Debido al comportamiento mostrado por los consumidores, que se han venido apoyando cada vez con más facilidad en las tarjetas de crédito comerciales y bancarias, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ha reiterado su preocupación por los indicios de sobreendeudamiento que registran las familias mexicanas.
Para atender esta situación, y con el afán de darle herramientas al consumidor para que esté muy consciente y sea realista respecto del crédito que solicita y de su capacidad de pago, la Profeco ha obligado a las tiendas comerciales que venden bajo la modalidad de crédito, a transparentar la información sobre las condiciones en las que lo otorgan, los plazos a que lo hacen, el costo del financiamiento incluyendo todos los gastos inherentes al mismo, mejor conocido como Costo Anual Total (CAT), así como las diferentes opciones para pagar y las implicaciones de caer en morosidad.
Por increíble que parezca, muchísimos consumidores tomaban la decisión de compra en los comercios sólo en base al monto que les marcaban que debían pagar por semana, por quincena o por mes, sin ni siquiera calcular el precio total de lo que estaban comprando, pues había muchos casos en que ni siquiera se especificaba el número de pagos a que se obligaba el deudor.
El vender en estas condiciones no sólo debe ser considerado un engaño, sino una falta moral, ya que se acaba lucrando con la ignorancia de mucha gente que con tal de hacerse de los bienes por tanto tiempo anhelados, no tenía elementos para medir si podría o no cumplir con el compromiso asumido. Así que más allá de celebrar la nueva imposición por parte de la Profeco, habría que cuestionarse porqué esta dependencia no exigió eso desde que se generalizó el uso del crédito al consumo, pues si se hubiera actuado a tiempo, se habrían evitado muchos daños patrimoniales como los que hoy numerosas familias padecen.
Todo parece indicar que la situación financiera que se puede derivar de los niveles de sobreendeudamiento de gran cantidad de familias mexicanas puede ser muy delicada, ya que a la banca comercial se le ha exigido que a partir de agosto incremente en 15% sus reservas para prevenir riesgos crediticios en tarjetas de crédito, lo cual implica menores montos disponibles y mayores costos para otorgar financiamientos, lo cual irremediablemente se reflejará en el costo que se traslade a los deudores.
Si a esto le agregamos el hecho de que ayer subieron los intereses de los Certificados de la Tesorería poco más de un cuarto de punto porcentual para llegar a 8.02%, como reflejo de una política monetaria restrictiva que reduzca las expectativas inflacionarias, podremos entender que lo que se avizora en materia financiera en el país obliga a ser cautos y conservadores.
Habrá que ver cómo responden los comerciantes y cuáles son capaces de mantener sus negocios exitosos, sin tanto abuso a clientes desinformados y con baja o nula cultura financiera.
Para atender esta situación, y con el afán de darle herramientas al consumidor para que esté muy consciente y sea realista respecto del crédito que solicita y de su capacidad de pago, la Profeco ha obligado a las tiendas comerciales que venden bajo la modalidad de crédito, a transparentar la información sobre las condiciones en las que lo otorgan, los plazos a que lo hacen, el costo del financiamiento incluyendo todos los gastos inherentes al mismo, mejor conocido como Costo Anual Total (CAT), así como las diferentes opciones para pagar y las implicaciones de caer en morosidad.
Por increíble que parezca, muchísimos consumidores tomaban la decisión de compra en los comercios sólo en base al monto que les marcaban que debían pagar por semana, por quincena o por mes, sin ni siquiera calcular el precio total de lo que estaban comprando, pues había muchos casos en que ni siquiera se especificaba el número de pagos a que se obligaba el deudor.
El vender en estas condiciones no sólo debe ser considerado un engaño, sino una falta moral, ya que se acaba lucrando con la ignorancia de mucha gente que con tal de hacerse de los bienes por tanto tiempo anhelados, no tenía elementos para medir si podría o no cumplir con el compromiso asumido. Así que más allá de celebrar la nueva imposición por parte de la Profeco, habría que cuestionarse porqué esta dependencia no exigió eso desde que se generalizó el uso del crédito al consumo, pues si se hubiera actuado a tiempo, se habrían evitado muchos daños patrimoniales como los que hoy numerosas familias padecen.
Todo parece indicar que la situación financiera que se puede derivar de los niveles de sobreendeudamiento de gran cantidad de familias mexicanas puede ser muy delicada, ya que a la banca comercial se le ha exigido que a partir de agosto incremente en 15% sus reservas para prevenir riesgos crediticios en tarjetas de crédito, lo cual implica menores montos disponibles y mayores costos para otorgar financiamientos, lo cual irremediablemente se reflejará en el costo que se traslade a los deudores.
Si a esto le agregamos el hecho de que ayer subieron los intereses de los Certificados de la Tesorería poco más de un cuarto de punto porcentual para llegar a 8.02%, como reflejo de una política monetaria restrictiva que reduzca las expectativas inflacionarias, podremos entender que lo que se avizora en materia financiera en el país obliga a ser cautos y conservadores.
Habrá que ver cómo responden los comerciantes y cuáles son capaces de mantener sus negocios exitosos, sin tanto abuso a clientes desinformados y con baja o nula cultura financiera.