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Dinero y elecciones
La democracia tiene su precio y muchas veces ésta se alcanza con el desembolso de grandes cantidades de billetes
GUADALAJARA, JALISCO (11/ENE/2015).- Cada día, el dinero puede comprar más cosas. Uno puede pagar ahora por servicios y privilegios que antes eran impensados. Por ejemplo, una fila más rápida en un parque de diversiones o no perder tiempo en las casetas de las autopistas privadas. Y a menos de que nuestro liberalismo llegue al nivel de pensar que todo es un producto que debe tener un precio, lo cierto es que el ensanchamiento del área de influencia del dinero no siempre es una buena noticia. Genera muchos impactos que no son tan benévolos: eleva brechas mayores entre pobres y ricos; reproduce las desigualdades en prácticamente todos los ámbitos de la vida, y también, se lleva entre las patas a la democracia. No en vano, Robert Dahl en uno de sus últimos libros, La igualdad política (2008), decía que el dinero desbocado constituía el reto más grande al que se enfrentaba la democracia.
Nos guste o no (a mí definitivamente no), pero el dinero gana elecciones en México. No siempre el que más gasta se lleva la victoria, pero hay que desfundar una buena cantidad de recursos para siquiera competir. Hace no mucho, tomando un café, un político que ha pasado por varias elecciones desde los noventas me decía: “si quieres competir en Guadalajara, tienes que reunir 100 millones de pesos. Sin eso, ni a la esquina”. Es tremendo, estamos hablando de 300 pesos por cada votante para ganar la elección y 20 veces el tope permitido de gasto. Cien millones de pesos que significan favores que debe el candidato, en el mejor de los casos, y corrupción abierta a través de desvío de fondo o cobro de comisiones en obras públicas, en el peor de los casos. La cantidad es un insulto, pero lo más preocupante está detrás: desvío de recursos de administraciones; licitaciones a modo para favorecer a empresas que apoyaron una campaña; otorgamiento de plazas a personajes que buscan lucrar con la administración pública y la construcción de una “economía electoral” que pulula en torno a los políticos, olfateando el dinero público y los negocios. Detrás de nuestro modelo electoral, simuladamente público, pero que en la realidad se alimenta de dinero privado y desviación de recursos de administraciones locales (sobre todo), se encuentra la génesis de los problemas de conflicto de interés, corrupción e ineficiencia de los gobiernos electos. Lo que mal empieza, mal termina.
Así, en las campañas encontramos dinero lícito e ilícito, aunque según las cuentas que hacen organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil mexicanas, el peso del dinero ilícito, no registrado, que se entrega en efectivo, es mayor que los recursos que llegan a los partidos políticos a través de la vía legal. En la última elección a nivel federal, se gastaron, según los cálculos elaborados por México Evalúa para encontrar una cifra real que fuera más allá de los datos oficiales, la cantidad de 40 mil 248 millones de pesos. Unos 63 dólares por elector si contamos sólo los que acudieron a las urnas. Muy por encima de los 40 centavos por elector que se gasta en Argentina o los 29 centavos que se gasta en Brasil. No es descabellado decir que si los políticos sólo gastaran el dinero que se les asigna cada año—que no es poco— el problema del dinero que compra elecciones no sería tan grave. Sin embargo, según cálculos que han hecho organismos como la Organización de Estados Americanos o investigaciones de Organizaciones de la Sociedad Civil como Alianza Cívica: hasta ocho de cada 10 pesos que se gastan en las elecciones tendrían un origen ilícito.
Esto quiere decir que si convertimos en pesos y centavos esta premisa, podemos decir que a nivel nacional se llegaron a gastar en 2012 hasta 200 mil millones de pesos en las elecciones presidenciales. No es poco: casi dos puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Así, con este caudal de recursos públicos y privados, se ha generado toda una economía sumergida en materia electoral que consta de brigadas, asesores, medios de comunicación, pinta bardas, operadores de redes sociales, distribuidores de prebendas, encargados distritales y todo lo que usted pueda imaginar. Una economía sumergida que se paga en efectivo, operados completamente en negro, que permite la compra votos y de las lealtades políticas.
Consecuencias negativas
Esta preponderancia del dinero en las elecciones tiene impacto en todos los órdenes. En primer lugar, reproduce una cultura de patrimonialismo burocrático que ha lastimado profundamente a nuestra democracia. Existe esta idea entre los candidatos, y aquellos que lo acompañan, que han pagado por un producto, de la misma forma que alguien compra un galón de leche o la llanta de un auto. Es decir, si alguien pagó por un puesto, ya en funciones toca el turno de recuperar la inversión y generar una ganancia. El cargo público visto como un patrimonio que le pertenece al funcionario en turno. Tan claro ni el agua, este patrimonialismo significa torcer de fondo la voluntad popular y la esencia misma de la representación.
En segundo lugar, induce a gran escala el clientelismo tan característico de nuestro sistema democrático. Un candidato repleto de billetes difícilmente tendrá el incentivo de convencer y disuadir a los electores como ciudadanos de plenos derechos, sino que tendrá la tentación de buscar un arreglo económico con ellos. ¿Para qué molestarse en construir una plataforma programática sólida y confiable si el candidato puede repartir despensas y prebendas en colonias económicamente marginadas? ¿O para qué quebrarse la cabeza buscando soluciones a los problemas de la ciudad, el estado o el país si se pueden pagar largas y elegantes cenas en donde el proyecto sea lo último a tomar en cuenta? ¿O para qué buscar a especialistas y académicos reconocidos, si el candidato puede organizar conciertos masivos con centenares o miles de asistentes? El dinero en elecciones genera incentivos muy perversos que diluyen por completo el estatus de ciudadanía.
En tercer lugar, entre más cuestan las elecciones, más compromisos y conflicto de interés aparecen en el horizonte de los candidatos. El conflicto de interés es un problema relativamente común a la labor del político. Permanentemente, el político se encuentra en cruces de caminos: la cúpula de su partido o su equipo de trabajo; su distrito o la ciudadanía en general; sus intereses electorales o el programa político del partido. Es decir, el conflicto de interés es casi un elemento inherente a la política. Sin embargo, el conflicto de interés más dañino para la democracia es el que ocurre cuando el representante se encuentra obligado a seguir intereses privados a costa de sacrificar el interés de todos. Licitaciones públicas amañadas para que gane uno de los concursantes, utilización de recursos públicos para proteger su futuro político, o complicidad con empresarios que atan las manos a los funcionarios.
En cuarto lugar, va erosionando el papel de las ideas y los proyectos en las elecciones. Hace no mucho, en una conversación que tuvo con estudiantes en Guadalajara, Rubén Aguilar —ex vocero de Los Pinos durante la Presidencia de Vicente Fox— nos advirtió que eran mejor olvidarnos de esa visión romántica de las elecciones en donde se contrastan proyectos, se elaboran propuestas y se debate racionalmente entre distintas ideologías. A partir de ahora, las elecciones son una disputa entre despachos de imagen y asesores, en donde los grandes proyectos políticos se encuentran ausentes. Sigo viendo esa afirmación como algo exagerada, aunque es indudable que la imagen construida por despachos y asesores profesionales, ha tomado un papel central en la vida electoral mexicana. Y aunque la profesionalización de esta actividad no es negativa en sí misma, lo que sí podemos decir es que trivializa la política y la vuelve un juego de ver quién sonríe mejor, qué eslogan es más ingenioso o quién actúa mejor el papel de padre de familia responsable, que va a misa los domingos y es un excelente esposo. El exceso de dinero en la política provoca que los candidatos se acerquen a despachos caros que centran su asesoría en la imagen y dejan hasta el último en la lista de prioridades el proyecto de transformación que debe estar en la raíz de la política.
En quinto lugar, reproduce la construcción de una clase política que se eterniza en los cargos y se colocan más barreras a la participación de los ciudadanos. ¿Es posible que un ciudadano ajeno a la lógica de los partidos políticos se postule seriamente como alcalde en unas elecciones si sabe que para mediamente competir necesita una carretada de billetes? No son las firmas ni tampoco los requisitos que deben cumplir, lo que provoca que los candidatos independientes tengan nula posibilidad de ganar una elección. Es el dinero la gran barrera para que los candidatos independientes sean competitivos. Mientras se necesiten más de 100 millones de pesos para ser alcalde de Guadalajara, sólo las maquinarias de los partidos y su articulación con distintos intereses públicos y privados, son capaces de llevarse una elección.
No tengo dudas que el dinero a raudales y sin controles es el cáncer de la democracia. El dinero privado en la política sin registro, ya sea que provenga del narcotráfico o de empresarios que buscan licitaciones a modo, provoca simplemente que se destruya el vínculo entre representante y representando, pervirtiendo la esencia misma de la democracia. No es exagerado decir que uno de nuestros grandes problemas nacionales se encuentra precisamente en la forma en que se ejerce el gasto público y el papel no admitido del gasto privado en las elecciones. Mientras no resolvamos este problema, mientras las reformas electorales volteen para otro lado sin atender este problema estructural, el malestar y la decepción con la democracia que sienten muchos ciudadanos seguirá creciendo.
Nos guste o no (a mí definitivamente no), pero el dinero gana elecciones en México. No siempre el que más gasta se lleva la victoria, pero hay que desfundar una buena cantidad de recursos para siquiera competir. Hace no mucho, tomando un café, un político que ha pasado por varias elecciones desde los noventas me decía: “si quieres competir en Guadalajara, tienes que reunir 100 millones de pesos. Sin eso, ni a la esquina”. Es tremendo, estamos hablando de 300 pesos por cada votante para ganar la elección y 20 veces el tope permitido de gasto. Cien millones de pesos que significan favores que debe el candidato, en el mejor de los casos, y corrupción abierta a través de desvío de fondo o cobro de comisiones en obras públicas, en el peor de los casos. La cantidad es un insulto, pero lo más preocupante está detrás: desvío de recursos de administraciones; licitaciones a modo para favorecer a empresas que apoyaron una campaña; otorgamiento de plazas a personajes que buscan lucrar con la administración pública y la construcción de una “economía electoral” que pulula en torno a los políticos, olfateando el dinero público y los negocios. Detrás de nuestro modelo electoral, simuladamente público, pero que en la realidad se alimenta de dinero privado y desviación de recursos de administraciones locales (sobre todo), se encuentra la génesis de los problemas de conflicto de interés, corrupción e ineficiencia de los gobiernos electos. Lo que mal empieza, mal termina.
Así, en las campañas encontramos dinero lícito e ilícito, aunque según las cuentas que hacen organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil mexicanas, el peso del dinero ilícito, no registrado, que se entrega en efectivo, es mayor que los recursos que llegan a los partidos políticos a través de la vía legal. En la última elección a nivel federal, se gastaron, según los cálculos elaborados por México Evalúa para encontrar una cifra real que fuera más allá de los datos oficiales, la cantidad de 40 mil 248 millones de pesos. Unos 63 dólares por elector si contamos sólo los que acudieron a las urnas. Muy por encima de los 40 centavos por elector que se gasta en Argentina o los 29 centavos que se gasta en Brasil. No es descabellado decir que si los políticos sólo gastaran el dinero que se les asigna cada año—que no es poco— el problema del dinero que compra elecciones no sería tan grave. Sin embargo, según cálculos que han hecho organismos como la Organización de Estados Americanos o investigaciones de Organizaciones de la Sociedad Civil como Alianza Cívica: hasta ocho de cada 10 pesos que se gastan en las elecciones tendrían un origen ilícito.
Esto quiere decir que si convertimos en pesos y centavos esta premisa, podemos decir que a nivel nacional se llegaron a gastar en 2012 hasta 200 mil millones de pesos en las elecciones presidenciales. No es poco: casi dos puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Así, con este caudal de recursos públicos y privados, se ha generado toda una economía sumergida en materia electoral que consta de brigadas, asesores, medios de comunicación, pinta bardas, operadores de redes sociales, distribuidores de prebendas, encargados distritales y todo lo que usted pueda imaginar. Una economía sumergida que se paga en efectivo, operados completamente en negro, que permite la compra votos y de las lealtades políticas.
Consecuencias negativas
Esta preponderancia del dinero en las elecciones tiene impacto en todos los órdenes. En primer lugar, reproduce una cultura de patrimonialismo burocrático que ha lastimado profundamente a nuestra democracia. Existe esta idea entre los candidatos, y aquellos que lo acompañan, que han pagado por un producto, de la misma forma que alguien compra un galón de leche o la llanta de un auto. Es decir, si alguien pagó por un puesto, ya en funciones toca el turno de recuperar la inversión y generar una ganancia. El cargo público visto como un patrimonio que le pertenece al funcionario en turno. Tan claro ni el agua, este patrimonialismo significa torcer de fondo la voluntad popular y la esencia misma de la representación.
En segundo lugar, induce a gran escala el clientelismo tan característico de nuestro sistema democrático. Un candidato repleto de billetes difícilmente tendrá el incentivo de convencer y disuadir a los electores como ciudadanos de plenos derechos, sino que tendrá la tentación de buscar un arreglo económico con ellos. ¿Para qué molestarse en construir una plataforma programática sólida y confiable si el candidato puede repartir despensas y prebendas en colonias económicamente marginadas? ¿O para qué quebrarse la cabeza buscando soluciones a los problemas de la ciudad, el estado o el país si se pueden pagar largas y elegantes cenas en donde el proyecto sea lo último a tomar en cuenta? ¿O para qué buscar a especialistas y académicos reconocidos, si el candidato puede organizar conciertos masivos con centenares o miles de asistentes? El dinero en elecciones genera incentivos muy perversos que diluyen por completo el estatus de ciudadanía.
En tercer lugar, entre más cuestan las elecciones, más compromisos y conflicto de interés aparecen en el horizonte de los candidatos. El conflicto de interés es un problema relativamente común a la labor del político. Permanentemente, el político se encuentra en cruces de caminos: la cúpula de su partido o su equipo de trabajo; su distrito o la ciudadanía en general; sus intereses electorales o el programa político del partido. Es decir, el conflicto de interés es casi un elemento inherente a la política. Sin embargo, el conflicto de interés más dañino para la democracia es el que ocurre cuando el representante se encuentra obligado a seguir intereses privados a costa de sacrificar el interés de todos. Licitaciones públicas amañadas para que gane uno de los concursantes, utilización de recursos públicos para proteger su futuro político, o complicidad con empresarios que atan las manos a los funcionarios.
En cuarto lugar, va erosionando el papel de las ideas y los proyectos en las elecciones. Hace no mucho, en una conversación que tuvo con estudiantes en Guadalajara, Rubén Aguilar —ex vocero de Los Pinos durante la Presidencia de Vicente Fox— nos advirtió que eran mejor olvidarnos de esa visión romántica de las elecciones en donde se contrastan proyectos, se elaboran propuestas y se debate racionalmente entre distintas ideologías. A partir de ahora, las elecciones son una disputa entre despachos de imagen y asesores, en donde los grandes proyectos políticos se encuentran ausentes. Sigo viendo esa afirmación como algo exagerada, aunque es indudable que la imagen construida por despachos y asesores profesionales, ha tomado un papel central en la vida electoral mexicana. Y aunque la profesionalización de esta actividad no es negativa en sí misma, lo que sí podemos decir es que trivializa la política y la vuelve un juego de ver quién sonríe mejor, qué eslogan es más ingenioso o quién actúa mejor el papel de padre de familia responsable, que va a misa los domingos y es un excelente esposo. El exceso de dinero en la política provoca que los candidatos se acerquen a despachos caros que centran su asesoría en la imagen y dejan hasta el último en la lista de prioridades el proyecto de transformación que debe estar en la raíz de la política.
En quinto lugar, reproduce la construcción de una clase política que se eterniza en los cargos y se colocan más barreras a la participación de los ciudadanos. ¿Es posible que un ciudadano ajeno a la lógica de los partidos políticos se postule seriamente como alcalde en unas elecciones si sabe que para mediamente competir necesita una carretada de billetes? No son las firmas ni tampoco los requisitos que deben cumplir, lo que provoca que los candidatos independientes tengan nula posibilidad de ganar una elección. Es el dinero la gran barrera para que los candidatos independientes sean competitivos. Mientras se necesiten más de 100 millones de pesos para ser alcalde de Guadalajara, sólo las maquinarias de los partidos y su articulación con distintos intereses públicos y privados, son capaces de llevarse una elección.
No tengo dudas que el dinero a raudales y sin controles es el cáncer de la democracia. El dinero privado en la política sin registro, ya sea que provenga del narcotráfico o de empresarios que buscan licitaciones a modo, provoca simplemente que se destruya el vínculo entre representante y representando, pervirtiendo la esencia misma de la democracia. No es exagerado decir que uno de nuestros grandes problemas nacionales se encuentra precisamente en la forma en que se ejerce el gasto público y el papel no admitido del gasto privado en las elecciones. Mientras no resolvamos este problema, mientras las reformas electorales volteen para otro lado sin atender este problema estructural, el malestar y la decepción con la democracia que sienten muchos ciudadanos seguirá creciendo.