Fiscalía bajo lupa
Aunque las acciones de confinamiento social seguramente influyeron, y más allá de la aún alta percepción ciudadana de la inseguridad, es por donde se le vea una buena noticia el hecho de que en Jalisco hayan disminuido los hechos delictivos en los primeros cinco meses del 2020 un 24.7 por ciento, mientras que a nivel nacional apenas se disminuyeron un 12 por ciento.
Este buen momento de las corporaciones de seguridad, que para Enrique Alfaro es señal inequívoca de que la estrategia de seguridad de su gobierno está funcionando, contrasta con la delicada situación por la que atraviesa la Fiscalía General del Estado.
Al cumplirse hoy tres semanas de las decenas de desapariciones forzadas que cometieron mandos y agentes de la Policía Investigadora para evitar una manifestación a las afueras de su sede oficial contra la brutalidad policial por el caso Giovanni López, la Fiscalía que dirige Gerardo Octavio Solís Gómez está más dividida que nunca.
Al interior de la dependencia siguen las inconformidades por la detención del comandante Salvador Perea, quien antes de los hechos tenía apenas 30 días que había sido nombrado director operativo de la Policía Investigadora (J3) y gozaba de una buena reputación policial por su paso como responsable del grupo antisecuestros los últimos seis años, y de Raúl Mireles, policía investigador B. A ellos se culpó de haber orquestado el operativo para estas detenciones ilegales a espaldas de sus superiores. Su situación se agravó por las insinuaciones del propio gobernador en el sentido de que esas desapariciones forzadas pudieron haber sido ordenadas por grupos de la delincuencia organizada para repetir en Jalisco un caso como las desapariciones de estudiantes en Ayotzinapa.
La inquietud en los pasillos y oficinas de la Fiscalía creció esta semana con la separación de 14 policías investigadores de sus cargos para también ser investigados por su presunta participación en las desapariciones forzadas y agresiones del pasado viernes 5 de junio.
La idea generalizada de los afectados es que siempre atendieron las órdenes de sus mandos y que ahora sólo están siendo los chivos expiatorios para resolver y apagar la crisis política que generó este caso.
Si bien la Fiscalía Anticorrupción informó que ya tiene cuatro carpetas de investigación por los abusos de los agentes de la Fiscalía y por la muerte de Giovanni López, lo que no queda claro es si participó o no en la investigación interna que determinó la separación de estos agentes.
Lo mismo habrá que preguntar a la Fiscalía General de la República que atrajo el caso, y que esta semana recibió a dirigentes estudiantiles que acompañaron a jóvenes que fueron víctimas de las desapariciones forzadas del 5 de junio, y que exigieron agilizar las investigaciones por parte de esta dependencia federal.
Así las cosas a tres semanas de que la Fiscalía estatal está bajo la lupa por sus tropelías.
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