Sin resultados, unidad de Fiscalía contra la tortura

Tras más de un año de crearse la Unidad Especializada contra la Tortura en la Fiscalía del Estado (26 de noviembre de 2018), a la fecha no hay una sola sanción aplicada gracias a sus investigaciones. Y parte de esto se debe a que tardaron nueve meses sólo para reunir las pesquisas pendientes.

A través de una solicitud de Transparencia, la Fiscalía de Derechos Humanos justificó que la falta de resultados se debe justo a que “es hasta agosto (de 2019) que se realiza la concentración de las mismas (las investigaciones) para continuar con su trámite”.

De 61 carpetas de investigación y averiguaciones previas iniciadas desde 2016, solamente 45 se hallan en trámite. “El resto está archivado de manera provisional”, contestó la dependencia.

Investigaciones por tortura

Año	2016	2017	2018	2019	Total
Investigaciones	20	15	18	8*	61

*enero-julio.

Fuente: Fiscalía del Estado.

En Jalisco sólo hay 61 denuncias formales por tortura desde 2016

Paula (cuyo nombre es ficticio) relató a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) que en octubre de 2018 fue a una    reunión en el municipio de Chapala, y que al preparar su regreso atestiguó un enfrentamiento entre elementos de la Unidad Antisecuestro de la Fiscalía del Estado con civiles, derivado de un operativo.

Según narró, Paula vio a una niña sola a quien trató de proteger. Y por hacer eso, un grupo de personas “encapuchadas” la detuvo. Pero no quedó allí, pues también fue golpeada y la llevaron a varios sitios, en donde fue sometida a tortura con el fin de que aceptara los señalamientos de las autoridades.

A pesar de presumir mayores acciones contra la tortura, desde 2016 la autoridad estatal ha recibido apenas 61 denuncias por este delito, informó la Fiscalía de Derechos Humanos. Y justo ese año fue el que más acumuló, con 20 carpetas de investigación y averiguaciones previas abiertas.

César Octavio Pérez Verónica, director del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), lamentó que, pese a la implementación del nuevo sistema de justicia penal en 2016, que supone ser más garantista, la práctica no se haya erradicado.

“Supuestamente este modelo de justicia iba a garantizar el debido proceso y, sin embargo, seguimos viendo casos de tortura”.

Explicó que el nuevo esquema implica que la persona detenida tiene que ser salvaguardada en sus derechos, en principio con la lectura de los mismos, así como garantizar su integridad física. Y no obstante eso, los golpes y daños físicos para obtener información o lograr confesiones, persisten.

Los 61 casos, añadió, tampoco son significativos en cuanto a la frecuencia que este fenómeno registra en la cifra negra (los casos que no se denuncian por temor a represalias).

Recordó que la última Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad (Enpol) levantada de octubre a diciembre de 2016 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reveló que, en Jalisco, siete de cada 10 personas recluidas en prisión aseguraron haber recibido agresiones físicas durante su detención, desde patadas, golpes, quemaduras y hasta descargas eléctricas, entre otras.  El porcentaje superó la media nacional: 63.8 por ciento.

La Fiscalía concentra mayoría de quejas

De entre todas las corporaciones municipales y estatales que hay en Jalisco, la Fiscalía estatal es la que más quejas registra ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ): son ocho de cada 10, expuso Fernando Zambrano Paredes, coordinador de Seguimiento.

“Desafortunadamente es la más señalada. En un 80% u 85% de los casos que nosotros tenemos conocimiento de las que se presentan ante la Dirección de Quejas, señalan como presuntos responsables a elementos o servidores públicos de Fiscalía: llámese Ministerios Públicos, secretarios o policías investigadores, sobre todo”.

Reiteró que ni las capacitaciones, ni las áreas de prevención y sanción, ni los muchos discursos de las autoridades, han logrado erradicar la práctica de la tortura en la Fiscalía y el resto de las corporaciones.

“Tienen sus áreas de control dentro de la propia Fiscalía contra la tortura, que si bien es cierto son mecanismos de prevención, detección y sanción, eso no ha inhibido el que se siga dando este flagelo que sigue aconteciendo en Jalisco”.

Una de las prácticas más comunes que han documentado es cubrir el rostro con tela y mojarla para provocar asfixia, de modo que no se dejan huellas de maltrato mientras se obliga a las personas a confesar.

También utilizan la tortura psicológica con amenazas en contra de familiares o amigos. 

TESTIMONIO ANÓNIMO

Fue sometida a golpes para que confesara

Sucedió el 3 de octubre de 2018. Una ostentosa movilización policial se registró en la población de Ajijic, ubicada en el municipio de Chapala, donde se informó de una balacera entre autoridades y civiles unos 800 metros antes del Instituto Superior de Chapala.

Posteriormente se confirmó que se trataba de un operativo de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía estatal.

Paula, quien tiene miedo de que se publique su verdadero nombre, fue detenida por individuos encapuchados que la relacionaron con esos hechos. A ella la encontraron junto con un menor de edad, a quien ella aseguró que protegía de los proyectiles detonados durante el enfrentamiento.

Cuando se la llevaron, los encapuchados no le leyeron sus derechos ni la pusieron bajo resguardo. Tampoco fue puesta a disposición del Ministerio Público de inmediato, según relató a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).

“Lo primero que hicieron fue golpearme, preguntando por personas que no conocía. Me pegaron en la cara con una pistola y me caí con todo y la bebé. Después me patearon en el estómago y luego de un rato me levantaron y me dijeron que ya sabían que yo no era, pero que me iban a llevar a la Fiscalía”.

Lo hicieron. Con la cabeza tapada y en una camioneta negra, donde la continuaron golpeando. “Me decían que iban a matar a mi familia si yo no me echaba la culpa”.

Debido a tantos golpes le provocaron una hemorragia interna, pues comenzó a sangrar. “Me llevaron a un lugar donde me sentaron y un hombre me empezó a manosear. Yo estaba esposada de mis manos. Como podía me defendía, pero ya estaba cansada”.

Siguieron golpeándola, le quitaron la blusa y le dijeron que eso se merecía “por tonta”. Paula recuerda que incluso le pegaron con las dos manos en los oídos. Y aunque ocasionalmente la entrevistaba una persona que le decía que todo iba a estar bien, los golpes volvían después.

Sólo entonces, una mujer la asistió.

“Me quitó la prenda que tenía en la cabeza y se asustó al ver cómo me tenían. Mi cara estaba toda roja, la sangre molida y tenía mi ojo izquierdo cerrado. Mi pómulo con una bola enorme, no tenía cabello, la mayoría me lo arrancaron con las manos, me arrastraron. La pobre muchacha me veía y ella se agachaba, se veía que estaba triste. Yo le dije: ¿En dónde estamos? Ella me dijo que en (la Unidad) Antisecuestros”.

Allí supo que estaba detenida, y hasta ese entonces la hicieron firmar sus derechos, pero pese a ello, la volvieron a golpear en varias ocasiones. “Me daban cachetadas y me apuntaban con una pistola en la frente. Me decían que me iba a matar”.

Por esta queja, la CEDHJ emitió la recomendación 29/2019 dirigida al fiscal Gerardo Octavio Solís para que instruya a la reparación del daño, a orientar a la víctima jurídicamente e iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos involucrados en este caso de tortura.

Ningún esfuerzo es suficiente

Fernando Zambrano Paredes, coordinador de Seguimiento a Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), reconoció que el fenómeno de la tortura en la Entidad se ha mantenido pese a los constantes esfuerzos por erradicarla.

En 2018 recibieron 61 quejas; éstas derivaron en seis recomendaciones. En 2019 recibieron 47, y dos de ellas ya concluyeron en recomendaciones. “Con estos indicadores, quiero precisar que (la práctica de golpear a un señalado para obtener su confesión) no ha bajado, se ha mantenido. Insisto: no debe haber, a estas alturas, ni un sólo caso”.

César Octavio Pérez Verónica, director del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), consideró que la falta de resultados empata con el interés que tienen las autoridades en atacar el fenómeno. “No es un tema al que le estén poniendo un particular interés”.

En su opinión, no fue a partir de la Unidad Especializada que se debió atender la tortura, pues desde 1993 se generó el primer marco legal para investigar esos casos y a la fecha no hay una sola sanción contra los responsables.

¿Por qué persiste la práctica?

• Históricamente ha sido una forma de sortear las reglas y  sustituir las labores de investigación, pues para los agentes es más rápido obtener datos a través del sometimiento físico y psicológico.
• Como se trata de un delito oculto, los servidores públicos se desinhiben para llevarla a cabo, sobre todo con métodos que no dejan huellas físicas.
• A quienes cometen este ilícito regularmente les da una sensación de superioridad, al hacerle saber a sus víctimas que ellos son las autoridades.
• La falta de capacitación y de voluntad por parte de las autoridades en realmente imponer sanciones ejemplares a los servidores públicos que cometen tortura
• No obstante, la tortura no es sólo a golpes. La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes amplió la definición a la tortura psicológica, como la intimidación o la vejación.

Un equipo con experiencia

El 26 de noviembre de 2018 se anunció que la Unidad Especializada contra la Tortura estaría conformada por un equipo de 10 personas y un coordinador, quien mantendría comunicación constante con el Poder Judicial y organizaciones defensoras de los derechos humanos. También la integraría un médico, un psicólogo, un agente del Ministerio Público, dos secretarios, dos actuarios, un relator y dos policías investigadores.

Sobre advertencia…

Para inhibir la práctica de la tortura, los agentes de todas las corporaciones en Jalisco son capacitados constantemente en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, las consecuencias administrativas y penales que pueden tener, y además les advierten que cualquier antecedente se incorpora a su expediente, lo que dificultará acreditar los controles de confianza y que obtengan empleo en el servicio público. En la CEDHJ hay antecedentes de servidores que tuvieron algún antecedente por tortura de hace 10 años y que solicitan que se elimine de los expedientes, debido a que no pueden conseguir empleo.

Los golpes no son todo...

Medicina. También quien realiza procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo comete el delito de tortura, según la ley mexicana en la materia.

Permiso. Sin importar que un servidor público permita o autorice la práctica, de igual manera se comete este ilícito. Incluso quien autoriza obtener confesiones a partir de la violencia es partícipe del mismo y puede ser sancionado.

Penas. En México, quien sea hallado culpable del delito de tortura podrá enfrentar una pena de entre 10 a 20 años de prisión, y de 500 a mil días de multa, al servidor público que incurra en alguna de estas conductas ilícitas.