- Queda un consuelo
Se ha dicho que entre la informalidad laboral y la delincuencia sólo hay un paso. Se tiene una idea aproximada del porcentaje de la población de México “en edad productiva” que tiene un empleo formal: 37%; (20.5 millones de personas, en números redondos). Hay fuentes confiables para ello: el INEGI, los registros del IMSS… No se dispone, en cambio, de cifras confiables acerca del porcentaje de la población que, por falta de oportunidades para acceder a un salario remunerador, que le permita solventar decorosamente las necesidades básicas, apela, en efecto, al último recurso para la sobrevivencia: el delito en cualquiera de sus múltiples variantes…
-II-
Ahora bien: aunque no se dispone de tales datos, la experiencia de los cientos o miles de ciudadanos que diariamente son víctimas de los pomposamente denominados “delitos de carácter patrimonial” (viles robos, para decirlo sin eufemismos), apoya la percepción de que el número de personas que por necesidad se vuelven delincuentes, crece día con día. Y, en consecuencia, incrementa la convicción de que, a despecho de los buenos deseos de las autoridades, la solución a los problemas relacionados con la inseguridad está más lejana de lo que ofrece el discurso oficial.
Hay, ciertamente, por parte de las autoridades, esfuerzos innegables: la transformación de la Policía Federal en Guardia Nacional y la puesta en funcionamiento de decenas de cuarteles de la misma en varios estados del país (Jalisco entre ellos… y no precisamente porque sus habitantes, en esa materia, vivan en el mejor de los mundos posibles “sino más bien todo lo contrario”, como diría el pariente); incremento de la presencia de policías en motocicleta, en zonas urbanas que intempestivamente se tornan conflictivas, o a inmediaciones de los bancos en que se vuelven recurrentes los asaltos a cuentahabientes; instalación de cámaras en las unidades del transporte público…
Esfuerzos innegables -reiterémoslo-… aunque insuficientes.
-III-
Al margen del subregistro derivado de que la mayoría de las personas se abstienen de denunciar -por la pérdida de tiempo que representa, por la convicción de que la ineficacia de las autoridades hará inútil el trámite o por temor a represalias de los delincuentes-, ni disminuye la incidencia de esos delitos, ni se incrementa la eficacia de la policía para detener en flagrancia (o merced a las imágenes captadas por esas cámaras) a los ladrones.
Menos mal que al ciudadano común aún le queda el consuelo de sus ancestros cavernícolas: el Ángel de la Guarda…