Omisiones y negligencias agravan desapariciones
La crisis por desaparición de personas en Jalisco se asocia habitualmente a la violencia organizada y al narcotráfico. Con frecuencia se asocian las desapariciones a hechos de violencia entre cárteles del crimen organizado que se disputan un territorio, pero poco se relaciona esta crisis por las graves omisiones y negligencias que cometen las propias autoridades encargadas de buscar, como corresponsables de esta crisis.
La reciente recomendación, la 013/2025 que la Comisión Estatal de Derechos Humanos acaba de emitir, pone el acento en las graves fallas y negligencias que cometen autoridades competentes en materia de búsqueda o identificación de personas desaparecidas. Se trata de una macro-recomendación porque aglutina 50 quejas relacionadas con la desaparición de 52 personas, de las cuales, 11 se localizaron lamentablemente sin vida.
Justo uno de los casos de una persona reportada como desaparecida y luego encontrada sin vida ilustra las graves irregularidades y negligencias de las autoridades, que no hicieron sino alargar el dolor y la angustia de una familia que buscaba a un hombre de 28 años reportado como desaparecido desde el 15 de septiembre de 2015, en Tlajomulco de Zúñiga. Su familia lo reportó como desaparecido tres días después, el 18 de septiembre. Sin que la familia fuera notificada, el cuerpo de este hombre ingresó al Servicio Médico Forense el 21 de octubre de 2015, es decir, 36 días después de reportarse como desaparecido.
Según el análisis de la CEDHJ, existió un dictamen de genética elaborado el 27 de mayo de 2016 y sin embargo se emitió dictamen de identificación humana hasta el 21 de diciembre de 2023, es decir ocho años y dos meses después de que el cuerpo ingresó al IJCF. Pasaron dos mil 980 días en que la angustia y el dolor de la familia se extendió de manera innecesaria debido a las negligencia y burocratismo del Ministerio Público de la Fiscalía de Justicia y de personas del IJCF.
Esta es la relación de anomalías e irregularidades que se cometieron: No se elaboró el plan de investigación; no se informaron a las víctimas sobre el avance ni actuaciones, tampoco en qué consiste el procedimiento de búsqueda ni sus derechos; no se solicitó la sábana de llamadas; no se solicitó el acceso a cuentas de correo electrónico o de redes sociales de la persona desaparecida; no se realizó la búsqueda en base de datos de las huellas dactilares de la persona desaparecida, con el AFIS u otros sistemas; no hubo respuesta ni atención a las peticiones de las víctimas; no hubo entrega de copias de la Carpeta de Investigación; no se solicitó información del celular de la persona desaparecida ni de la geolocalización; no se realizaron las acciones ministeriales en tiempo y forma.
En tanto, las actuaciones y omisiones de los servidores públicos del IJCF son las siguientes: no se atendieron en tiempo y forma las solicitudes del Agente del Ministerio Público, no se advierte si se realizó la entrega del cuerpo; no se informó a la víctima sobre las actuaciones o diligencias pendientes; y “se advierte que el cuerpo de la persona desaparecida ingresó a las instalaciones del IJCF el 21 de octubre de 2015 y se emitió dictamen de identificación humana el 21 de diciembre de 2023, es decir, existió una tardanza de más de siete años para la identificación”.
En su recomendación del pasado 30 de mayo, la CEDHJ advierte el “señalamiento constante de una actuación tardía, deficiente y omisa por parte de las autoridades ministeriales, policiales y periciales en la investigación, búsqueda y localización de las personas desaparecidas, así como la poca coordinación entre las mismas”, y el “señalamiento de la actuación deficiente y omisiones por parte del personal del IJCF”, así como “el señalamiento de la actuación deficiente, omisiones y dilación por parte del personal de la Comisión Estatal de Búsqueda”.
Todas estas deficiencias se han repetido en otras recomendaciones que la CEDHJ ha emitido sobre desapariciones en años anteriores, lo que confirma que estas deficiencias y omisiones no han sido corregidas por las autoridades en turno. Existe una grave crisis por desaparición de personas que el ex gobernador Enrique Alfaro se negó a reconocer, pero existen todavía malas prácticas, negligencias y omisiones de parte de las actuales autoridades. Si de verdad quiere enfrentar la crisis por desaparición de personas como lo dice en el discurso, el gobernador Pablo Lemus Navarro tiene que corregir estas graves negligencias. Es inadmisible que una familia no pudiera, por ocho años, dar digna sepultura a su familiar por negligencias y falta de coordinación entre ministerios públicos y peritos forenses. Nunca más un caso como este y búsqueda en vida de todas las personas desaparecidas.