Lo hecho, pero, sobre todo, lo alardeado sobre las caridades realizadas con dinero público, ha trascendido a ser un asunto de discusión nacional y de calificación sexenal. Varios estudiosos, desde Serrano Migallón, en el área constitucional; Del Val, en materia política; los analistas Granados Chapa, Leonardo Curcio o Bartolomé en Templo Mayor, señalan: “Es tiempo de volver a los fundamentos de nuestra concepción política y revisar si estamos cumpliendo con las normas básicas que dan identidad a nuestra vida pública”.
El negativo efecto logrado en la población se ha volcado también en periódicos de circulación nacional, con páginas enteras aportando cifras precisas de las dádivas, las que van de marzo de 2007 a la fecha a más de 320 millones de pesos, otorgados a Televisa, Televisión Azteca, la Iglesia Católica y a pequeños grupos privilegiados.
Por ello, la Cámara de Diputados, atizada por la opinión pública, aprobó que la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Función Pública investiguen la entrega de recursos públicos por parte del Gobierno de Jalisco, declarando: “De probarse la desviación de recursos públicos a fines distintos a los que fueron destinados, estaríamos en presencia de acciones de carácter penal, por ubicarse en los supuestos de peculado”.
No está a discusión si la Iglesia debe, o no, recibir donativos para sus obras de beneficencia; la caridad, como acto individual y voluntario, merece no sólo respeto, sino estímulo para acrecentarlo. Pero el tema de fondo son las formas y, sobre todo, la legalidad de los hechos y la propiedad de los recursos aportados y/o comprometidos por parte de un funcionario público. Es por ello que desde la Cámara de Diputados, se agrega:”Pensamos que la legalidad es el marco con el que se debe tratar cualquier acto de un servidor público”, abriendo la puerta para considerar si los actos realizados en Jalisco no fueran el caso.
Curcio, en respeto a la memoria de las vidas de mexicanos sacrificados- de ambos lados- provoca a la reflexión:”La memoria colectiva, en muchas regiones, todavía registra la lucha de los cristeros, y lo hace con el vigor con que se recuerda una gesta genuinamente popular”. Y esta memoria ha sobrevivido a muchos abatares, continúa Curcio, lo que puede no sobrevivir es el uso erróneo que desde dentro se haga sobre “quienes se jugaron la vida por sus ideales”; porque entonces el efecto de memoria y recuerdo, se revierte.
Es triste y vergonzoso olvidar a los maestros sacrificados por llevar educación a las comunidades durante Cristeada, pero también lo es olvidar a los cristeros que cobraron entregadamente, y relegarlos, otra vez, a la oscuridad conminarlos a la explotación como artículo de venta política.
Para terminar, palabras de Serrano Migallón: “Más allá de las convicciones personales, los intereses propios y los deseos de cada uno, debe darse paso al cumplimiento de las normas jurídicas obligatorias; argumentar en contrario, es caer en el cinismo, como mecanismo político válido”; lo que no se debe admitir es una democracia como la que los jaliscienses de todas las creencias desean.
El negativo efecto logrado en la población se ha volcado también en periódicos de circulación nacional, con páginas enteras aportando cifras precisas de las dádivas, las que van de marzo de 2007 a la fecha a más de 320 millones de pesos, otorgados a Televisa, Televisión Azteca, la Iglesia Católica y a pequeños grupos privilegiados.
Por ello, la Cámara de Diputados, atizada por la opinión pública, aprobó que la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Función Pública investiguen la entrega de recursos públicos por parte del Gobierno de Jalisco, declarando: “De probarse la desviación de recursos públicos a fines distintos a los que fueron destinados, estaríamos en presencia de acciones de carácter penal, por ubicarse en los supuestos de peculado”.
No está a discusión si la Iglesia debe, o no, recibir donativos para sus obras de beneficencia; la caridad, como acto individual y voluntario, merece no sólo respeto, sino estímulo para acrecentarlo. Pero el tema de fondo son las formas y, sobre todo, la legalidad de los hechos y la propiedad de los recursos aportados y/o comprometidos por parte de un funcionario público. Es por ello que desde la Cámara de Diputados, se agrega:”Pensamos que la legalidad es el marco con el que se debe tratar cualquier acto de un servidor público”, abriendo la puerta para considerar si los actos realizados en Jalisco no fueran el caso.
Curcio, en respeto a la memoria de las vidas de mexicanos sacrificados- de ambos lados- provoca a la reflexión:”La memoria colectiva, en muchas regiones, todavía registra la lucha de los cristeros, y lo hace con el vigor con que se recuerda una gesta genuinamente popular”. Y esta memoria ha sobrevivido a muchos abatares, continúa Curcio, lo que puede no sobrevivir es el uso erróneo que desde dentro se haga sobre “quienes se jugaron la vida por sus ideales”; porque entonces el efecto de memoria y recuerdo, se revierte.
Es triste y vergonzoso olvidar a los maestros sacrificados por llevar educación a las comunidades durante Cristeada, pero también lo es olvidar a los cristeros que cobraron entregadamente, y relegarlos, otra vez, a la oscuridad conminarlos a la explotación como artículo de venta política.
Para terminar, palabras de Serrano Migallón: “Más allá de las convicciones personales, los intereses propios y los deseos de cada uno, debe darse paso al cumplimiento de las normas jurídicas obligatorias; argumentar en contrario, es caer en el cinismo, como mecanismo político válido”; lo que no se debe admitir es una democracia como la que los jaliscienses de todas las creencias desean.