Inversión y seguridad para el desarrollo

Una fiel muestra de que la decisión de los Poderes de la Unión es atacar integralmente la asechanza delincuencial, se advierte por principio de cuentas en el compromiso asumido por el Poder Judicial de emprender una mayor eficiencia en la administración de justicia, pero además el Ejecutivo federal, junto con el Poder Legislativo, trabajan también por profundas reformas jurídicas por un lado y adicionalmente aplicar mayores recursos a las tareas de prevención social y seguridad pública, así como de procuración de justicia, al mismo tiempo que incentivar la inversión en infraestructura productiva.

Ahora que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens Carstens, entregó la propuesta del Ejecutivo federal, correspondiente al proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2009, compareciendo incluso directamente ante las respectivas comisiones legislativas de Hacienda, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, esta última que me honro presidir, confirmamos la firme voluntad del Presidente Felipe Calderón por dar la batalla final contra el crimen y la delincuencia organizada, solicitando recursos históricos para fortalecer a las instituciones responsables de brindar seguridad y protección a la comunidad, al mismo tiempo que plantea acrecentar el presupuesto que favorezca condiciones para ampliar la infraestructura al servicio de la producción.

De esta manera, mientras se combate de frente a quienes ofenden a la ciudadanía, violentando las normas legales y atentando contra la vida o patrimonio de los mexicanos, el Presidente Calderón simultáneamente busca estratégicas reformas que brinden certeza jurídica a los inversionistas que le apuesten a México en sus necesidades de infraestructura productiva.

En consecuencia, podemos esperar una mayor oferta de empleos, mejoría económica y certidumbre productiva, en tanto se destierra a los delincuentes de nuestras calles y avenidas y se somete al imperio de la ley a los criminales que tratan de evadir el Estado de derecho, esfuerzos integrales altamente prometedores que mucho demandamos los ciudadanos.

Evidentemente estos propósitos exigen la participación de todos los mexicanos sin distingos: comenzando por honrar nuestras obligaciones y responsabilidades, que son indispensables para financiar esta altura de esfuerzos contra las actuales afrentas a la sociedad y los sectores productivos, así como por reiterar nuestro compromiso con la nación, invirtiendo nuestro patrimonio en proyectos de gran impacto social, como son los energéticos y las telecomunicaciones actualmente en consensos, además de la participación en tareas de denuncia ciudadana de ilícitos y mostrando con nuestros actos que respetamos el marco jurídico que nosotros mismos acordamos a través de nuestros legisladores; y por parte del Gobierno, gastar con transparencia, honradez y eficiencia, además de cuidar responsablemente los recursos de todos los mexicanos.

Está claro que no nos dejamos vencer frente a las adversidades, y cuando se necesita nos hemos solidarizado entre nosotros; ésta es una nueva oportunidad para reiterar nuestra convicción de que México tiene prisa por un mayor desarrollo para todos, en la firme esperanza de que lo mejor está por venir.

RAÚL ALEJANDRO PADILLA OROZCO / Representante ciudadano y empresario.
Correo electrónico: rapo@rapo-com.mx

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