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Politicus videns
La explosión de videos que muestran a políticos en situaciones comprometidas, ¿Son un vehículo de rendición de cuentas, un contrapeso a la corrupción de la clase política? ¿O son simplemente ajustes de cuentas entre políticos?
GUADALAJARA, JALISCO (28/SEP/2014).- Se cumplen 17 años de “Homo Videns”, el libro de Giovanni Sartori que significó una revolución en la forma de entender la política y su relación con la opinión pública y la televisión. Tal vez para más de uno de los lectores, decir que la televisión tiene un papel clave, y a veces nocivo, en la construcción del debate público, sea una obviedad, sin embargo en su momento generó una revolución en el debate político. De aquellas ideas de Sartori a la comunicación política de 2014, las cosas han cambiado mucho. Ahora, las redes sociales, la inmediatez y la desmediación son los signos que marcan nuestros tiempos, lo que no ha hecho sino reforzar el papel preponderante de las imágenes en la construcción del discurso político.
Así, ha tomado fuerza un fenómeno comunicativo, no nuevo pero sí más protagónico: la “video-política”. Es decir, la reproducción de videos que apuntan a acuerdos inconfesables entre hombres públicos, conflictos de intereses entre actores políticos, pasiones privadas (y no tanto) de nuestros representantes populares, actitudes de prepotencia y arrogancia en restaurantes o aeropuertos y conversaciones íntimas que se vuelven objeto del escrutinio colectivo. Nadie podrá negar que estos videos contribuyen a exhibir a poderosos en situaciones donde parte de su personalidad escondida tras las sonrisas y las buenas caras de la vida pública, se manifiesta a flor de piel. Bien utilizados, sirven de fiscalizadores y contrapeso de políticos que no honran a su profesión. Sin embargo, aunque es de reconocer que estos videos constituyen otra forma de fiscalizar al poder político en democracia, el uso de videos como “arma política” merece un debate sobre sus consecuencias y los riesgos en los que podemos incurrir ante su divulgación masiva y la fuerza que tienen para marcar agenda. Un video puede valer más de mil explicaciones en política, pero su credibilidad y su legitimidad como instrumento del debate público depende de que no sólo veamos sus aspectos positivos, sino también sus caras negativas.
Tribunal inapelable
En primer lugar, los videos y su divulgación sin matices, abonan a la construcción de una sociedad hambrienta de juicio, en donde el debido proceso se convierte en un formalismo sin importancia. Las democracias liberales, que tienen en el estado de derecho uno de sus pilares, se basan en que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, entre lo qué dice la ley y el procesamiento de los escándalos por la sociedad y la prensa, se hacen juicios sociales paralelos a los tribunales institucionales. La sociedad se convierte en un tribunal ejecutor de juicios sumarísimos en donde el inculpado no tiene ni el derecho a la defensa. Se levanta el pulgar o se baja el pulgar, todo basado en un vídeo de unos cuantos segundos o a lo sumo de un par de minutos. Sin contexto, deliberación o explicaciones, la sanción en la opinión pública es inapelable.
El caso Florence Cassez es un buen ejemplo. La ciudadana francesa fue presa de un “montaje” televisivo que la señalaba como autora directa de una serie de secuestros y crímenes que se mostraban en la pantalla con toda la parafernalia de un “reality show”. En cuestión de segundos, el pueblo mexicano había emitido su veredicto: Cassez es una criminal. Sin grises, matices o alguna duda razonable, la televisión mexicana logró su objetivo de mostrar a Cassez como una criminal despiadada, un eslabón dentro de una cadena de estafadores y delincuentes que merecía todo el peso de la ley. Tras eso, se hicieron públicos testimonios, grabaciones y narraciones de los hechos, algunos que fortalecían esa hipótesis y otros que la contradecían. Sin embargo, el veredicto era inamovible. Tan hondo caló el mensaje emitido por ese reality show que todavía días posteriores a su liberación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las encuestas señalaban una abrumadora mayoría de mexicanos convencidos fervientemente de la culpabilidad de Cassez. Lo paradójico es que el montaje en específico fue la justificación del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para presentar un proyecto de sentencia que dejaba libre a la ciudadana francesa. La primacía del show y la “vídeo-política” por encima de los imperativos jurídicos impidió la realización de un juicio imparcial, lo que provocó que nunca supiéramos sobre su culpabilidad o inocencia.
La mano invisible del corruptor
En segundo lugar, detrás de la divulgación de videos y filtraciones, se encuentran políticos o grupos de interés que buscan desestabilizar con información que le favorece a ellos y que no siempre tiene utilidad pública. En los medios de comunicación existe el eterno debate sobre si publicar filtraciones en donde nadie se hace cargo de la información más que el medio mismo se justifica o si simplemente se actúa como portavoz de intereses de grupo o políticos. La discusión sigue abierta y las definiciones varían según el medio y sus políticas editoriales. Sin embargo, en México la histórica secrecía de nuestra clase política ha provocado que buena parte del periodismo local dependa más de filtraciones que de una agenda de investigación propia. Ante esto, detrás de muchos videos que se exhiben a diario, y que muestran a políticos en acciones comprometedoras, no hay un énfasis en la importancia de la rendición de cuentas, sino un afán de revancha, una jugada para favorecer intereses políticos y electorales, o una forma de quitarse adversarios del camino. Parafraseando al economista y filósofo escocés Adam Smith: “la mano invisible del corruptor”.
El video que muestra a legisladores del PAN teniendo una fiesta privada en Puerto Vallarta, es un ejemplo rotundo de esta deriva. La filtración de estos videos y el escarnio público derivado de ella, muestra la tendencia hacia una moralización (privada) de la política en donde los valores personales del político pesan más a la hora del juicio ciudadano que su labor pública. ¿Cómo explicarnos que Luis Alberto Villarreal perdió la coordinación parlamentaria del PAN en la Cámara Baja por el escándalo de las fiestas y no por algún error en su trabajo legislativo? Nunca se demostró la utilización de recursos públicos ni tampoco que los diputados que participaron en la fiesta hayan descuidado sus actividades obligatorias. En una democracia de estado de derecho, quien acusa debe probar sus aseveraciones. Los videos y las filtraciones suelen romper esa línea entre acusado y acusador, el primero debe responder ante el juicio popular, mientras que el segundo se refugia detrás del anonimato y las fuentes de información reservadas.
Entre lo público y lo privado
Tercer lugar, el video-escándalo convierte a la política más en un espacio de intrigas, que se asemeja a una telenovela, que a un debate abierto, público y democrático. Para que los videos sean eficaces en combatir los males que muestran, tendrían que caer en manos no de periodistas, sino de las autoridades encargadas de perseguir el delito. Parte de la función sustantiva de los medios es contar una historia, aunque muchas veces detrás no existe el cuidado de no entorpecer el procesamiento jurídico paralelo. En el ámbito jurídico, la acusación debe ser solvente y explicar el vínculo entre el funcionario señalado y el hecho inmoral o delictivo. Su exhibición masiva provoca que los ciudadanos emitan su juicio basado en un punto muy concreto en el tiempo, una grabación que muestra uno o dos minutos de una puesta en escena que pudo haber durado meses y años. Se muestra al corrupto en todas sus facetas, incluso como actor principal de una novela que retrata fidedignamente el momento cumbre del acto de corrupción. Asimismo, debido a que las imágenes no son neutrales o imparciales, sino que depende de su edición, qué se muestre y en dónde se hagan los cortes, se esconde en muchas ocasiones al corruptor, a aquel que pudo haber tenido relación con el acto, pero que queda en el anonimato.
Cuarto punto, difumina esa delgada línea que divide a la vida pública de la vida privada de los políticos. Haga usted lector el ejercicio: grábese teniendo una conversación sincera e íntima con un amigo. La realidad es que hay muchas actitudes que adoptamos en lo privado que difícilmente podríamos defender en un debate público abierto y ético. La intimidad da un velo de confianza que desata las bromas, las malas palabras y las simplificaciones de la realidad. Aunque no necesariamente quien las enuncia sea un machista o un elitista sin control. Lo cierto es que es imposible equiparar las características de una conversación privada e íntima, con los imperativos, cuidados y límites que plantea el ámbito público. Así, quien graba se aprovecha de esta ventaja: un cordero listo para ser cazado.
Para no vulnerar esa línea que debe existir entre el ámbito privado y la vida pública, es fundamental que encontremos como sociedad un criterio para juzgar estos vídeos. En Estados Unidos, el patrón ha sido tender hacia la máxima publicidad de los políticos. Todo se muestra: exámenes médicos, vida familiar, esposa, amantes y amigos. La privacidad es el costo que pagan los políticos en Estados Unidos. Y aunque eso conlleva riesgos para el debate público, podemos decir que es un consenso entre amplias capas de la sociedad y de la clase política en Estados Unidos. El caso opuesto es Francia, en donde el consenso histórico ha sido respetar la privacidad de los políticos como un derecho que está por encima de las ansias fiscalizadoras de la sociedad. Hasta el último escándalo de la amante de François Hollande, la prensa en Francia respondía fielmente a este consenso de respetar la vida privada de políticos, poderosos y de cualquier ciudadano. En México, la construcción de este “consenso” social es fundamental para no hacer de la política una novela constante, en donde el morbo y el juicio sean más importantes que los verdaderos actos de corrupción y su enjuiciamiento en los espacios reservados para ello. La tendencia de los últimos años nos coloca más cerca de Estados Unidos en esta tradición que de Francia y su respeto por la intimidad de los políticos.
Los políticos deben ser juzgados por sus acciones y no por sus intenciones. La tecnología y el hecho de que cada ciudadano pueda tener acceso con su teléfono a una cámara o a una grabadora, puede ser a mediano plazo un incentivo y contrapeso para combatir la corrupción presente en las esferas políticas. También, como ha ocurrido en videos que muestran a políticos en toda su prepotencia gritando a prestadores de servicio o exigiendo privilegios por encima de cualquier mortal, sirven como desmitificadores de políticos que sonríen falsamente en el debate público, pero que en su vida privada son unos tiranos consolidados. Sin embargo, teniendo en cuenta todos los resultados positivos que pueden tener estas herramientas, es fundamental que también analicemos sus perjuicios para el debate público, para la democracia y para el sistema judicial; una nueva herramienta también implica un grado de responsabilidad en su uso. Así, los videos son una forma muy eficaz de combatir la corrupción, aunque su abuso nos puede llevar a otras complicaciones que no hemos dimensionado adecuadamente.
Así, ha tomado fuerza un fenómeno comunicativo, no nuevo pero sí más protagónico: la “video-política”. Es decir, la reproducción de videos que apuntan a acuerdos inconfesables entre hombres públicos, conflictos de intereses entre actores políticos, pasiones privadas (y no tanto) de nuestros representantes populares, actitudes de prepotencia y arrogancia en restaurantes o aeropuertos y conversaciones íntimas que se vuelven objeto del escrutinio colectivo. Nadie podrá negar que estos videos contribuyen a exhibir a poderosos en situaciones donde parte de su personalidad escondida tras las sonrisas y las buenas caras de la vida pública, se manifiesta a flor de piel. Bien utilizados, sirven de fiscalizadores y contrapeso de políticos que no honran a su profesión. Sin embargo, aunque es de reconocer que estos videos constituyen otra forma de fiscalizar al poder político en democracia, el uso de videos como “arma política” merece un debate sobre sus consecuencias y los riesgos en los que podemos incurrir ante su divulgación masiva y la fuerza que tienen para marcar agenda. Un video puede valer más de mil explicaciones en política, pero su credibilidad y su legitimidad como instrumento del debate público depende de que no sólo veamos sus aspectos positivos, sino también sus caras negativas.
Tribunal inapelable
En primer lugar, los videos y su divulgación sin matices, abonan a la construcción de una sociedad hambrienta de juicio, en donde el debido proceso se convierte en un formalismo sin importancia. Las democracias liberales, que tienen en el estado de derecho uno de sus pilares, se basan en que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, entre lo qué dice la ley y el procesamiento de los escándalos por la sociedad y la prensa, se hacen juicios sociales paralelos a los tribunales institucionales. La sociedad se convierte en un tribunal ejecutor de juicios sumarísimos en donde el inculpado no tiene ni el derecho a la defensa. Se levanta el pulgar o se baja el pulgar, todo basado en un vídeo de unos cuantos segundos o a lo sumo de un par de minutos. Sin contexto, deliberación o explicaciones, la sanción en la opinión pública es inapelable.
El caso Florence Cassez es un buen ejemplo. La ciudadana francesa fue presa de un “montaje” televisivo que la señalaba como autora directa de una serie de secuestros y crímenes que se mostraban en la pantalla con toda la parafernalia de un “reality show”. En cuestión de segundos, el pueblo mexicano había emitido su veredicto: Cassez es una criminal. Sin grises, matices o alguna duda razonable, la televisión mexicana logró su objetivo de mostrar a Cassez como una criminal despiadada, un eslabón dentro de una cadena de estafadores y delincuentes que merecía todo el peso de la ley. Tras eso, se hicieron públicos testimonios, grabaciones y narraciones de los hechos, algunos que fortalecían esa hipótesis y otros que la contradecían. Sin embargo, el veredicto era inamovible. Tan hondo caló el mensaje emitido por ese reality show que todavía días posteriores a su liberación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las encuestas señalaban una abrumadora mayoría de mexicanos convencidos fervientemente de la culpabilidad de Cassez. Lo paradójico es que el montaje en específico fue la justificación del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para presentar un proyecto de sentencia que dejaba libre a la ciudadana francesa. La primacía del show y la “vídeo-política” por encima de los imperativos jurídicos impidió la realización de un juicio imparcial, lo que provocó que nunca supiéramos sobre su culpabilidad o inocencia.
La mano invisible del corruptor
En segundo lugar, detrás de la divulgación de videos y filtraciones, se encuentran políticos o grupos de interés que buscan desestabilizar con información que le favorece a ellos y que no siempre tiene utilidad pública. En los medios de comunicación existe el eterno debate sobre si publicar filtraciones en donde nadie se hace cargo de la información más que el medio mismo se justifica o si simplemente se actúa como portavoz de intereses de grupo o políticos. La discusión sigue abierta y las definiciones varían según el medio y sus políticas editoriales. Sin embargo, en México la histórica secrecía de nuestra clase política ha provocado que buena parte del periodismo local dependa más de filtraciones que de una agenda de investigación propia. Ante esto, detrás de muchos videos que se exhiben a diario, y que muestran a políticos en acciones comprometedoras, no hay un énfasis en la importancia de la rendición de cuentas, sino un afán de revancha, una jugada para favorecer intereses políticos y electorales, o una forma de quitarse adversarios del camino. Parafraseando al economista y filósofo escocés Adam Smith: “la mano invisible del corruptor”.
El video que muestra a legisladores del PAN teniendo una fiesta privada en Puerto Vallarta, es un ejemplo rotundo de esta deriva. La filtración de estos videos y el escarnio público derivado de ella, muestra la tendencia hacia una moralización (privada) de la política en donde los valores personales del político pesan más a la hora del juicio ciudadano que su labor pública. ¿Cómo explicarnos que Luis Alberto Villarreal perdió la coordinación parlamentaria del PAN en la Cámara Baja por el escándalo de las fiestas y no por algún error en su trabajo legislativo? Nunca se demostró la utilización de recursos públicos ni tampoco que los diputados que participaron en la fiesta hayan descuidado sus actividades obligatorias. En una democracia de estado de derecho, quien acusa debe probar sus aseveraciones. Los videos y las filtraciones suelen romper esa línea entre acusado y acusador, el primero debe responder ante el juicio popular, mientras que el segundo se refugia detrás del anonimato y las fuentes de información reservadas.
Entre lo público y lo privado
Tercer lugar, el video-escándalo convierte a la política más en un espacio de intrigas, que se asemeja a una telenovela, que a un debate abierto, público y democrático. Para que los videos sean eficaces en combatir los males que muestran, tendrían que caer en manos no de periodistas, sino de las autoridades encargadas de perseguir el delito. Parte de la función sustantiva de los medios es contar una historia, aunque muchas veces detrás no existe el cuidado de no entorpecer el procesamiento jurídico paralelo. En el ámbito jurídico, la acusación debe ser solvente y explicar el vínculo entre el funcionario señalado y el hecho inmoral o delictivo. Su exhibición masiva provoca que los ciudadanos emitan su juicio basado en un punto muy concreto en el tiempo, una grabación que muestra uno o dos minutos de una puesta en escena que pudo haber durado meses y años. Se muestra al corrupto en todas sus facetas, incluso como actor principal de una novela que retrata fidedignamente el momento cumbre del acto de corrupción. Asimismo, debido a que las imágenes no son neutrales o imparciales, sino que depende de su edición, qué se muestre y en dónde se hagan los cortes, se esconde en muchas ocasiones al corruptor, a aquel que pudo haber tenido relación con el acto, pero que queda en el anonimato.
Cuarto punto, difumina esa delgada línea que divide a la vida pública de la vida privada de los políticos. Haga usted lector el ejercicio: grábese teniendo una conversación sincera e íntima con un amigo. La realidad es que hay muchas actitudes que adoptamos en lo privado que difícilmente podríamos defender en un debate público abierto y ético. La intimidad da un velo de confianza que desata las bromas, las malas palabras y las simplificaciones de la realidad. Aunque no necesariamente quien las enuncia sea un machista o un elitista sin control. Lo cierto es que es imposible equiparar las características de una conversación privada e íntima, con los imperativos, cuidados y límites que plantea el ámbito público. Así, quien graba se aprovecha de esta ventaja: un cordero listo para ser cazado.
Para no vulnerar esa línea que debe existir entre el ámbito privado y la vida pública, es fundamental que encontremos como sociedad un criterio para juzgar estos vídeos. En Estados Unidos, el patrón ha sido tender hacia la máxima publicidad de los políticos. Todo se muestra: exámenes médicos, vida familiar, esposa, amantes y amigos. La privacidad es el costo que pagan los políticos en Estados Unidos. Y aunque eso conlleva riesgos para el debate público, podemos decir que es un consenso entre amplias capas de la sociedad y de la clase política en Estados Unidos. El caso opuesto es Francia, en donde el consenso histórico ha sido respetar la privacidad de los políticos como un derecho que está por encima de las ansias fiscalizadoras de la sociedad. Hasta el último escándalo de la amante de François Hollande, la prensa en Francia respondía fielmente a este consenso de respetar la vida privada de políticos, poderosos y de cualquier ciudadano. En México, la construcción de este “consenso” social es fundamental para no hacer de la política una novela constante, en donde el morbo y el juicio sean más importantes que los verdaderos actos de corrupción y su enjuiciamiento en los espacios reservados para ello. La tendencia de los últimos años nos coloca más cerca de Estados Unidos en esta tradición que de Francia y su respeto por la intimidad de los políticos.
Los políticos deben ser juzgados por sus acciones y no por sus intenciones. La tecnología y el hecho de que cada ciudadano pueda tener acceso con su teléfono a una cámara o a una grabadora, puede ser a mediano plazo un incentivo y contrapeso para combatir la corrupción presente en las esferas políticas. También, como ha ocurrido en videos que muestran a políticos en toda su prepotencia gritando a prestadores de servicio o exigiendo privilegios por encima de cualquier mortal, sirven como desmitificadores de políticos que sonríen falsamente en el debate público, pero que en su vida privada son unos tiranos consolidados. Sin embargo, teniendo en cuenta todos los resultados positivos que pueden tener estas herramientas, es fundamental que también analicemos sus perjuicios para el debate público, para la democracia y para el sistema judicial; una nueva herramienta también implica un grado de responsabilidad en su uso. Así, los videos son una forma muy eficaz de combatir la corrupción, aunque su abuso nos puede llevar a otras complicaciones que no hemos dimensionado adecuadamente.