Burbuja política

GUADALAJARA, JALISCO (09/OCT/2016).- No extraña el fastidio que una buena parte de la ciudadanía tiene contra la clase política. Pasan los años y mientras el país se encuentra en estancamiento económico y con extravío de un proyecto serio a futuro, sus élites políticas tienen salarios y prerrogativas ni siquiera comparables con las naciones más desarrolladas del mundo. La indignación es fruto de una realidad innegable: las élites políticas en México han configurado un sistema de privilegios que es difícil de explicar en los tiempos que vivimos. Es cierto, por décadas fue tolerado, pero hoy causa indignación que el salario promedio del sector público sea tres veces mayor que el promedio de sueldos en el sector privado. Causa indignación que los privilegios de la clase política contrasten con las paupérrimas condiciones de vida que padecen la mayoría de los mexicanos. Es innegable que una parte del gasto público en nuestro país se va en la configuración de una auténtica burbuja política, una lógica de gasto que obedece a los compromisos políticos de los gobernantes y no a criterios de justicia y eficiencia en el gasto gubernamental.

México atraviesa por un momento difícil en materia de finanzas públicas. La borrachera de gasto público de 2013 y 2014, nos trajo los sangrientos recortes de 2015 y 2016. Y qué decimos del 2017, 230 mil millones de pesos menos en educación, inversión pública, salud y programas sociales. Sólo en Salud, el Ejecutivo Federal plantea una disminución del gasto de 23 mil millones de pesos, de los cuales 10 mil millones son recortes al Seguro Popular. A esto le agregamos que la deuda del país alcanza los 50 puntos del PIB y la inversión pública nunca había sido tan baja: 3.5% del total de la economía. El endeble equilibrio de nuestras finanzas públicas se rompió y el ajuste que se aproxima será uno de los más profundos en décadas. Un ajuste que entró en fase crítica en el paquete económico del siguiente año en donde alcanzar el superávit primario implica sacar la tijera y meterse con el gasto social y la mínima inversión pública que aún queda. Asimismo, el Gobierno Federal asume que el presupuesto de 2018 también traerá aparejado fuertes recortes en el gasto público.

Recordar que a diferencia de lo que decían las autoridades federales y estatales, la inversión en obra pública llegó al mínimo en décadas: sólo 3.5% del PIB en el primer trimestre de 2016 y 3.8% en el segundo trimestre de este año. Y como lo señala el semáforo económico, ocho de cada 10 pesos del gasto público nacional se irán en pago de nómina, gasto corriente y pensiones; mientras que sólo dos en gasto de inversión. Una cifra dramática, partiendo del hecho de que la reforma fiscal ha aportado muchos recursos que no se van en gasto de inversión.

Sin embargo, el ajuste no es para todos. A pesar de los pesares, el sistema político, sus principales actores, mantienen sus intereses intocados. Resulta difícil de explicar que en México se toque antes el presupuesto educativo que los intereses de los partidos políticos, por ejemplo. Resulta difícil de explicar que el Gobierno Federal saque la tijera y reduzca los recursos para el Seguro Popular, y sin embargo, el Instituto Nacional Electoral (INE) esté en proceso de construcción de un nuevo edificio que costará más de mil millones de pesos. Odio la demagogia barata, pero es un sinsentido que en México antes de pensar en reducir en cinco puntos porcentuales el gasto en política social de Gobierno, no se piense en disminuir los recursos que reciben los partidos políticos. Y es que de acuerdo al proyecto económico 2017, sólo a nivel federal, los partidos políticos recibirán 4 mil 138 millones de pesos, 3% más que en 2016 y 25% más que en 2011, por comparar años previos a la elección presidencial. ¿No se supone que uno de los objetivos de la reforma electoral centralista de 2014 era bajar el gasto electoral y, por ende, el altísimo costo de nuestra maltrecha democracia? No sólo se violó el federalismo con la reforma, sino que las ventajas publicitadas nunca aparecieron.

O para dar más ejemplos. El Gobierno Federal decidió no tocar los privilegios salariales de la cúpula política. Ministros de la Corte, Senadores, Diputados y Consejeros mantendrán salarios que van desde los casi dos millones al año que cobra cada diputado hasta los casi siete que cobra un ministro. Y en presupuesto global, sin ni siquiera sensibilizarse ante los recortes en educación, campo, salud y política social, la Cámara de Diputados y el Senado aumentarían sus percepciones en 3.1 y 4.2%, respectivamente. Y qué decimos de los estados: el paquete económico 2017 contempla un aumento de 5.3% en las participaciones que reciben las entidades federativas. Es inverosímil que en un momento complicado para las finanzas públicas no haya ninguna señal para los estados de que es tiempo de reducir burocracias inservibles, disminuir gastos superfluos y apretarse el cinturón. Las entidades federativas utilizan su autonomía irresponsablemente, apostando por un modelo de finanzas públicas insustentable y reproductora de intereses particulares.

En 2016, un billón 595 mil 218 millones de pesos representaron el gasto federalizado que se transfirió a las entidades federativas. Es decir, 35 de cada 100 pesos que se gastan en México son ejercidos por estados y municipios. Sin embargo, los estados siguen siendo espacios con altos niveles de impunidad en el gasto. Es cierto, las diferencias entre estados y municipios son enormes, pero si revisamos los datos nos daremos cuenta que existen sinsentidos enormes. Hay estados en donde el gasto de la oficina del gobernador en turno eroga más que toda la política social. O gasto en comunicación desbordado e injustificable, bajo ningún parámetro. Si queremos un Estado que gaste en lo que debe gastar, es fundamental que la burbuja política se ponche también desde lo local.

Más allá de hacer una revisión de las áreas en donde el Gobierno federal podría cortar antes de hacerlo en educación, salud o política social, lo interesante es percatarnos de como la clase política sigue sin entender el momento por el que pasa el país. El entorno político ha roto las coordenadas clásicas de la política y las referencias identitarias ahora dependen menos de conceptos tradicionales como izquierda, derecha, liberal o conservador. Ahora, el plano político se estructura a partir de la distancia que separa a las élites del ciudadano común. No sólo en nuestra sociedad, también en muchas otras, se ha interiorizado la idea de que la clase política está ahí para defender intereses que no necesariamente embonan con el interés general. Una clase política que cuida sus privilegios; una clase política divorciada de las necesidades sociales; una clase política que articula y reproduce la impunidad. Decisiones como la del recorte presupuestal construyen esa franja entre los ciudadanos que deben contener los golpes de los ajustes presupuestales y una clase política que no está dispuesta a hacer ningún esfuerzo.

La burbuja política, un término que popularizó el partido “Ciudadanos” -un instituto político liberal-, significa todo ese dinero que se va en mantener y afinar la maquinaria política que protege los intereses del sistema de partidos y de la clase política. Todo ese dinero que se hace pasar como indispensable para la democracia, pero que en realidad responde a formas específicas de entender el gasto público. ¿Cómo es posible que en México, los partidos políticos reciban más recursos públicos que en España, Argentina, Francia y Reino Unido? ¿Cómo es posible que en México mantengamos un Congreso de la Unión que es más caro que el de Estados Unidos? ¿A alguien le parece que tiene sentido que el Gobierno mexicano pague sueldos mayores que naciones con economías cinco veces más grandes que la nuestra? Es toda una gran burbuja construida en torno a la idea de que la democracia cuesta y hay que pagarla.

Los recortes al presupuesto dejan intocada la burbuja política que tanta indignación causa a buena parte de la población. Salarios exorbitados, privilegios injustificables, partidos políticos millonarios, gasto excesivo en publicidad gubernamental y un sistema electoral carísimo, contrastan con sueldos de miseria para una mayoría, un gasto en salud que no ajusta ni remotamente para atender la demanda nacional, escuelas públicas que deben rechazar aspirantes por insuficiencia económica, hospitales sin inversión, calles destrozadas por doquier, proyectos de infraestructura en el baúl de los recuerdos y un estado de bienestar inexistente. México necesita una revolución en materia de gasto público, la voluntad de los partidos políticos para detener el ensanchamiento sin límites de sus privilegios y reconfigurar el gasto del Gobierno. Recortar en salud, educación y política social nos condena a reproducir un Estado que abandona a los más vulnerables, mientras financia sin ambigüedades los privilegios de una pequeña élite política.