¿El último clavo del ataúd?

GUADALAJARA, JALISCO (23/JUL/2017).- Tercer lugar nacional en personas desaparecidas; 621 homicidios durante la primera mitad de 2017; una violencia contra la mujer que no cede; cuerpos policiacos sumidos en las viejas prácticas; un Poder Judicial, en la opacidad y la corrupción; una comunidad que será desalojada para dar paso a la construcción de una presa; un Congreso omiso en los cambios de ley necesarios para dotar de igualdad a los jaliscienses, sin importar raza, origen o preferencias sexuales. Jalisco vive un momento muy complejo en materia de violaciones a derechos humanos y el titular de la Comisión Estatal ha optado, durante años, por el silencio.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) es un símbolo de la descomposición de los organismos autónomos, que fueron columna vertebral de la transición política en México. Un organismo elefantiásico, que triplicó su presupuesto en una década-50 a 154 millones de pesos-, atiborrado de cuotas partidistas y que nunca había estado tan alejado de las víctimas. Con un titular, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, que decide no ver la realidad y prefiere agazaparse en indicadores burocráticos de desempeño. Jalisco es más violento e inseguro que hace una década, pero eso no le quita el sueño al presidente de la CEDHJ. Es un “defensor del puesto, no un defensor del pueblo”, como lo calificó Emilio Álvarez Icaza.

La CEDHJ se encuentra ante una disyuntiva existencial: refundación o muerte. No hay medias tintas. La deriva institucional del actual organismo autónomo ha desembocado en falta de credibilidad, críticas a diestra y siniestra, partidización, acusaciones de frivolidad. Entre una buena parte de la ciudadanía comienza a emerger una preocupante inquietud: ¿Sirve para algo la Comisión? ¿Sirven para algo los millones y millones de pesos destinados a un organismo defensor de los derechos humanos, que no ha logrado disminuir las violaciones en una década?

Los derechos humanos, como concepto, han sido presa de un manoseo político incomparable. Se ha vuelto un concepto “cacha todo”. Los derechos humanos pueden significar dignidad para unos o artimañas legales para proteger a los delincuentes, para otros. Pueden ser refugio frente a un Estado tentado al abuso o dardos arrojadizos que visten de elegancia argumentos discriminatorios. La politización explica su vacuidad conceptual. La abdicación de la CEDHJ a reivindicar los derechos fundamentales como espacio de dignidad y protección a las víctimas, explica también el deterioro de la imagen pública de los derechos humanos.

La credibilidad es el oxígeno de un órgano protector de los derechos humanos. Una institución que entiende que existe por y para las víctimas. Credibilidad como voz pública, pero también como eficacia. El Instituto Federal Electoral de José Woldenberg fincó su eficacia en el prestigio público, en la credibilidad social de la que gozaba el IFE y que hoy perdió por completo el Instituto Nacional Electoral (INE). La alternancia no se puede explicar sin el órgano autónomo que organizó las elecciones en 1997 y 2000. Paradójicamente, cuando más dientes e instrumentos tiene el INE, más debilitado luce. Más inoperante. Los órganos autónomos deben su existencia a la credibilidad y, si se extravían, el retorno a la senda de la confianza es casi imposible.

Estas peculiaridades de los órganos autónomos provocan que el ombudsman se conduzca entre la firmeza que demanda el cargo y la habilidad política-bien entendida esta última-para propiciar cambios en las prácticas institucionales. No sirve ni un ombudsman que entienda que su labor culmina en el activismo, ni tampoco el ombudsman acomodaticio que juega a la simulación y al gatopardismo. Encontrar el equilibrio entre las calles y las instituciones, es también reconciliar la importancia del simbolismo del cargo y los resultados, que son fundamentales para la credibilidad de la institución.

Los órganos autónomos se alimentan de la congruencia. La vara con la que los medimos sus acciones, es superior al resto de los órganos públicos. No puedes hablar de una instancia puesta al servicio de los ciudadanos cuando los partidos políticos mandan sobre su operación diaria y los salarios son totalmente desproporcionados. La austeridad no es menor. Sin caer en demagogias, pero un órgano al servicio de la protección de los derechos humanos no se puede mover entre restaurantes de lujo, viajes al extranjero y gastos superfluos. Recobrar su peso moral implica conducirse con austeridad y destinar los recursos a la protección de las víctimas.

Hay quien demerita el papel de las mujeres y los hombres, y privilegia el de las instituciones. Las instituciones no son otra cosa que arreglos o consensos entre los humanos que se vuelven permanentes con el paso del tiempo. Una institución bien diseñada puede extraviarse con un liderazgo nocivo. Ejemplos tenemos de sobra. La CEDHJ necesita un liderazgo fuerte, comprometido con los derechos humanos y dispuesto a visibilizar a las víctimas, pero también eficaz y responsable. Los diputados elegirán el próximo jueves 27 de julio a quién sucederá en el cargo a Álvarez Cibrián. Si se equivocan, los diputados pondrán el último clavo en el ataúd de la CEDHJ. La Comisión tiene que refundarse, pero sólo podrá hacerlo con un presidente o presidenta creíble, con prestigio y legitimidad.