Devastación inmobiliaria
La decisión de una magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para ordenar al gobierno de Zapopan autorizar un mega-fraccionamiento de 17 mil casas en Valle de los Molinos, al Norte del municipio, ha desatado una encendida polémica y desnudado de modo muy claro cómo funcionan los negocios inmobiliarios y quienes toman las últimas decisiones en cuanto al crecimiento urbano en Guadalajara.
Primero, los sujetos. La magistrada en cuestión es Paloma Romana Magallanes de la Rosa, presidenta de la Sexta Sala del TJA, y la empresa beneficiaria es Casas Javer, empresa inmobiliaria que hacia 2011 construyó el mega-fraccionamiento Valle de los Molinos con cerca de 40 mil casas donde ahora radican unos 100 mil habitantes.
La decisión de autorizar Valle de los Molinos en una zona, en ese entonces, agrícola y sin servicios, condenó a miles de familias a convertir su sueño de tener una casa propia en una pesadilla de viviendas con servicios públicos insuficientes (agua, educación, comercios) y una vialidad que es una carretera estatal secundaria (Guadalajara-Colotlán) que ahora está saturada y que obliga los habitantes a hacer largos trayectos y gastar varias horas de todos sus días solamente para salir y regresar.
La pésima decisión de la magistrada Paloma Romana Magallanes de autorizar la ampliación de Valle de los Molinos en un terreno aledaño de 100 hectáreas está condenado a convertirse en un desastre urbano y una devastación ambiental.
De llevarse a cabo implicaría la llegada de cerca de 68 mil nuevos habitantes lo que por sí solo dicho mega-fraccionamiento ocuparía el catorceavo lugar en población, comparado con los municipios de Jalisco, y tendría una población semejante a la de Tala que ahora tiene 69 mil habitantes.
No sólo eso, la zona donde la magistrada autorizó a la empresa constructora Casas Javer está en una Área de Conservación Ecológica fuera del polígono de crecimiento urbano permitido y forma parte de la zona de influencia del bosque El Nixticuil, según explicó el propio ayuntamiento de Zapopan a la magistrada durante los alegatos de más de diez años que duró el litigio entre Casas Javer y el Gobierno de Zapopan, municipio donde la constructora está vetada justo por los problemas urbanos y ambientales que ya creó con la construcción de Valle de los Molinos hace trece años.
Es tan demencial autorizar la ampliación de Valle de los Molinos con otras 17 mil viviendas que hasta el gobernador Pablo Lemus Navarro la cuestionó. “Es una locura, es un crimen al medio ambiente, al desarrollo urbano, no lo vamos a permitir”, dijo el pasado martes. El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, también se opone a conceder la autorización para la ampliación de Valle de los Molinos argumentando justamente que esa zona ya padece por servicios públicos insuficientes y vialidades saturadas.
Los vecinos actuales de Valle de los Molinos y fraccionamientos aledaños como Lomas de Monticello, La Vinatera, Nuevo México y Mirador del Bosque también se oponen a que se autorice construir 17 mil nuevas viviendas.
Doña Graciela García, dijo: “Yo tengo 12 años viviendo en Valle de los Molinos, la verdad estamos muy inconformes con esta decisión de la jueza de construir 17 mil casas más. La verdad no tenemos la infraestructura para recibir tantísima gente. Tenemos dos secundarias, tres primarias y tres kinders y no nos damos abasto. Yo pienso que, si llegará a venir esa gente, no se dónde la vamos a meter”.
El martes pasado, vecinos de estos fraccionamientos de Zapopan Norte acudieron al Congreso del Estado y comprometieron a la diputada local de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas a acompañarlos en el proceso de un amparo colectivo para exigir que se lleve a cabo la decisión de la magistrada. Lo mismo exigió el gobernador Pablo Lemus e incluso amenazó con demandar a la magistrada ante Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Proepa y Profepa, en caso de el TJA no de marcha atrás para construir estas 17 mil viviendas.
Esperemos que Lemus y Frangie cumplan con las palabras y promesas que están haciendo en este momento y no ocurra lo que pasó con su “defensa” de El Bajío con la autorización para habitar la Villa Panamericana. Y ojalá que este debate ponga por fin un alto a este contubernio que las empresas constructoras mantienen con los magistrados del Tribunal Administrativo y que les permite construir donde les da su gana, en contra del interés público, los bienes comunes y la vida digna de las personas. Basta de la devastación inmobiliaria.