Muerte y negligencia en Teuchitlán
Lo visto en Teuchitlán, en los dos últimos centros de adiestramiento criminal forzado que se han localizado en los últimos cinco meses, explica la degradación humana y el inmenso drama de las desapariciones en Jalisco y en el País.
También la creciente deshumanización y saña criminal que ha sido factor, junto con las negligencias gubernamentales, para tener el colapso forense que padecemos en la Entidad.
Primero está el caso del rancho Izaguirre, hoy noticia internacional, ubicado en una despoblada zona de la comunidad La Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán, que en septiembre fue encontrado por elementos de la Guardia Nacional, en el que rescataron a dos hombres privados de la libertad y detuvieron a diez hombres que los tenían en cautiverio. De amplia extensión, pero todo bardeado, la finca quedó asegurada por la Fiscalía estatal, y aunque desde el primer momento se sospechó que podría haber ahí fosas clandestinas por las decenas de prendas que estaban regadas en los cuartos y en el predio, el reporte oficial fue que nada se encontró.
Lo que no quiso encontrar la Fiscalía estatal en la pasada administración, lo descubrió el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco la semana pasada, cuando al escarbar hallaron crematorios clandestinos, montones de ropa y cientos de pares de calzado y casquillos de bala, por lo que estimaron que, en el peor de los escenarios, pudieron haber asesinado y calcinado ahí al menos a ¡200 víctimas!
El hallazgo de este infierno, que habla de la impunidad con la que se mueven y operan los grupos de la delincuencia organizada, ayudará muy poco a aliviar la incertidumbre y el dolor de los familiares que no saben del paradero de algún ser querido, ya que los fragmentos óseos son los más difíciles de identificar, y más aún si están calcinados. Apenas el siete por ciento de los casi mil 500 restos óseos que están en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ha sido identificado.
A fines de enero pasado, en el mismo municipio de Teuchitlán, cerca de la Presa de La Vega, se encontró otro centro de adiestramiento criminal que evidenció el carácter itinerante del reclutamiento forzado y de cómo, a muchos de los que son privados de su libertad, los someten en sitios alejados a sus estados de origen. Ahí se encontró a 36 hombres y 2 mujeres; solo siete de ellos eran originarios de Jalisco, el resto provenían del Estado de México, de la CDMX, Tabasco, Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Chiapas, Zacatecas, Guerrero, Oaxaca y Puebla.
Todos fueron liberados, excepto uno que quedó detenido por la portación ilegal de un arma. Las autoridades señalaron que se les liberó por ser víctimas y haber sido privados de su libertad por medio de falsas ofertas de trabajo, y que muchos de ellos habían sido citados en las centrales camioneras de Tlaquepaque y Zapopan.
Ahora que el nuevo Gobierno de Pablo Lemus quiere corregir las omisiones que hubo en el rancho Izaguirre, bien harían en regresar también a este último predio para cerciorarse de que no se trate también de otro centro criminal de exterminio.