México
Instalan consejo para reforma penal, con un año de retraso
Con un año de retraso, las autoridades de los tres poderes federales y estatales instalaron el Consejo que tendrá a su cargo implementar la reforma a la Constitución
CIUDAD DE MÉXICO.- Con un año de retraso, las autoridades de los tres poderes federales y estatales instalaron el Consejo que tendrá a su cargo implementar la reforma a la Constitución mediante la cual se transformó el sistema de justicia penal para dar paso a un sistema basado en los juicios orales.
De acuerdo con los lineamientos establecidos en la reforma, el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal contará con siete años --porque ya agotó uno-- para poner en marcha las modificaciones establecidas, entre las que también destacan las nuevas facultades y poderes que se le otorgaron a las procuradurías y a las policías para combatir a la delincuencia.
Dicho Consejo estará encabezado por Felipe Borrego Estrada, quien anteriormente se desempeñaba como secretario técnico para la Implementación de las Reformas Constitucionales sobre Seguridad y Justicia Penal, un cargo que no había sido avalado por el resto de los poderes y autoridades porque el Presidente Felipe Calderón lo designó de manera unilateral.
El Consejo quedó integrado por un representante de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de las conferencias de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y de los tribunales superiores de Justicia, así como por los secretarios de Gobernación, Seguridad Pública Federal y el procurador general de la República.
Durante su instalación, los representantes de los Tres Poderes de la Federación coincidieron en que las modificaciones al sistema de justicia y seguridad deben ser totales para no defraudar las esperanzas y expectativas que han generado los cambios a la Constitución.
De acuerdo con los lineamientos establecidos en la reforma, el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal contará con siete años --porque ya agotó uno-- para poner en marcha las modificaciones establecidas, entre las que también destacan las nuevas facultades y poderes que se le otorgaron a las procuradurías y a las policías para combatir a la delincuencia.
Dicho Consejo estará encabezado por Felipe Borrego Estrada, quien anteriormente se desempeñaba como secretario técnico para la Implementación de las Reformas Constitucionales sobre Seguridad y Justicia Penal, un cargo que no había sido avalado por el resto de los poderes y autoridades porque el Presidente Felipe Calderón lo designó de manera unilateral.
El Consejo quedó integrado por un representante de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de las conferencias de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y de los tribunales superiores de Justicia, así como por los secretarios de Gobernación, Seguridad Pública Federal y el procurador general de la República.
Durante su instalación, los representantes de los Tres Poderes de la Federación coincidieron en que las modificaciones al sistema de justicia y seguridad deben ser totales para no defraudar las esperanzas y expectativas que han generado los cambios a la Constitución.