México
Prevén ley para proteger derechos humanos
Se prevé desarrollar las bases constitucionales sobre las cuales la Federación y los estados respetarán, protegerán y garantizarán los derechos humanos
CIUDAD DE MÉXICO (31/DIC/2011).- El Senado analiza en comisiones la posibilidad de expedir la Ley General para la Protección de los
Derechos Humanos en la Ejecución de Sanciones y Medidas Penales, la cual crea la figura de los jueces de ejecución.
Según la iniciativa, presentada por senadores del PAN, PRI y PRD, se prevé desarrollar las bases constitucionales sobre las cuales la Federación y los estados respetarán, protegerán y garantizarán los derechos humanos en la ejecución de sentencias y medidas penales.
Con ella se establecen los jueces de ejecución, 'el cual será un órgano especializado en igualdad de condiciones que los jueces penales y percibirá similar remuneración'.
Asimismo sus resoluciones serán vinculantes sin ninguna posibilidad de interferencia en su ejecución, y tendrán jurisdicción para conocer de los procedimientos seguidos en forma de juicio, medidas de apremio y medidas cautelares.
Dichos jueces también controlarán la ejecución de la dirección del centro de las medidas de seguridad impuestas a personas inimputables, y autorizarán los traslados promovidos por la dirección del centro o las personas privadas de la libertad.
Los jueces de ejecución, así como el personal judicial acreditado que dependa de ellos, tendrán acceso absoluto a los centros, sus registros y archivos en el cumplimiento de sus funciones, para lo cual la dirección del centro les prestará todo el apoyo necesario.
La iniciativa plantea que las hijas e hijos de las internas podrán permanecer con su madre dentro del centro durante las etapas postnatal y de lactancia, o hasta que la niña o el niño haya cumplido los seis años de edad.
También señala que las leyes de ejecución establecerán las infracciones, sanciones y procedimientos para imponer sanciones administrativas a las personas internas, así como los recursos para inconformarse ante ellas.
De igual manera, la legislación propone procedimientos judiciales para la resolución de las quejas relacionadas con el derecho de las personas internas a condiciones penitenciarias dignas y seguras, y la impugnación de administrativas impuestas.
Según la iniciativa, presentada por senadores del PAN, PRI y PRD, se prevé desarrollar las bases constitucionales sobre las cuales la Federación y los estados respetarán, protegerán y garantizarán los derechos humanos en la ejecución de sentencias y medidas penales.
Con ella se establecen los jueces de ejecución, 'el cual será un órgano especializado en igualdad de condiciones que los jueces penales y percibirá similar remuneración'.
Asimismo sus resoluciones serán vinculantes sin ninguna posibilidad de interferencia en su ejecución, y tendrán jurisdicción para conocer de los procedimientos seguidos en forma de juicio, medidas de apremio y medidas cautelares.
Dichos jueces también controlarán la ejecución de la dirección del centro de las medidas de seguridad impuestas a personas inimputables, y autorizarán los traslados promovidos por la dirección del centro o las personas privadas de la libertad.
Los jueces de ejecución, así como el personal judicial acreditado que dependa de ellos, tendrán acceso absoluto a los centros, sus registros y archivos en el cumplimiento de sus funciones, para lo cual la dirección del centro les prestará todo el apoyo necesario.
La iniciativa plantea que las hijas e hijos de las internas podrán permanecer con su madre dentro del centro durante las etapas postnatal y de lactancia, o hasta que la niña o el niño haya cumplido los seis años de edad.
También señala que las leyes de ejecución establecerán las infracciones, sanciones y procedimientos para imponer sanciones administrativas a las personas internas, así como los recursos para inconformarse ante ellas.
De igual manera, la legislación propone procedimientos judiciales para la resolución de las quejas relacionadas con el derecho de las personas internas a condiciones penitenciarias dignas y seguras, y la impugnación de administrativas impuestas.