Guerra antihuachicol, mes uno
Al menos tres grandes conclusiones podemos sacar de lo ocurrido en el primer mes de la guerra sin precedente que declaró el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador contra el robo de combustible, que se había enquistado en el país, que generaba 60 mil millones de pesos de ganancias ilícitas y que se había convertido en un asunto de seguridad nacional.
1) El respaldo mayoritario de la población a la guerra antihuachicol, incluso superior al que obtuvo en la elección del 1 de julio, que mantiene AMLO, pese a todas las molestias ciudadanas que causó el desabasto de gasolinas. El tomar como bandera de arranque de Gobierno el combate del robo en altamar, en refinerías, y en los ductos de Pemex, que fue solapado por años, consolidó su discurso anticorrupción y alineó así su gestión a su principal promesa de Gobierno.
Esta popularidad se puede fortalecer o debilitar en la medida de que se llegue y se castigue o no, a los corruptos de cuello blanco de la política y de Pemex, que según el propio López Obrador, operan el 80% del saqueo a la petrolera, así como a las redes de corrupción de políticos, funcionarios de petróleos, gasolineros, empresarios, mandos y policías federales, estatales y municipales, y narco-ordeñadores, que hicieron de los ductos todo un sistema de riego con más de 14 mil tomas clandestinas sólo en el 2018. El desafío sigue y prueba de ello es que sólo en enero se han detectado mil 600 perforaciones ilegales.
2) Es claro que la guerra antihuachicol no vino acompañada de una estrategia de distribución de energéticos, para evitar la crisis de desabasto que vendría con el indispensable cierre de los ductos, y que generó millonarias pérdidas económicas y el calvario de millones de automovilistas que como nunca antes tuvieron que hacer filas de hasta cuatro horas para surtirse de combustible. Las cinco mil pipas (mil 600 de Pemex, y tres mil 400 contratadas para la emergencia) fueron insuficientes para surtir las gasolineras de Pemex y de las empresas privadas, que siguen comprando un 90% de las gasolinas que venden a la petrolera mexicana, y
3) La tragedia de Tlahuelilpan mostró con exceso de crueldad el grado de penetración social que tienen las bandas de narco-huachicoleros, en muchas de las comunidades que existen a los márgenes de los ductos petroleros, sobre todo en las más marginadas, donde han hecho de esta ilegal actividad su modus vivendi, y también se han convertido en carne de cañón, en la férrea lucha que darán para mantener este multimillonario negocio, los que por años se enriquecieron de él. Para desactivar esta complicidad social y evitar otro siniestro mortal así, el Gobierno federal deberá hacer mucho más que repartir apoyos en efectivo, como por ejemplo, revisar los protocolos de seguridad para enfrentar eventuales casos de rapiña colectiva como el ocurrido en Hidalgo.
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