El Presidente inhibe el derecho ciudadano de revocación de mandato

La discusión respecto al derecho que la sociedad tiene de revocar el mandato que le fue conferido a sus gobernantes, es un debate viejo y a la vez, una conquista de la sociedad civil que demandaba una adecuada rendición de cuentas y el fortalecimiento de la democracia participativa. 

Jalisco fue pionero a nivel nacional en la aprobación de leyes y mecanismos de participación ciudadana. La lucha de una sociedad civil naciente y pujante en México, y nuestra entidad, que comenzaba con los frutos de la transición democrática, donde los votos comenzaban a contar, fue clave para la consecución de este tipo de herramientas democráticas.
 
Aunque el debate a nivel federal se esté dando desde 2019 y, en especial este año en el Senado por la discusión de su reglamentación, en Sinaloa, por ejemplo, la revocación de mandato tiene más de 20 años que puede ser aplicada. Se encuentra vigente también en los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Q. Roo, Sonora, Tabasco, Yucatán y por supuesto Jalisco, sin embargo, nunca se ha materializado en México.
 
De acuerdo con la Carta Democrática Interamericana, promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia, posibilita y refleja la soberanía del pueblo. En lo que respecta a la revocación de mandato, considero que este puede atender una expresión de la voluntad de las y los electores, atender un propósito útil referente a la permanencia en un cargo que le fue conferido a una persona y satisfacer el interés público de elegir y remover en todo momento a sus gobernantes por medio de una figura que respeta la dignidad, la paz y la legalidad.
 
El debate que se está dando en los últimos días pues, no es algo nuevo, no proviene sólo de Morena, el presidente y la federación, sino más bien se ha ido construyendo desde lo local, y es una demanda legítima de la ciudadanía. Por estas razones, es importante no crear un falso debate y materializar esta figura democrática con la mayor responsabilidad posible.
 
El falso debate recae en la pregunta y en el propósito útil, como ya se hizo con la Consulta Popular, en la cual se demostró que el interés del presidente y sus aliados no era recabar la opinión de la ciudadanía, sino medir su popularidad, una especie de focus group con costos millonarios para saber dónde apretar e invertir de cara a las siguientes elecciones presidenciales.
 
La discusión no es cosa menor, el presidente quiere convertir una figura de revocación a una de legitimación o ratificación, como si esta legitimación no se hubiera dado ya, por medio del ejercicio del voto en la elección presidencial, por ello, muchos pensamos que, si se aplica de esta forma, sería un gasto inútil, pues no surgiría del interés del pueblo sino del gobernante, que en este caso lo que quiere es promover a su persona y su partido.
 
La mayor responsabilidad implica que la figura no sea cooptada por ningún grupo o poder económico que quiera influir en el proceso ciudadano. Por ello, uno de los principales debates en el Senado se encuentra en la propuesta del Senador Monreal respecto a incluir la posibilidad de contratar publicidad “sobre el proceso de revocación de mandato en radio y televisión”, cuando una de las demandas ciudadanas es que la publicidad de los procesos electorales solo se de por medio de los tiempos del Estado administrados por el Instituto Nacional Electoral. 

De permitirse lo anterior, volveremos a ver publicidad engañosa como la que ocurrió en la Consulta Popular respecto a que esta se hacía para enjuiciar a ex presidentes, pero esta vez estará permitida por la Ley.