México
La Corte rechaza atraer el caso Hugo Wallace
Tras la decisión del alto cuerpo colegiado, un tribunal unitario debe revisar apelación de las penas aplicadas a los secuestradores
CIUDAD DE MÉXICO (20/MAY/2010).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no intervendrá en el juicio de los secuestradores de Hugo Alberto Wallace.
En una votación dividida, de tres contra dos, la mayoría de ministros de la Primera Sala del alto tribunal rechazó la petición que le hizo el procurador General de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez, de atraer el juicio de apelación en el que demanda que se incrementen las penas que un juez federal les dictó a los secuestradores.
El 24 de diciembre de 2009, el juez Augusto Octavio Mejía Ojeda, condenó, a penas que van de 28 a 45 años de prisión, al ex policía de Morelos César Freyre Morales; a la bailarina Juana Hilda González Lomelí; y a los hermanos Antonio y Alberto Castillo Cruz, por el secuestro del hijo de Isabel Miranda de Wallace.
En contra de esta decisión, la PGR promovió una apelación y luego pidió que la atrajera la Corte. Pero ayer la mayoría de ministros, a propuesta de su compañero José Ramón Cossío consideró que este caso no reúne los requisitos de importancia y trascendencia desde el punto de vista jurídico.
En un hecho inusual, durante la discusión, el ministro Cossío aseguró que con este asunto el procurador General de la República, Arturo Chávez, les “aventó” un tema que está en la esfera del legislador y que es la reconfiguración de las penas.
Cossío pidió no generar falsas expectativas “cuando esto está claramente en el ámbito de la esfera de los legisladores”.
Mientras que su compañero, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, hizo un llamado para que no se entienda que con esta decisión los ministros de la Sala negaron que el caso sea importante, doloroso, y especialmente grave.
Simplemente, dijo, que una cuestión constitucional les impidió hacerse cargo de este asunto, de momento. Porque, según explicó, Cossío, una vez que se dicte la sentencia todavía se tiene la posibilidad de recurrir a la vía del amparo y esperar a que el asunto se pueda revisar en ese momento.
En contraste con estas opiniones el ministro Juan Silva Meza, quien se quedó en la minoría con su compañera Olga Sánchez Cordero, estimó que sí había elementos para considerar este asunto importante y trascendente desde el punto de vista jurídico.
En especial, dijo Silva, en un momento en el que existe una crisis en el sistema de imposición de penas en el país. Y en donde la Corte tiene pocas oportunidades de enfrentarlos y resolverlos.
En una votación dividida, de tres contra dos, la mayoría de ministros de la Primera Sala del alto tribunal rechazó la petición que le hizo el procurador General de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez, de atraer el juicio de apelación en el que demanda que se incrementen las penas que un juez federal les dictó a los secuestradores.
El 24 de diciembre de 2009, el juez Augusto Octavio Mejía Ojeda, condenó, a penas que van de 28 a 45 años de prisión, al ex policía de Morelos César Freyre Morales; a la bailarina Juana Hilda González Lomelí; y a los hermanos Antonio y Alberto Castillo Cruz, por el secuestro del hijo de Isabel Miranda de Wallace.
En contra de esta decisión, la PGR promovió una apelación y luego pidió que la atrajera la Corte. Pero ayer la mayoría de ministros, a propuesta de su compañero José Ramón Cossío consideró que este caso no reúne los requisitos de importancia y trascendencia desde el punto de vista jurídico.
En un hecho inusual, durante la discusión, el ministro Cossío aseguró que con este asunto el procurador General de la República, Arturo Chávez, les “aventó” un tema que está en la esfera del legislador y que es la reconfiguración de las penas.
Cossío pidió no generar falsas expectativas “cuando esto está claramente en el ámbito de la esfera de los legisladores”.
Mientras que su compañero, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, hizo un llamado para que no se entienda que con esta decisión los ministros de la Sala negaron que el caso sea importante, doloroso, y especialmente grave.
Simplemente, dijo, que una cuestión constitucional les impidió hacerse cargo de este asunto, de momento. Porque, según explicó, Cossío, una vez que se dicte la sentencia todavía se tiene la posibilidad de recurrir a la vía del amparo y esperar a que el asunto se pueda revisar en ese momento.
En contraste con estas opiniones el ministro Juan Silva Meza, quien se quedó en la minoría con su compañera Olga Sánchez Cordero, estimó que sí había elementos para considerar este asunto importante y trascendente desde el punto de vista jurídico.
En especial, dijo Silva, en un momento en el que existe una crisis en el sistema de imposición de penas en el país. Y en donde la Corte tiene pocas oportunidades de enfrentarlos y resolverlos.