México
Suscriben acuerdo para activar plan de protección a periodistas
México es el país latinoamericano más peligroso para quienes ejercen el oficio, la gran mayoría de los asesinatos permanecen sin resolver
CIUDAD DE MÉXICO (03/NOV/2010).- El Gobierno mexicano activó hoy el proceso para poner en marcha un mecanismo de protección a periodistas, ante las 65 muertes de reporteros registradas en la última década a manos del crimen organizado.
El arranque fue la firma del acuerdo entre la Secretaría de Gobernación ( Segob) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos ( CNDH), para dotar al plan de sustento jurídico, con miras a establecer próximamente un comité de notables que elabore los lineamientos del mecanismo.
En él participarán representantes de las secretarías de Gobernación, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores y la Fiscalía federal, así como la CNDH y tres representantes del colectivo de periodistas.
El mecanismo ha tenido que ser impulsado ante el grave deterioro de la libertad de prensa en algunas partes del país en los últimos años, debido principalmente a la acción de los carteles de la droga, que han asesinado y coartado a los informadores.
La visita en agosto de los relatores especiales para la libertad de expresión de la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA) refrendó un diagnóstico en este sentido y la impunidad sobre los crímenes cometidos.
La gran mayoría de los 65 asesinatos de periodistas (lo que convierte a México en el país más peligroso de América Latina para la profesión) permanecen sin resolver, algo que señaló con enojo una manifestación de periodistas coincidente con la visita de los relatores.
Diversas organizaciones internacionales de prensa, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), han mostrado asimismo este año su preocupación por la situación de la libertad de expresión en México.
El titular de Gobernación, Francisco Blake Mora, apuntó durante la firma que el mecanismo pretende "prevenir conductas que atenten contra quienes ejercen el periodismo" y ofrecer a los reporteros "un clima de certidumbre" para realizar su trabajo.
Por su parte, el ombudsman mexicano Raúl Plascencia refirió que "afectar la libertad de expresión es una de las formas de destruir la democracia" y aportó las estadísticas recabadas por la CNDH.
A los muertos desde principio de la década, hay que sumar doce desaparecidos y diecisiete atentados contra medios de comunicación desde 2005.
Además, desde 2000 se han producido al menos 600 agresiones contra comunicadores, aunque admitió que el número puede ser mayor. Algunas organizaciones de prensa, como Article 19, han señalado que una parte importante de ellas proviene de los poderes públicos.
El plan de protección, según trascendió en septiembre, incluye un "sistema de alerta temprana", reformas legales para evitar la prescripción de estos delitos, un paquete de seguridad social y otro de "prácticas ideales del ejercicio profesional".
Asimismo, se incluiría la posibilidad de cambiar a los periodistas de ciudad si son víctimas de persecución por algún grupo criminal.
Blake recordó que el Congreso discute una iniciativa enviada por el Gobierno para elevar a manos federales los delitos cometidos contra reporteros, ya que en la actualidad recaen sobre fiscalías estatales, menos efectivas por recursos y penetración de los carteles.
El arranque fue la firma del acuerdo entre la Secretaría de Gobernación ( Segob) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos ( CNDH), para dotar al plan de sustento jurídico, con miras a establecer próximamente un comité de notables que elabore los lineamientos del mecanismo.
En él participarán representantes de las secretarías de Gobernación, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores y la Fiscalía federal, así como la CNDH y tres representantes del colectivo de periodistas.
El mecanismo ha tenido que ser impulsado ante el grave deterioro de la libertad de prensa en algunas partes del país en los últimos años, debido principalmente a la acción de los carteles de la droga, que han asesinado y coartado a los informadores.
La visita en agosto de los relatores especiales para la libertad de expresión de la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA) refrendó un diagnóstico en este sentido y la impunidad sobre los crímenes cometidos.
La gran mayoría de los 65 asesinatos de periodistas (lo que convierte a México en el país más peligroso de América Latina para la profesión) permanecen sin resolver, algo que señaló con enojo una manifestación de periodistas coincidente con la visita de los relatores.
Diversas organizaciones internacionales de prensa, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), han mostrado asimismo este año su preocupación por la situación de la libertad de expresión en México.
El titular de Gobernación, Francisco Blake Mora, apuntó durante la firma que el mecanismo pretende "prevenir conductas que atenten contra quienes ejercen el periodismo" y ofrecer a los reporteros "un clima de certidumbre" para realizar su trabajo.
Por su parte, el ombudsman mexicano Raúl Plascencia refirió que "afectar la libertad de expresión es una de las formas de destruir la democracia" y aportó las estadísticas recabadas por la CNDH.
A los muertos desde principio de la década, hay que sumar doce desaparecidos y diecisiete atentados contra medios de comunicación desde 2005.
Además, desde 2000 se han producido al menos 600 agresiones contra comunicadores, aunque admitió que el número puede ser mayor. Algunas organizaciones de prensa, como Article 19, han señalado que una parte importante de ellas proviene de los poderes públicos.
El plan de protección, según trascendió en septiembre, incluye un "sistema de alerta temprana", reformas legales para evitar la prescripción de estos delitos, un paquete de seguridad social y otro de "prácticas ideales del ejercicio profesional".
Asimismo, se incluiría la posibilidad de cambiar a los periodistas de ciudad si son víctimas de persecución por algún grupo criminal.
Blake recordó que el Congreso discute una iniciativa enviada por el Gobierno para elevar a manos federales los delitos cometidos contra reporteros, ya que en la actualidad recaen sobre fiscalías estatales, menos efectivas por recursos y penetración de los carteles.