México
Senado lleva a la Corte el caso Banamex
Los legisladores alegan que el Presidente se extralimitó y ejerció facultades que no tiene
CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado demandó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al Presidente Felipe Calderón y al secretario de Hacienda, Agustín Cartens, por permitir la participación de gobiernos extranjeros en los bancos mexicanos y, en particular, en el caso de Banamex.
En el juicio de controversia constitucional que suscribió el Senado también se demandó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y al Banco de México (Banxico), por estimar que ambas instituciones no acataron las leyes emitidas por el Congreso de la Unión que las obligan a vigilar y evitar que este tipo situaciones se presenten en el país.
La demanda fue presentada ayer por el secretario técnico de la Mesa Directiva del Senado, Horacio Duarte; el director de controversias del Senado, Leonardo Contreras, y el abogado Pedro Nava Malagón, quien fuera el titular del área de Juicios de Controversias Constitucionales de la Corte y quien fue contratado por los legisladores para encabezar el equipo jurídico que lleva este caso.
En el documento que entregaron ante la Corte los senadores alegan que el Presidente de la República se extralimitó y ejerció facultades que no tiene, y que sólo le competen al Congreso, al avalar que gobiernos extranjeros participen en el capital social de instituciones o agrupaciones financieras que operan en México.
Los legisladores acudieron ante el máximo tribunal del país por considerar que el titular del Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), violó la Constitución al no respetar la prohibición que estableció el Congreso, en particular en el Artículo 13 de Ley de Instituciones de Crédito para que los gobiernos extranjeros no puedan ser dueños de bancos que operan en México.
En el caso de la CNBV, los legisladores afirman en su demanda que no cumplió con sus obligaciones de supervisar y regular en el ámbito de su competencia a las entidades financieras, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en su conjunto, en protección a los intereses del público usuario.
Mientras que el Banxico incumplió con su obligación de regular el tipo de cambio, la intermediación de la moneda y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo la referida regulación y proveer a su observancia.
La discusión en torno a este caso inició a finales de marzo cuando el Gobierno de Estados Unidos, como parte del rescate financiero que realizó en su país, adquirió parte de Citigroup, que a su vez es propietaria de Banamex.
TELÓN DE FONDO
El dilema de “mexicanizar” el banco
En agosto de 2001 Citigroup anunció con bombo y platillo la compra por 12 mil 500 millones de dólares del Banco Nacional de México (Banamex), el más importante del país.
La medida fue criticada en su momento por el jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, quien pidió al entonces presidente Vicente Fox revisar la operación ya que el banco había sido beneficiado por el rescate bancario, pero no se hizo mucho eco al respecto.
El anuncio de Citigroup terminó con la premisa de que ningún banco extranjero podía poseer más de 5% de un banco mexicano, que estaba vigente hasta antes de 1994, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
La venta también se pudo forjar gracias debido a la crisis financiera de ese año que fue el parte aguas para la desnacionalización de la banca mexicana.
El tema parecía sepultado, pero el senador priista Manlio Fabio Beltrones lo sacó del baúl de los recuerdos cuando el 26 de febrero del presente año, el Gobierno de Estados Unidos inyectó 45 mil millones de dólares a Citigroup y elevó a 36% su participación en la institución con el fin de ayudarla a superar la crisis financiera.
Especialistas advirtieron que Citigroup tendría que vender Banamex, pues las normas mexicanas no permitían que personas morales extranjeras ejercieran funciones de autoridad.
Sin embargo, Banamex se apuró a decir que el rescate aprobado por el presidente Barack Obama no violaba la legislación mexicanas, y subrayó que la medida era de carácter temporal.
La Secretaría de Hacienda, en voz de su titular Agustín Carstens, hizo lo propio el 19 de marzo, dijo que la intervención del Gobierno estadounidense sólo buscaba proteger el sistema financiero y a sus clientes, y por lo tanto no violaba la ley.
“Tales medidas no responden a una intención deliberada de participar en la banca y menos aún de intervenir en el sistema financiero mexicano”.
A pesar de dichas explicaciones, Beltrones y el PRI mantienen su postura, a la cual ya se agregó el presidente del Senado, Carlos Navarrete. Ambos ya habían anunciado la presntación de una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia para que intervenga y diga si los acuerdos establecidos en el TLCAN están por encima de la ley bancaria. En pocas palabras, quieren que Banamex se vuelva a “mexicanizar”.
¿Qué dice la ley?
Artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito
No podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad.
En el juicio de controversia constitucional que suscribió el Senado también se demandó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y al Banco de México (Banxico), por estimar que ambas instituciones no acataron las leyes emitidas por el Congreso de la Unión que las obligan a vigilar y evitar que este tipo situaciones se presenten en el país.
La demanda fue presentada ayer por el secretario técnico de la Mesa Directiva del Senado, Horacio Duarte; el director de controversias del Senado, Leonardo Contreras, y el abogado Pedro Nava Malagón, quien fuera el titular del área de Juicios de Controversias Constitucionales de la Corte y quien fue contratado por los legisladores para encabezar el equipo jurídico que lleva este caso.
En el documento que entregaron ante la Corte los senadores alegan que el Presidente de la República se extralimitó y ejerció facultades que no tiene, y que sólo le competen al Congreso, al avalar que gobiernos extranjeros participen en el capital social de instituciones o agrupaciones financieras que operan en México.
Los legisladores acudieron ante el máximo tribunal del país por considerar que el titular del Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), violó la Constitución al no respetar la prohibición que estableció el Congreso, en particular en el Artículo 13 de Ley de Instituciones de Crédito para que los gobiernos extranjeros no puedan ser dueños de bancos que operan en México.
En el caso de la CNBV, los legisladores afirman en su demanda que no cumplió con sus obligaciones de supervisar y regular en el ámbito de su competencia a las entidades financieras, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en su conjunto, en protección a los intereses del público usuario.
Mientras que el Banxico incumplió con su obligación de regular el tipo de cambio, la intermediación de la moneda y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo la referida regulación y proveer a su observancia.
La discusión en torno a este caso inició a finales de marzo cuando el Gobierno de Estados Unidos, como parte del rescate financiero que realizó en su país, adquirió parte de Citigroup, que a su vez es propietaria de Banamex.
TELÓN DE FONDO
El dilema de “mexicanizar” el banco
En agosto de 2001 Citigroup anunció con bombo y platillo la compra por 12 mil 500 millones de dólares del Banco Nacional de México (Banamex), el más importante del país.
La medida fue criticada en su momento por el jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, quien pidió al entonces presidente Vicente Fox revisar la operación ya que el banco había sido beneficiado por el rescate bancario, pero no se hizo mucho eco al respecto.
El anuncio de Citigroup terminó con la premisa de que ningún banco extranjero podía poseer más de 5% de un banco mexicano, que estaba vigente hasta antes de 1994, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
La venta también se pudo forjar gracias debido a la crisis financiera de ese año que fue el parte aguas para la desnacionalización de la banca mexicana.
El tema parecía sepultado, pero el senador priista Manlio Fabio Beltrones lo sacó del baúl de los recuerdos cuando el 26 de febrero del presente año, el Gobierno de Estados Unidos inyectó 45 mil millones de dólares a Citigroup y elevó a 36% su participación en la institución con el fin de ayudarla a superar la crisis financiera.
Especialistas advirtieron que Citigroup tendría que vender Banamex, pues las normas mexicanas no permitían que personas morales extranjeras ejercieran funciones de autoridad.
Sin embargo, Banamex se apuró a decir que el rescate aprobado por el presidente Barack Obama no violaba la legislación mexicanas, y subrayó que la medida era de carácter temporal.
La Secretaría de Hacienda, en voz de su titular Agustín Carstens, hizo lo propio el 19 de marzo, dijo que la intervención del Gobierno estadounidense sólo buscaba proteger el sistema financiero y a sus clientes, y por lo tanto no violaba la ley.
“Tales medidas no responden a una intención deliberada de participar en la banca y menos aún de intervenir en el sistema financiero mexicano”.
A pesar de dichas explicaciones, Beltrones y el PRI mantienen su postura, a la cual ya se agregó el presidente del Senado, Carlos Navarrete. Ambos ya habían anunciado la presntación de una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia para que intervenga y diga si los acuerdos establecidos en el TLCAN están por encima de la ley bancaria. En pocas palabras, quieren que Banamex se vuelva a “mexicanizar”.
¿Qué dice la ley?
Artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito
No podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad.