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¿Eran las reformas equivocadas?
Muchos se preguntan si no era más urgente el combate a la impunidad, la rendición de cuentas y la transformación del poder judicial
GUADALAJARA, JALISCO (02/NOV/2014).- Tras los hechos en Guerrero se multiplican las voces sugiriendo que las reformas económicas propuestas por el Presidente no eran las más urgentes para el país, sino aquellas como el combate a la impunidad, la rendición de cuentas y la transformación del Poder Judicial. ¿Ayotzinapa podrá servir para ello? No iba por ahí, se alzan las voces en muchos rincones del país. Las tertulias políticas han cambiado, ya no se discute por qué nuestra economía no crece, por qué son tan caros los precios de las gasolinas o por qué nuestro sistema educativo es tan deficiente. Ahora, los debates se van un paso atrás: por qué los estados no pueden brindar seguridad, cómo reformar un Poder Judicial podrido e infiltrado hasta la médula, cómo asegurar fuerzas policiacas que sirvan a los ciudadanos y no a los delincuentes. Es más, cómo blindamos a los partidos políticos de proponer a delincuentes en sus candidaturas. Esos debates nunca fueron superados, pero una narrativa presidencial que privilegió el discurso económico y modernizante, los colocó debajo del tapete por 21 meses.
Sin embargo, y admitiendo que la agenda de reforma económica nunca ha dejado de ser prioritaria para el país con un crecimiento medio de 2% en 25 años, la tragedia de Ayotzinapa parece decirnos que queríamos “correr antes de aprender a caminar”. Antes de construir modelos complejos de apertura energética, de supervisión en telecomunicaciones y de liberalización financiera, ¿No era el primer paso buscar fortalecer el estado de derecho y la supervisión del Gobierno? ¿Cómo pensamos regular a los “tiburones petroleros” con la baja rendición de cuentas y la corrupción que carcome profundamente a gobiernos municipales y estatales? ¿Cómo queremos evitar que Carlos Slim o Televisa determinen los precios o pierdan poder de mercado sino podemos blindar los cargos públicos de infiltración el crimen organizado? ¿Cómo queremos controlar a las empresas trasnacionales si los distintos niveles de gobierno no pueden controlar la totalidad del territorio?
Las reformas de mercado, apertura y liberalización económicas sólo repercuten en mejores precios, más calidad para los consumidores y nuevas dinámicas económicas, si detrás de ellas existe un tejido institucional y jurídico que regule adecuadamente a los jugadores del mercado. Corrupción, baja rendición de cuentas e instituciones débiles son el “caldo de cultivo” preciso para sostener a un sistema económico oligopólico y de “capitalismo de cuates”. Lo paradójico es que para que las reformas de Enrique Peña Nieto funcionen es fundamental atender los principales puntos negros que nos llevaron a la tragedia de Ayotzinapa. El problema no es el mercado, sino el Estado: su debilidad, porosidad, corrupción, impunidad y ausencia de rendición de cuentas.
Reforma al Poder Judicial
Es uno de los retos que el Estado mexicano no ha podido enfrentar de forma profunda. Un Poder Judicial dominado por los contrastes, sobre todo entre niveles de Gobierno. Por un lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es uno de los actores políticos y jurídicos más importantes de la transición a la democracia en México. Sin embargo, por el otro lado, las estructuras judiciales de los estados se han mantenido como espacios de colocación política por parte de los gobernadores y de familias prominentes en algunas entidades federativas. La dificultad para transformar el Poder Judicial en su conjunto ha provocado que se hayan tomado medidas parciales: los institutos de transparencia, los consejos de las judicaturas, las fiscalías especializadas, las comisiones de derechos humanos.
Todos esos son atajos para corregir deficiencias propias del Poder Judicial, sin tocarlo directamente a él (falta de sanciones a gobiernos corruptos, carencias para juzgar violaciones a los derechos humanos o parcialidad en las resoluciones judiciales).
Dos reforma han sido importantes en los últimos años. La primera, la introducción del sistema penal acusatorio, la oralidad y la publicidad de los juicios. Los estados, como Chihuahua y Oaxaca que ya implementaron los juicios orales, pueden ahora presumir resultados positivos. Sin embargo, en el resto de los estados, los primeros resultados de su implementación podrían darse entre 2017 y 2018. En segundo lugar, la unificación de los códigos penales traza una serie de criterios y penas similares que deben cumplir los estados. Y aunque ambas son reformas en el mismo sentido, y podrían ayudar en el mediano plazo a reducir la discrecionalidad y la corrupción en el Poder Judicial, hasta el día de hoy el espacio en el que se mueven jueces y magistrados, es el menos tocado por el brazo reformista.
El caso de Jalisco es ilustrativo. De acuerdo a la publicación bianual del Instituto Mexicano para la Competitividad, nuestro Estado presenta niveles adecuados de fortaleza institucional y democrática, así como una economía dinámica y sólida, sin embargo su aparato judicial es calificado como uno de los peores a nivel nacional. Sin rendición de cuentas, baja eficiencia y poca credibilidad, los poderes judiciales no sirven como contrapesos naturales al interior de las entidades federativas. ¿Queremos que los gobernadores rindan cuentas? Empecemos por reformar a fondo los Poderes Judiciales a nivel estatal.
El municipio obsoleto
El municipio es una de esas figuras muy vinculadas a la identidad política mexicana, pero que en la práctica sirven de muy poco. A nivel de las ciudades, los municipios se encuentran rebasados por todas las tendencias y lo lógico, en materia de seguridad, es que en el futuro las áreas urbanas consoliden policías metropolitanas que atiendan unificadamente los problemas comunes. Por su parte, en zonas rurales, la penetración del crimen organizado ha dejado en evidencia la debilidad de la mayoría de los aparatos municipales que cuentan con policías poco preparadas y carencia presupuestaria. Mil municipios (40% del total) tienen menos de 20 policías y cuatro de cada 10 uniformados municipales gana entre tres y cinco mil pesos.
Esta es una disparidad que es imposible de negar. Bruce Bagley, uno de los especialistas más prominentes en materia de drogas y crimen organizado en las Américas, lo dijo hace tiempo: un negocio de 25 mil millones de dólares en México —unos 325 mil millones de pesos— no puede ser combatido por estructuras municipales tan débiles. Incluso, la dinámica de relación entre crimen organizado y municipios se ha transformado como señalan analistas de la talla de Eduardo Guerrero y Gerardo Esquivel. Y es que la atomización de los cárteles en pequeñas unidades ha provocado que un problema visto como de seguridad nacional —el narco—, que competía sobre todo al nivel federal, se vuelva una amenaza mucho más viva y dañina contra los municipios. Las pequeñas células del narco que actúan a nivel municipal ya no sólo buscan que las autoridades “cierren los ojos” ante los canales de distribución de drogas, sino que ahora quieren controlar el municipio entero. Designar puestos, controlar licencias y hasta obra pública. Es una infiltración al estilo Italia, en donde el crimen organizado ya no quiere ser socio, sino padrino.
Ante esto, México debe olvidar sus ínfulas nacionalistas y los absurdos llamados al respeto del artículo 115 constitucional, para buscar soluciones profundas y estructurales al problema del municipio. ¿Es posible que la seguridad siga cayendo en manos de dos mil 500 policías municipales que aglutinan al 60% de la fuerza policiaca en México, pero que se encuentran infiltradas hasta la médula, con baja preparación y sin capacidad de reacción? ¿No será fundamental pensar en un rediseño institucional para poder atacar el problema del narco con eficacia desde el nivel municipal? No hay nada más peligroso que los dogmas, como el municipalismo mexicano, que solapan problemas más profundos de infiltración e ineficacia.
Cargos blindados
Pasó la reforma política y ni una palabra se dijo del blindaje electoral. Entre “pluris”, reelección y candidaturas independientes, el blindaje de las candidaturas despareció de las negociaciones. Tuvo que aparecer un alcalde infiltrado familiarmente, políticamente y personalmente, para que se entendiera la necesidad de blindar los cargos públicos de los tentáculos del crimen organizado. La cooptación de espacios políticos por parte del crimen organizado puede aparecer en dos momentos: en las elecciones o ya en el cargo.
A nivel de blindaje previo a la elección, tres mecanismos podrían disminuir el porcentaje de candidatos que llegan a cargos públicos con compromisos con el crimen organizado: presentación de declaración fiscal en donde los candidatos expliquen sus ingresos, comprobaciones y forma de vida. Es tiempo, como lo señaló Luis de la Calle, de que la información fiscal sirva en materia de combate a la inseguridad. En segundo lugar, la declaración patrimonial. Es un instrumento fundamental para que el candidato rinda cuentas sobre sus bienes y la forma en que los adquirió, así como las posibles responsabilidades y compromisos previos. Y, por último, no habría que descartar la “silla vacía”, creada en Colombia a raíz del mismo problema que tenemos ahora y que obliga a que los partidos sean más responsables a la hora de elegir a sus candidatos ya que si se les comprueba nexo con el crimen, automáticamente pierde el escaño el ganador y el partido. Nada nos asegura de que delincuentes entren en las instituciones públicas, pero lo que sí podemos hacer es encarecer ese acceso y generar incentivos para que los partidos políticos asuman decisiones más responsables.
¿Puede haber un final feliz tras la crisis de Ayotzinapa? El panorama parece sombrío, sobre todo para los padres de los normalistas. Sin embargo, lo que la historia nos demuestra es que las coyunturas son periodos en donde la gravedad de las situaciones hace que las ventanas de reforma se abran. Podemos decir que en el pasado, sucesos como el de 1968 y 1994 fueron detonantes de reformas democráticas que culminaron con la alternancia en el poder, elecciones libres y confiables, así como instituciones supervisoras del poder público como las comisiones de derechos humanos. Si bien el Presidente Enrique Peña Nieto ha mostrado que no ha estado a la altura para reaccionar en esta coyuntura crítica en específico, un paquete de reformas integral podría convertir un suceso tan lamentable como el de Ayotzinapa, en el principio de la solución a problemas institucionales en México que llevan décadas. Para ello, las próximas semanas serán las decisivas.
Sin embargo, y admitiendo que la agenda de reforma económica nunca ha dejado de ser prioritaria para el país con un crecimiento medio de 2% en 25 años, la tragedia de Ayotzinapa parece decirnos que queríamos “correr antes de aprender a caminar”. Antes de construir modelos complejos de apertura energética, de supervisión en telecomunicaciones y de liberalización financiera, ¿No era el primer paso buscar fortalecer el estado de derecho y la supervisión del Gobierno? ¿Cómo pensamos regular a los “tiburones petroleros” con la baja rendición de cuentas y la corrupción que carcome profundamente a gobiernos municipales y estatales? ¿Cómo queremos evitar que Carlos Slim o Televisa determinen los precios o pierdan poder de mercado sino podemos blindar los cargos públicos de infiltración el crimen organizado? ¿Cómo queremos controlar a las empresas trasnacionales si los distintos niveles de gobierno no pueden controlar la totalidad del territorio?
Las reformas de mercado, apertura y liberalización económicas sólo repercuten en mejores precios, más calidad para los consumidores y nuevas dinámicas económicas, si detrás de ellas existe un tejido institucional y jurídico que regule adecuadamente a los jugadores del mercado. Corrupción, baja rendición de cuentas e instituciones débiles son el “caldo de cultivo” preciso para sostener a un sistema económico oligopólico y de “capitalismo de cuates”. Lo paradójico es que para que las reformas de Enrique Peña Nieto funcionen es fundamental atender los principales puntos negros que nos llevaron a la tragedia de Ayotzinapa. El problema no es el mercado, sino el Estado: su debilidad, porosidad, corrupción, impunidad y ausencia de rendición de cuentas.
Reforma al Poder Judicial
Es uno de los retos que el Estado mexicano no ha podido enfrentar de forma profunda. Un Poder Judicial dominado por los contrastes, sobre todo entre niveles de Gobierno. Por un lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es uno de los actores políticos y jurídicos más importantes de la transición a la democracia en México. Sin embargo, por el otro lado, las estructuras judiciales de los estados se han mantenido como espacios de colocación política por parte de los gobernadores y de familias prominentes en algunas entidades federativas. La dificultad para transformar el Poder Judicial en su conjunto ha provocado que se hayan tomado medidas parciales: los institutos de transparencia, los consejos de las judicaturas, las fiscalías especializadas, las comisiones de derechos humanos.
Todos esos son atajos para corregir deficiencias propias del Poder Judicial, sin tocarlo directamente a él (falta de sanciones a gobiernos corruptos, carencias para juzgar violaciones a los derechos humanos o parcialidad en las resoluciones judiciales).
Dos reforma han sido importantes en los últimos años. La primera, la introducción del sistema penal acusatorio, la oralidad y la publicidad de los juicios. Los estados, como Chihuahua y Oaxaca que ya implementaron los juicios orales, pueden ahora presumir resultados positivos. Sin embargo, en el resto de los estados, los primeros resultados de su implementación podrían darse entre 2017 y 2018. En segundo lugar, la unificación de los códigos penales traza una serie de criterios y penas similares que deben cumplir los estados. Y aunque ambas son reformas en el mismo sentido, y podrían ayudar en el mediano plazo a reducir la discrecionalidad y la corrupción en el Poder Judicial, hasta el día de hoy el espacio en el que se mueven jueces y magistrados, es el menos tocado por el brazo reformista.
El caso de Jalisco es ilustrativo. De acuerdo a la publicación bianual del Instituto Mexicano para la Competitividad, nuestro Estado presenta niveles adecuados de fortaleza institucional y democrática, así como una economía dinámica y sólida, sin embargo su aparato judicial es calificado como uno de los peores a nivel nacional. Sin rendición de cuentas, baja eficiencia y poca credibilidad, los poderes judiciales no sirven como contrapesos naturales al interior de las entidades federativas. ¿Queremos que los gobernadores rindan cuentas? Empecemos por reformar a fondo los Poderes Judiciales a nivel estatal.
El municipio obsoleto
El municipio es una de esas figuras muy vinculadas a la identidad política mexicana, pero que en la práctica sirven de muy poco. A nivel de las ciudades, los municipios se encuentran rebasados por todas las tendencias y lo lógico, en materia de seguridad, es que en el futuro las áreas urbanas consoliden policías metropolitanas que atiendan unificadamente los problemas comunes. Por su parte, en zonas rurales, la penetración del crimen organizado ha dejado en evidencia la debilidad de la mayoría de los aparatos municipales que cuentan con policías poco preparadas y carencia presupuestaria. Mil municipios (40% del total) tienen menos de 20 policías y cuatro de cada 10 uniformados municipales gana entre tres y cinco mil pesos.
Esta es una disparidad que es imposible de negar. Bruce Bagley, uno de los especialistas más prominentes en materia de drogas y crimen organizado en las Américas, lo dijo hace tiempo: un negocio de 25 mil millones de dólares en México —unos 325 mil millones de pesos— no puede ser combatido por estructuras municipales tan débiles. Incluso, la dinámica de relación entre crimen organizado y municipios se ha transformado como señalan analistas de la talla de Eduardo Guerrero y Gerardo Esquivel. Y es que la atomización de los cárteles en pequeñas unidades ha provocado que un problema visto como de seguridad nacional —el narco—, que competía sobre todo al nivel federal, se vuelva una amenaza mucho más viva y dañina contra los municipios. Las pequeñas células del narco que actúan a nivel municipal ya no sólo buscan que las autoridades “cierren los ojos” ante los canales de distribución de drogas, sino que ahora quieren controlar el municipio entero. Designar puestos, controlar licencias y hasta obra pública. Es una infiltración al estilo Italia, en donde el crimen organizado ya no quiere ser socio, sino padrino.
Ante esto, México debe olvidar sus ínfulas nacionalistas y los absurdos llamados al respeto del artículo 115 constitucional, para buscar soluciones profundas y estructurales al problema del municipio. ¿Es posible que la seguridad siga cayendo en manos de dos mil 500 policías municipales que aglutinan al 60% de la fuerza policiaca en México, pero que se encuentran infiltradas hasta la médula, con baja preparación y sin capacidad de reacción? ¿No será fundamental pensar en un rediseño institucional para poder atacar el problema del narco con eficacia desde el nivel municipal? No hay nada más peligroso que los dogmas, como el municipalismo mexicano, que solapan problemas más profundos de infiltración e ineficacia.
Cargos blindados
Pasó la reforma política y ni una palabra se dijo del blindaje electoral. Entre “pluris”, reelección y candidaturas independientes, el blindaje de las candidaturas despareció de las negociaciones. Tuvo que aparecer un alcalde infiltrado familiarmente, políticamente y personalmente, para que se entendiera la necesidad de blindar los cargos públicos de los tentáculos del crimen organizado. La cooptación de espacios políticos por parte del crimen organizado puede aparecer en dos momentos: en las elecciones o ya en el cargo.
A nivel de blindaje previo a la elección, tres mecanismos podrían disminuir el porcentaje de candidatos que llegan a cargos públicos con compromisos con el crimen organizado: presentación de declaración fiscal en donde los candidatos expliquen sus ingresos, comprobaciones y forma de vida. Es tiempo, como lo señaló Luis de la Calle, de que la información fiscal sirva en materia de combate a la inseguridad. En segundo lugar, la declaración patrimonial. Es un instrumento fundamental para que el candidato rinda cuentas sobre sus bienes y la forma en que los adquirió, así como las posibles responsabilidades y compromisos previos. Y, por último, no habría que descartar la “silla vacía”, creada en Colombia a raíz del mismo problema que tenemos ahora y que obliga a que los partidos sean más responsables a la hora de elegir a sus candidatos ya que si se les comprueba nexo con el crimen, automáticamente pierde el escaño el ganador y el partido. Nada nos asegura de que delincuentes entren en las instituciones públicas, pero lo que sí podemos hacer es encarecer ese acceso y generar incentivos para que los partidos políticos asuman decisiones más responsables.
¿Puede haber un final feliz tras la crisis de Ayotzinapa? El panorama parece sombrío, sobre todo para los padres de los normalistas. Sin embargo, lo que la historia nos demuestra es que las coyunturas son periodos en donde la gravedad de las situaciones hace que las ventanas de reforma se abran. Podemos decir que en el pasado, sucesos como el de 1968 y 1994 fueron detonantes de reformas democráticas que culminaron con la alternancia en el poder, elecciones libres y confiables, así como instituciones supervisoras del poder público como las comisiones de derechos humanos. Si bien el Presidente Enrique Peña Nieto ha mostrado que no ha estado a la altura para reaccionar en esta coyuntura crítica en específico, un paquete de reformas integral podría convertir un suceso tan lamentable como el de Ayotzinapa, en el principio de la solución a problemas institucionales en México que llevan décadas. Para ello, las próximas semanas serán las decisivas.