Altos sueldos de los funcionarios públicos
La discusión sobre los sueldos de los altos funcionarios públicos viene desde hace tiempo y cada año se repite en tiempos de aprobación del presupuesto. El reportero así gana la atención y el lector “gana” más indignación. Es un tema muy pegajoso. Pero siempre ocurre lo mismo. Todo mundo enojado un rato y hasta ahí. Ahora la propuesta del nuevo régimen para disminuir su sueldo a los empleados de confianza ha despertado de nuevo dicha discusión.
En primer lugar habrá de reconocerse: muchos funcionarios públicos de confianza ganan más de la cuenta. Y luego, muchos también parece por lo menos en principio, ganar más de la cuenta cuando no es así. Además no se trata de una problemática sencilla. No sirve para nada disminuir salarios de forma generalizada. Ni colocar límites inservibles e inocuos, como aquel promovido en la Constitución de forma muy equivocada por el ex presidente Calderón, donde nadie podría ganar más de lo del Presidente, abriendo además un debate constitucional sobre si aplica o no al Poder Judicial de la Federación. Hoy, el próximo Presidente pretende bajarse el sueldo a la mitad y con ello reducir los salarios de la llamada alta burocracia. De nuevo, una solución inservible.
En 2003 el CIDE publicó un trabajo de Laura Carrillo y Juan Pablo Guerrero sobre los salarios de los altos funcionarios de México (https://goo.gl/nGcQhM). Ahí se explican algunas hipótesis sobre las razones de ser tan altos, no solo en comparación con países en vía de desarrollo, sino desarrollados. El estudio aborda algunas posibles razones, pero considera a ninguna de ellas por sí misma como concluyente, lo cual no les quita toda su importancia; serían causas secundarias. Ellas son la política de combate a la corrupción, la competencia con el sector privado por recursos humanos altamente capacitados, el alto costo de la vida en la Ciudad de México, la concentración de trabajo y responsabilidad en pocos mandos del Gobierno.
Pero hay tres hipótesis a su parecer sí comprobables y concluyentes. La incertidumbre laboral de la alta burocracia, lo cual ha obligado al Gobierno a pagar una compensación del riesgo latente de ser despedido. También la falta de mecanismos efectivos que midan el desempeño del aparato burocrático, y lo obliguen a rendir cuentas con claros indicadores para justificar los bienes y servicios recibidos a cambio de su trabajo. Y nuestra proverbial desigualdad en el ingreso.
La tercera hipótesis (desigualdad) solo se podrá disminuir a largo plazo y con políticas económicas razonables. Las otras dos en cambio si pueden ser modificadas por el Gobierno en turno. ¿Cómo? Con un verdadero servicio profesional de carrera, donde la meritocracia, la estabilidad laboral y una pensión digna sean la regla, y además tenga la capacidad actuarial para hacer las comparaciones y cálculos pertinentes para averiguar cuánto debe de ganar cada funcionario público.
En lugar de hacer corajes anualmente, ¿porque no hacer un verdadero esfuerzo destinado para todos los burócratas del todo el el país, desde el empleado del ayuntamiento hasta un director general de Hacienda? Y crear un nuevo servicio civil de carrera con las características antes anotadas, en lugar de la actual ley que nadie pela. Podría llevar algunos pocos años, pero se compondría finalmente ese gran problema.
Pero no pasará. Ésto es demasiado sofisticado para el nuevo régimen.
sergio@aguirre-consultores.com.mx / @seraguirre)