Desaparecidos: burocracia lenta e indolente
Aunque en este momento la contingencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19 se presente como la principal urgencia del país, el flagelo de la guerra y la violencia organizada sigue siendo el principal problema social y político que enfrenta la sociedad mexicana. No puede ser de otra manera en una nación que en 12 años ha acumulado casi 300 mil asesinatos violentos y más de 73 mil desapariciones.
En medio de un régimen de terror que se impone en los territorios donde ocurren estas violencias, con mucho esfuerzo y valentía las familias que enfrentan el dolor de tener un desaparecido se han ido organizando desde hace años para buscar a sus ausentes y exigir justicia y respuestas del Estado.
Éstas han llegado demasiado tarde y distan mucho de ser las que necesitan las familias organizadas y la sociedad mexicana para poner fin a este doloroso flagelo de las desapariciones forzadas y las que cometen los particulares.
Gracias a sus luchas y movilizaciones, las familias y organizaciones de desaparecidos obligaron a los poderes públicos a crear en noviembre de 2017 la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, así como a crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Un componente clave en este sistema es la conformación de la comisión nacional y las comisiones estatales de búsqueda. A la fecha se han creado la mayoría de las comisiones en los estados, sin embargo, su eficacia y funcionamiento articulado en un sistema nacional deja mucho qué desear, según un balance elaborado por el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, y presentado el miércoles 9 de septiembre en la Ciudad de México. El balance fue elaborado a partir de las respuestas ofrecidas por 25 comisiones estatales y la comisión nacional.
Entre los principales hallazgos en este reporte están que apenas siete entidades cuentan con un Consejo Ciudadano. En el balance se establece que más de la mitad de las comisiones locales reportó que una parte importante de sus recursos proviene de transferencias de la Federación sin aportaciones estatales relevantes.
A esto se añade que la mayoría de estas unidades su personal tiene contratos temporales y que apenas nueve comisiones reportaron tener los recursos materiales suficientes para su funcionamiento. En cuanto a equipamiento técnico, la comisiones reportaron contar con: vehículos (57.69 por ciento), cámaras profesionales (42.30 por ciento), equipos GPS (23.07 por ciento) y drones (23.07 por ciento).
Además del entramado jurídico de creación de las comisiones estatales y de los recursos humanos y materiales, 81 por ciento de las comisiones estableció las áreas de análisis de contexto, gestión y procesamiento de información y grupos de búsqueda, pero sólo 38 por ciento contó con personal para las tres unidades.
Hay una marcada carencia de las comisiones estatales a mantener al margen a las familias: sólo siete comisiones reportaron un proceso adecuado de participación con ellas y colectivos en la creación de leyes y otra normatividad.
En cuanto a su función sustancial, buscar a los desaparecidos, sólo cinco comisiones reportaron un proceso adecuado de participación en planes de búsqueda y únicamente una comisión reportó haber incluido a familiares y colectivos en la creación del presupuesto.
El diagnóstico incluyó un semáforo de calificación de cada comisión en la que se reportan 10 con un avance alto el funcionamiento; 12 estados tienen comisiones con avance medio (aquí se incluye Jalisco con un puntaje de 44.12 sobre 100) y tres comisiones tienen un avance bajo en su integración.
Este diagnóstico llevó al Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda a considerar que pareciera que la burocracia “está poniendo sus esfuerzos y recursos en asegurar su permanencia institucional”, más que en el objetivo principal de buscar a los desaparecidos. En suma, el trabajo de creación de un sistema nacional de búsqueda efectivo es demasiado lento para las necesidades de miles de familias que buscan a uno de los suyos. Y a esto se añade la indolencia con las que muchos funcionarios valoran el grave problema de la desaparición de personas en México.