no publicaría la conocida como Reforma Anticorrupción 2.0, que se aprobó a fines del mes pasado, hasta que se regresara el sueldo a los integrantes del Comité de Participación Social (CPS), decisión legislativa que se interpretó como un golpe y una revancha a las y los consejeros por criticar y descalificar una serie de designaciones irregulares e investigar licitaciones estatales como la del programa A Toda Máquina, entre otras.
Por el reproche del mandatario a los hombres y mujeres que constituyen el CPS, de que pese a que su trabajo deja mucho qué desear él pediría que se restituyera su salario, y por pedir condiciones ya cumplidas como la intervención del Comité Técnico de Valoración Salarial y la rendición de cuentas, y por establecer requisitos como la prohibición de recibir otros ingresos, el veto del gobernador pareció más una estrategia para cerrar la ruta jurídica que tomarían los consejeros al dejarlos sin ingreso, que una auténtica reivindicación a sus derechos y una acción para evitar el debilitamiento del SEA.
Si bien, a cuatro años de su existencia el CPS y las seis dependencias públicas que integran el SEA (Fiscalía Anticorrupción, Contraloría Estatal, el Instituto de Transparencia, la Auditoría Superior del Estado, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal de Justicia Administrativa) están ciertamente lejos de dar los resultados que se esperaban en cuanto a castigar corruptelas y abatir los intocados niveles de impunidad, los correctivos deben venir del propio sistema y de las organizaciones de la sociedad civil y no de las autoridades a las que fiscaliza.
Es de sobra sabido cómo incomoda a nuestra clase política y gubernamental cualquier intento serio de escrutinio que les pueda poner en riesgo de ser descubiertos por el manejo patrimonialista y desaseado con el que muchas autoridades siguen manejando los asuntos y el dinero de todos los contribuyentes.
Por eso, lo ideal sería que ahora que el gobernador paró la mal llamada Reforma Anticorrupción 2.0, y en el Congreso local se reabra el debate de nuestro modelo anticorrupción, no sólo se discutan y se ajusten las observaciones hechas al tema de los sueldos para las y los consejeros del CPS, sino que se revisen los términos en los que se aprobaron los asuntos de fondo de la reforma y que quedaron muy distantes a lo que organizaciones académicas, empresariales y sociales diseñaron junto con diputados y diputadas en un prometido proceso de parlamento abierto que fue burlado.
Del dictamen original de fines del 2019, se eliminaron temas claves como el modelo abierto de adquisiciones y contrataciones gubernamentales, la Ley de Designaciones, y el fortalecimiento de los Órganos Internos de Control entre otras cosas.
Veremos, pues, en los hechos, y no sólo en el discurso, si hay o no voluntad política para de verdad tener en Jalisco un SEA no intervenido ni infiltrado por el poder que quiere perpetuar privilegios y canonjías.