Si el defenestrado rector de la Universidad de Guadalajara, Carlos Briseño Torres, hubiera colgado a Jalisco la etiqueta de “estado bananero” como un piropo por la excelente calidad o como un elogio por la estimable cantidad de su producción de frutos de la planta musácea, santo y muy bueno. Habría que decir, a coro, aunque la métrica de la rima resultara forzada —después de todo, peores atentados contra los cánones de la composición perpetran los “cantautores” modernos, y sobra quien compre sus discos—, que “Es un honor / estar (en concordancia) con el ex-rector”.
—II—
Sin embargo, no fue así. En el más reciente acto de la farsa trágica con que ha obsequiado en los últimos meses a la selecta y distinguida concurrencia, Briseño se suscribió a la acepción peyorativa del vocablo. Sostuvo, con todas sus letras, que como “ante graves irregularidades, permite todo”, la autoridad —“el desgobierno”, hubieran dicho los panistas de Antes del Cambio— sería de un nivel tercermundista. (O sea, “bananero”).
El caso es que Briseño insiste en que dispone de elementos probatorios para sostener que en los manejos de la Universidad, en la década en que él mismo ocupó importantes cargos —secretario general, rector general, etc.—, ha habido “graves irregularidades”. Tan graves, que solamente en el ejercicio correspondiente al año 2007 andarían volando más de mil 400 millones de pesos —un mundo de dinero— transferidos directamente del erario a la casa de estudios.
—III—
Lo verdaderamente censurable es su aseveración de que un debate público —del que dice que podría celebrarse en el Auditorio Télmex o el Teatro Diana..., pero no dice por qué no en la Arena Coliseo, con greñudos en una esquina y enmascarados en la otra— sería la instancia adecuada para ventilar ese asunto.
Además de que difícilmente recogerán el guante las actuales autoridades universitarias, sería muy conveniente que alguien informara al rector destituido que las leyes, en este país, imponen a quien tenga conocimiento de la comisión de un posible delito, la obligación de denunciarlo ante la autoridad correspondiente... so pena de convertirse, en el mejor de los casos, en cómplice por encubrimiento.
(Como dicen que dijo José Feliciano: “Ya veremos...”).
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Sin embargo, no fue así. En el más reciente acto de la farsa trágica con que ha obsequiado en los últimos meses a la selecta y distinguida concurrencia, Briseño se suscribió a la acepción peyorativa del vocablo. Sostuvo, con todas sus letras, que como “ante graves irregularidades, permite todo”, la autoridad —“el desgobierno”, hubieran dicho los panistas de Antes del Cambio— sería de un nivel tercermundista. (O sea, “bananero”).
El caso es que Briseño insiste en que dispone de elementos probatorios para sostener que en los manejos de la Universidad, en la década en que él mismo ocupó importantes cargos —secretario general, rector general, etc.—, ha habido “graves irregularidades”. Tan graves, que solamente en el ejercicio correspondiente al año 2007 andarían volando más de mil 400 millones de pesos —un mundo de dinero— transferidos directamente del erario a la casa de estudios.
—III—
Lo verdaderamente censurable es su aseveración de que un debate público —del que dice que podría celebrarse en el Auditorio Télmex o el Teatro Diana..., pero no dice por qué no en la Arena Coliseo, con greñudos en una esquina y enmascarados en la otra— sería la instancia adecuada para ventilar ese asunto.
Además de que difícilmente recogerán el guante las actuales autoridades universitarias, sería muy conveniente que alguien informara al rector destituido que las leyes, en este país, imponen a quien tenga conocimiento de la comisión de un posible delito, la obligación de denunciarlo ante la autoridad correspondiente... so pena de convertirse, en el mejor de los casos, en cómplice por encubrimiento.
(Como dicen que dijo José Feliciano: “Ya veremos...”).