Golpe a mercados de agua

En varias zonas del mundo -las más avanzadas en términos urbanos- se suele pensar que el acceso general al agua potable es un gran logro de la humanidad. Esto sin duda es cierto. Pero pensemos en esta cifra: alrededor de 2 mil 200 millones de personas en el planeta carecen de acceso a servicios de agua potable.

Es decir, poco más de una de cada cuatro personas se encuentran en esta condición. Este es un problema global que debe ser resuelto. Es fundamental que se haga más eficiente el uso de agua para el sector agrícola, pues de ahí depende la seguridad alimentaria de la población.

Si nos referimos a la situación mexicana, existe una propuesta de una nueva Ley de General de Agua (LGA) que está impulsando el Ejecutivo y cuyo contenido es muy preocupante.

De acuerdo con el Gobierno, lo que se busca es el uso sustentable del agua y una mejor gestión en la materia. Un análisis de la propuesta revela, sin embargo, que hay varios riesgos en la aplicación de esta Ley para los productores agropecuarios.

Existe la posibilidad de una pérdida de valor patrimonial dado que se plantea eliminar la posibilidad de trasmitir concesiones de manera privada, lo que puede afectar el valor de los predios y pozos. De la misma manera, un comprador no adquiriría -después de la operación de compraventa- el título de concesión, sino que para obtenerlo deberá solicitar una reasignación ante la autoridad. Esto producirá más incertidumbre y le da potestad al Gobierno en un área en el que no debería participar.

Lo mismo ocurriría en el caso del fallecimiento del titular de un recurso hídrico. Si la LGA entra en operación, los herederos no podrán obtener el derecho a gestionar el agua, sin antes no haber tramitado un nuevo título ante la autoridad. Es claro que la Ley propuesta no le da prioridad al riego agrícola, por lo que este podría sufrir reducciones obligatorias y prolongadas sin compensación.

No es un mal menor que también se pretendan establecer mayores cargas administrativas, como mediciones obligatorias, reportes anuales y padrones actualizados, el incumplimiento de los cuales podría entrañar sanciones severas. El hecho de que se establezcan nuevos delitos hídricos hace pensar que la naturaleza de la reforma es punitiva y no conciliatoria.

Por si esto no bastara, la intervención del Estado y el carácter subsidiario de esta ley muy bien podrían desalentar la eficiencia y tecnificación de los procesos.

En suma, la propuesta es una tentativa por desaparecer los mercados de derechos que ahora tendría que ser sujetos a la intervención de autoridades que no necesariamente entienden el comportamiento de ellos. Los propietarios de recursos hídricos deberán someterse a la decisión discrecional de las autoridades y a mayores castigos. Si esto sería preocupante incluso tratándose de Gobiernos eficientes y no corruptos, lo es más aún cuando quien lo propone es un Gobierno más bien inepto y con extraordinarias acusaciones de corrupción.

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