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España en disputa
El declive del bipartidismo en tierras ibéricas ha producido un escenario inédito en la historia de la democracia española: cuatro partidos se juegan hoy la silla de presidente del Gobierno
GUADALAJARA, JALISCO (20/DIC/2015).- España vive un cambio de época. Eso es innegable. Se ha roto el bipartidismo y, pase lo que pase en las elecciones de este domingo, el escenario será inédito: la presencia de cuatro fuerzas políticas nacionales con relevancia aritmética en el Congreso de los Diputados. Tras 37 años de democracia, más de 40 millones de españoles están llamados a votar en los comicios más apasionantes desde la transición política de finales de la década de los setenta. A los invitados recurrentes, el Partido Popular y el Partido Socialista, hoy se añaden los vientos frescos de un partido surgido de los movimientos de indignados el 15 de mayo de 2011, y la incisiva visión de Ciudadanos, una formación política de centro-derecha y que constituye una opción liberal sin matices. Ninguno podrá alzarse con una mayoría suficiente para gobernar por sí mismo, por lo que España se abre al horizonte de la fragmentación y la dispersión del poder. En el horizonte político español se esfuman los tiempos de las mayorías absolutas incontestables.
El PP encabeza las encuestas. Y detrás de la formación conservadora, vienen enfilados el PSOE, Ciudadanos y Podemos, todo ellos con una diferencia marginal. De acuerdo a la última encuesta que publicó el “Periodic de Andorra” (que publicó encuestas a partir del martes, cuando en España ya está prohibida la divulgación de estudios demoscópicos), los populares parecen tener amplias posibilidades de alzarse con la primera plaza, pero no parece tan sencillo que puedan formar un Gobierno con Ciudadanos, el aliado natural. Al ser un sistema parlamentario, los cuatro candidatos, Mariano Rajoy (PP), Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Iglesias (Podemos) y Albert Rivera (Ciudadanos), necesitan de al menos 176 diputados para formar un Gobierno. Las encuestas cerraron con un promedio de 108 diputados proyectados para el PP, 83 para el PSOE, 68 para Podemos y 56 para Ciudadanos. Es decir, en un escenario tan fragmentado, sólo una triple coalición daría Gobierno: ya sea entre los partidos nacionales, o un pacto entre dos que además sume a partidos regionales catalanes, vascos o gallegos. Y en paralelo, Mariano Rajoy se comprometió a buscar una coalición estable, no sólo para la investidura, sino también como socio legislativo para los próximos cuatro años. Las matemáticas no dan.
Cuatro temas marcaron la campaña electoral y, también, serán fundamentales para la Legislatura que comenzará en 2016: la crisis económica y la “solidez” de la recuperación; los casos de corrupción que han azotado a los dos partidos más grandes de España, aunque con especial énfasis al partido en el Gobierno, al PP; la lucha contra el terrorismo tras los ataques en Paris. Y, como cuarto tema, el problema catalán, la apuesta por la independencia de la mayoría de los diputados en el Parlamento de Cataluña y, por ende, el debate sobre el modelo político-territorial de las autonomías, su vigencia y propuestas de reforma. Estos tópicos han protagonizado el debate de los candidatos en radio, televisión y en prensa escrita. ¿Qué podemos esperar del nuevo Gobierno de España que salga de las urnas de este 20 de diciembre? ¿Qué desafíos deberá enfrentar en los primeros meses de su administración?
España salió de la crisis económica. A seis años de que se desinflara la burbuja inmobiliaria provocando un cataclismo financiero en toda la Península Ibérica, España comienza a recuperar la estabilidad de sus indicadores. Crece a una tasa mayor que el promedio de la Unión Europea y, lentamente, la generación de empleo de los últimos meses permite cierto optimismo. Es innegable que el Gobierno de Rajoy ha logrado enderezar la nave, y hasta crear casi un millón de empleos en los últimos 24 meses —por más precarios que sean, de acuerdo a la oposición—. Sin embargo, los recortes fueron salvajes y la caída real de los salarios ha sido sostenida desde 2010. Tampoco podemos olvidar que el promedio salarial de un español se desbarrancó hasta los mil 600 euros mensuales, y que la tasa de desocupación se mantiene por encima de los 20 puntos porcentuales. El estado de bienestar ha sufrido severos recortes durante la gestión de la crisis económica. De esta manera, España encuentra su camino de salida del callejón obscuro de la recesión, aplicando el modelo de austeridad y ajuste estructural que provocó incrementos inusitados de la desigualdad, así como un rebote de más de 10 puntos en materia de pobreza (en México conocemos bien esta fórmula de ajuste tras las crisis económicas como la de 1995). Problemas olvidados como la indigencia o la malnutrición infantil, son ahora debates recurrentes entre la clase política española. España entró siendo una a la crisis, y logró salir, pero pagando un precio realmente alto.
La corrupción fue el tema que más le endilgó la oposición a Mariano Rajoy. Y es que durante la Legislatura que comenzó en 2011, los casos de corrupción se apilaron en el escritorio del Presidente del Gobierno y jefe máximo del PP. “Sé fuerte” le decía en un mensaje de texto el propio Rajoy a un ex titular de finanzas que llegó a la cárcel por administrar una contabilidad paralela, no declarada, que se encargaba de pagar sobresueldos a altos dirigentes del partido conservador en España. Tras el caso Bárcenas, como es conocido en España, se han acumulado escándalos como el de la Púnica, una red de corrupción que involucraba a alcaldes y a empresas para amañar licitaciones; o el caso de Rodrigo Rato, quien fuera vicepresidente económico de España y director general del Fondo Monetario Internacional, está acusado de blanqueo de dinero y podría llegar hasta prisión. Rato simboliza el modelo económico defendido por el PP, así que la revelación de sus ilegalidades propinó un duro golpe al partido en el Gobierno. Si bien el no haber cumplido su programa electoral que contemplaba una importante bajada de los impuestos, le pasó factura al partido de Rajoy, es innegable que la corrupción ha sido su azote en los últimos dos años.
El asunto catalán también fue protagonista de la elección. Con una declaración aprobada en el Parlamento de Cataluña que pide el “comienza de la desconexión” con respecto a las instituciones españolas, sobre la mesa, los cuatro candidatos estaban obligados a dejar de lado las ambigüedades y tomar postura. Rajoy es partidario del actual modelo autonómico y aunque se dice dispuesto a dialogar, no ha hecho ningún gesto de apertura para una reforma constitucional que permita un mejor encaje de Cataluña en España. Los socialistas apuestan por una reforma federal, el fortalecimiento del Senado como cámara territorial, para que posteriormente sea trasladado a Barcelona. Ciudadanos, un partido que nació en Cataluña y precisamente como respuesta al auge soberanista, ha pedido desaparecer el Senado-incorporando una instancia que aglutine a los presidentes autonómicos- y no reniega del actual modelo de competencias, aunque propone clarificarlas. Podemos, por su parte, es el único partido que reconoce a los catalanes su “derecho a decidir” qué tipo de relación jurídica quieren con el Estado. Pablo Iglesias ha sostenido que él quiere que los catalanes se queden, pero que antepone su vocación democrática.
La lucha contra el terrorismo islámico también ha influido en las agendas de los partidos políticos. Ciudadanos y Socialistas han sido firmes en la defensa de una intervención en Siria, particularmente en las zonas controladas por el Estado Islámico. Aunque, ponen de condición, un acuerdo multilateral avalado tanto por las Naciones Unidas como por la Organización del Tratado del Atlántico Norte. “Francia es nuestro aliado y debemos responder” mencionó Albert Rivera en el debate televisado por Antena Tres. El PP ha sido más cauto y ha pedido postergar la decisión del envío de tropas hasta la instalación de la próxima legislatura y con el nuevo Gobierno ya formado. Podemos es tajante en su posición contraria a cualquier tipo de intervención. “Occidente ha intervenido en Afganistán, Iraq y en Libia, y qué hemos ganado, la situación está peor” sostuvo Pablo Iglesias al ser entrevistado sobre el tema.
En el fondo, encontramos la disputa de dos proyectos políticos e ideológicamente antitéticos. Por un lado, una coalición PP-Ciudadanos se fincaría sobre la base de la reducción del Estado, una agenda de regeneración democrática y combate a la corrupción, la delimitación —pero no más que eso— del actual modelo de las autonomías, y una promesa de reducción de impuestos en los primeros meses de la Legislatura. En contraposición, el proyecto de una posible coalición PSOE-Podemos, se finca en la recuperación de los derechos sociales y blindaje del Estado del Bienestar, una serie de propuestas en materia de austeridad en la administración pública, la agenda de la regeneración democrática, la apuesta por una España que responda a un modelo federal que defiende el PSOE o plurinacional que propone Podemos, y una reforma fiscal que este dirigida a recaudar de los sectores más acaudalados de la población. La intensidad de las reformas y la profundidad de ellas, dependerá en gran medida de la definición de quién encabezará las alianzas para formar Gobierno: ¿Serán los dos partidos tradicionalmente hegemónicos o existe la posibilidad de que alguna fuerza política emergente se plante como una alternativa para formar una coalición de Gobierno? ¿Rajoy o Sánchez son los únicos candidatos reales a ocupar la Presidencia del Gobierno, o Iglesias o Rivera podrían encabezar una coalición? Todo está muy dividido, difícil dar una respuesta.
Sea cual sea el resultado de los comicios, las urnas arrojarán un escenario inédito para España. Acostumbrados los españoles a mayorías abrumadoras, como la que hoy ostenta el PP, tendrán ahora que lidiar con un escenario de amplia fragmentación y con al menos cuatro partidos políticos con más de 50 escaños y en donde el partido más votado podría quedarse a más de 70 asientos de obtener la mayoría absoluta que le permita gobernar. España cambió; la crisis y la corrupción extendieron carta de invitación política a dos nuevos inquilinos que insisten en la importancia de la regeneración democrática y el combate a las prácticas corruptas que tanto han dañado al bipartidismo en los últimos años. Del voto de este domingo saldrá la primera gran coalición de la historia democrática en España y, en definitiva, el entierro inexorable de lo que alguna vez fue el bipartidismo dominante.
El PP encabeza las encuestas. Y detrás de la formación conservadora, vienen enfilados el PSOE, Ciudadanos y Podemos, todo ellos con una diferencia marginal. De acuerdo a la última encuesta que publicó el “Periodic de Andorra” (que publicó encuestas a partir del martes, cuando en España ya está prohibida la divulgación de estudios demoscópicos), los populares parecen tener amplias posibilidades de alzarse con la primera plaza, pero no parece tan sencillo que puedan formar un Gobierno con Ciudadanos, el aliado natural. Al ser un sistema parlamentario, los cuatro candidatos, Mariano Rajoy (PP), Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Iglesias (Podemos) y Albert Rivera (Ciudadanos), necesitan de al menos 176 diputados para formar un Gobierno. Las encuestas cerraron con un promedio de 108 diputados proyectados para el PP, 83 para el PSOE, 68 para Podemos y 56 para Ciudadanos. Es decir, en un escenario tan fragmentado, sólo una triple coalición daría Gobierno: ya sea entre los partidos nacionales, o un pacto entre dos que además sume a partidos regionales catalanes, vascos o gallegos. Y en paralelo, Mariano Rajoy se comprometió a buscar una coalición estable, no sólo para la investidura, sino también como socio legislativo para los próximos cuatro años. Las matemáticas no dan.
Cuatro temas marcaron la campaña electoral y, también, serán fundamentales para la Legislatura que comenzará en 2016: la crisis económica y la “solidez” de la recuperación; los casos de corrupción que han azotado a los dos partidos más grandes de España, aunque con especial énfasis al partido en el Gobierno, al PP; la lucha contra el terrorismo tras los ataques en Paris. Y, como cuarto tema, el problema catalán, la apuesta por la independencia de la mayoría de los diputados en el Parlamento de Cataluña y, por ende, el debate sobre el modelo político-territorial de las autonomías, su vigencia y propuestas de reforma. Estos tópicos han protagonizado el debate de los candidatos en radio, televisión y en prensa escrita. ¿Qué podemos esperar del nuevo Gobierno de España que salga de las urnas de este 20 de diciembre? ¿Qué desafíos deberá enfrentar en los primeros meses de su administración?
España salió de la crisis económica. A seis años de que se desinflara la burbuja inmobiliaria provocando un cataclismo financiero en toda la Península Ibérica, España comienza a recuperar la estabilidad de sus indicadores. Crece a una tasa mayor que el promedio de la Unión Europea y, lentamente, la generación de empleo de los últimos meses permite cierto optimismo. Es innegable que el Gobierno de Rajoy ha logrado enderezar la nave, y hasta crear casi un millón de empleos en los últimos 24 meses —por más precarios que sean, de acuerdo a la oposición—. Sin embargo, los recortes fueron salvajes y la caída real de los salarios ha sido sostenida desde 2010. Tampoco podemos olvidar que el promedio salarial de un español se desbarrancó hasta los mil 600 euros mensuales, y que la tasa de desocupación se mantiene por encima de los 20 puntos porcentuales. El estado de bienestar ha sufrido severos recortes durante la gestión de la crisis económica. De esta manera, España encuentra su camino de salida del callejón obscuro de la recesión, aplicando el modelo de austeridad y ajuste estructural que provocó incrementos inusitados de la desigualdad, así como un rebote de más de 10 puntos en materia de pobreza (en México conocemos bien esta fórmula de ajuste tras las crisis económicas como la de 1995). Problemas olvidados como la indigencia o la malnutrición infantil, son ahora debates recurrentes entre la clase política española. España entró siendo una a la crisis, y logró salir, pero pagando un precio realmente alto.
La corrupción fue el tema que más le endilgó la oposición a Mariano Rajoy. Y es que durante la Legislatura que comenzó en 2011, los casos de corrupción se apilaron en el escritorio del Presidente del Gobierno y jefe máximo del PP. “Sé fuerte” le decía en un mensaje de texto el propio Rajoy a un ex titular de finanzas que llegó a la cárcel por administrar una contabilidad paralela, no declarada, que se encargaba de pagar sobresueldos a altos dirigentes del partido conservador en España. Tras el caso Bárcenas, como es conocido en España, se han acumulado escándalos como el de la Púnica, una red de corrupción que involucraba a alcaldes y a empresas para amañar licitaciones; o el caso de Rodrigo Rato, quien fuera vicepresidente económico de España y director general del Fondo Monetario Internacional, está acusado de blanqueo de dinero y podría llegar hasta prisión. Rato simboliza el modelo económico defendido por el PP, así que la revelación de sus ilegalidades propinó un duro golpe al partido en el Gobierno. Si bien el no haber cumplido su programa electoral que contemplaba una importante bajada de los impuestos, le pasó factura al partido de Rajoy, es innegable que la corrupción ha sido su azote en los últimos dos años.
El asunto catalán también fue protagonista de la elección. Con una declaración aprobada en el Parlamento de Cataluña que pide el “comienza de la desconexión” con respecto a las instituciones españolas, sobre la mesa, los cuatro candidatos estaban obligados a dejar de lado las ambigüedades y tomar postura. Rajoy es partidario del actual modelo autonómico y aunque se dice dispuesto a dialogar, no ha hecho ningún gesto de apertura para una reforma constitucional que permita un mejor encaje de Cataluña en España. Los socialistas apuestan por una reforma federal, el fortalecimiento del Senado como cámara territorial, para que posteriormente sea trasladado a Barcelona. Ciudadanos, un partido que nació en Cataluña y precisamente como respuesta al auge soberanista, ha pedido desaparecer el Senado-incorporando una instancia que aglutine a los presidentes autonómicos- y no reniega del actual modelo de competencias, aunque propone clarificarlas. Podemos, por su parte, es el único partido que reconoce a los catalanes su “derecho a decidir” qué tipo de relación jurídica quieren con el Estado. Pablo Iglesias ha sostenido que él quiere que los catalanes se queden, pero que antepone su vocación democrática.
La lucha contra el terrorismo islámico también ha influido en las agendas de los partidos políticos. Ciudadanos y Socialistas han sido firmes en la defensa de una intervención en Siria, particularmente en las zonas controladas por el Estado Islámico. Aunque, ponen de condición, un acuerdo multilateral avalado tanto por las Naciones Unidas como por la Organización del Tratado del Atlántico Norte. “Francia es nuestro aliado y debemos responder” mencionó Albert Rivera en el debate televisado por Antena Tres. El PP ha sido más cauto y ha pedido postergar la decisión del envío de tropas hasta la instalación de la próxima legislatura y con el nuevo Gobierno ya formado. Podemos es tajante en su posición contraria a cualquier tipo de intervención. “Occidente ha intervenido en Afganistán, Iraq y en Libia, y qué hemos ganado, la situación está peor” sostuvo Pablo Iglesias al ser entrevistado sobre el tema.
En el fondo, encontramos la disputa de dos proyectos políticos e ideológicamente antitéticos. Por un lado, una coalición PP-Ciudadanos se fincaría sobre la base de la reducción del Estado, una agenda de regeneración democrática y combate a la corrupción, la delimitación —pero no más que eso— del actual modelo de las autonomías, y una promesa de reducción de impuestos en los primeros meses de la Legislatura. En contraposición, el proyecto de una posible coalición PSOE-Podemos, se finca en la recuperación de los derechos sociales y blindaje del Estado del Bienestar, una serie de propuestas en materia de austeridad en la administración pública, la agenda de la regeneración democrática, la apuesta por una España que responda a un modelo federal que defiende el PSOE o plurinacional que propone Podemos, y una reforma fiscal que este dirigida a recaudar de los sectores más acaudalados de la población. La intensidad de las reformas y la profundidad de ellas, dependerá en gran medida de la definición de quién encabezará las alianzas para formar Gobierno: ¿Serán los dos partidos tradicionalmente hegemónicos o existe la posibilidad de que alguna fuerza política emergente se plante como una alternativa para formar una coalición de Gobierno? ¿Rajoy o Sánchez son los únicos candidatos reales a ocupar la Presidencia del Gobierno, o Iglesias o Rivera podrían encabezar una coalición? Todo está muy dividido, difícil dar una respuesta.
Sea cual sea el resultado de los comicios, las urnas arrojarán un escenario inédito para España. Acostumbrados los españoles a mayorías abrumadoras, como la que hoy ostenta el PP, tendrán ahora que lidiar con un escenario de amplia fragmentación y con al menos cuatro partidos políticos con más de 50 escaños y en donde el partido más votado podría quedarse a más de 70 asientos de obtener la mayoría absoluta que le permita gobernar. España cambió; la crisis y la corrupción extendieron carta de invitación política a dos nuevos inquilinos que insisten en la importancia de la regeneración democrática y el combate a las prácticas corruptas que tanto han dañado al bipartidismo en los últimos años. Del voto de este domingo saldrá la primera gran coalición de la historia democrática en España y, en definitiva, el entierro inexorable de lo que alguna vez fue el bipartidismo dominante.