De Ixtlahuacán a Ayotzinapa
Muchas cosas se movieron en Jalisco de la tarde del jueves en que se realizó una genuina manifestación para protestar por la brutalidad de la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos que asesinó a Giovanni López y que degeneró en inadmisibles ataques a la policía y actos vandálicos como la quema de patrullas y daños al Palacio de Gobierno, hasta lo ocurrido con las jornadas de protestas consecutivas registradas todo el fin de semana.
Lo que habrá que decir de entrada es que el gobierno estatal pudo haber hecho mucho más para resguardar de los destrozos la sede del Poder Ejecutivo si hubiera desplegado labores de inteligencia más oportunos para detectar a los que infiltraron la marcha, y que como aseguran, llevaban como objetivo la desestabilización política del estado. No hubo, por ejemplo, como en otras marchas menos hostiles, la colocación de vallas en torno al Palacio de Gobierno.
Lo que también escaló fue la tensión política entre el gobierno alfarista y el gobierno de la 4T, con lo que quedó cancelada una eventual colaboración para hacer justicia pronta e ir cerrando y resolviendo los agravios de las víctimas y los quejosos. Lejos de eso, además del caso Giovanni, del jueves a hoy se abrieron muchos más frentes de conflicto.
Lo primero que habrá que ver es en qué termina esta nueva confrontación entre el gobernador y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al que el mandatario estatal señaló inicialmente como responsable junto con su partido Morena de lo ocurrido, en un mensaje en redes la noche del jueves.
El viernes temprano el Presidente le reprochó haberlo involucrado y le pidió pruebas de sus dichos.
Cuando el gobernador quiso atenuar lo dicho al reconocerle que era un hombre de bien, AMLO le reviró no retractarse. Todavía el fin de semana, Alfaro dijo que la presencia en las marchas de operadores de Morena como el rijoso Jesús Torres, y de Candelaria Ochoa, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la SEGOB, demostraban el interés de esos grupos de afectar a Jalisco.
Pero lo más grave ocurrió la tarde noche del viernes que en torno al edificio de la Fiscalía General del Estado, donde habría una nueva manifestación, se dieron decenas de detenciones ilegales, con agresiones físicas incluidas, de jóvenes, mujeres y hombres, que fueron llevados a las “jaulas” de la Base 14, y tras horas de intimidación, fueron liberados en vehículos sin distintivos oficiales y hasta disfrazados de empresas de panadería, en distintos puntos de la periferia de la ciudad.
Fue el día que el Gobernador recibió en Tequila a los gobernadores con los que lleva una agenda conjunta de reactivación por el COVID-19. La presión por las denuncias de las detenciones ilegales que circulaban crecientemente en redes, creció hasta que el gobernador decidió levantar los cargos y liberar a los detenidos el jueves, incluidos los infiltrados que no eran de Jalisco, y ordenó el arresto del comandante Salvador Perea y Raúl Mireles, agentes de la Fiscalía a los que se culpó de esas detenciones irregulares y de actuar a espaldas del Fiscal, Gerardo Octavio Solís Gómez.
El gobernador afirmó tras las detenciones de estos agentes, por las que se detonaron otras protestas de sus familiares acusando privación ilegal de su libertad, que tras las manifestaciones y las detenciones ilegales puede estar la delincuencia organizada, que incluso hayan pretendido construir un nuevo caso Ayotzinapa en Jalisco, desapareciendo y dando muerte a los jóvenes detenidos.
Por eso habrá que estar muy atentos a las investigaciones, que ya no sólo deberán aclarar la brutalidad policial en Ixtlahuacán, sino deslindar responsabilidades para acreditar lo de Ayotzinapa, y poner a cada quién en su lugar.
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