México
Indígenas quedarían libres por pruebas endebles
La Suprema Corte resolverá la apelación de las acusadas de secuestrar a seis agentes federales; “somos optimistas”, dice abogado defensor
QUERÉTARO (28/ABR/2010).- El día llegó. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelve hoy la apelación 02/2010 sobre el caso de Alberta Alcántara y Teresa González, condenadas a 20 años de prisión por, presuntamente, secuestrar a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), en marzo de 2006.
La esperanza para un fallo favorable que permita la liberación de las indígenas otomíes o hñahñús es alta, opina Leopoldo Maldonado, abogado del área de defensa del Centro Pro de Derechos Humanos (Centro Pro DH), que es la organización que lleva la defensa de Teresa y Alberta, y que antes logró la liberación de Jacinta, la otra mujer acusada por el mismo delito.
“Tenemos optimismo porque pensamos que hay suficientes elementos para que se revoque la sentencia del juez cuarto de Distrito, hay muchas irregularidades en las acusaciones que la Primera Sala de la Suprema Corte tendrá que observar y por lo tanto el fallo debe ser favorable”.
Afirma que lo ideal es que los cinco magistrados que conforman la Primera Sala aprueben por unanimidad el proyecto de la ministra Olga Sánchez Cordero, pero agrega que basta con que lo avalen tres. “Lo óptimo es que se discutiera y que se presentara un proyecto de sentencia que las absolviera y que restituyera su libertad. Ojalá se vote por unanimidad, pero si no es así basta la mayoría. Si los ministros ratifican el proyecto de sentencia, entonces inmediatamente sería liberadas, en unas cuantas horas”.
Maldonado confía en que la labor de documentación que hizo el equipo de abogados contribuirá a que el fallo que emitan los magistrados sea a favor.
El episodio de Querétaro
Teresa, Alberta y Jacinta fueron detenidas y acusadas de secuestrar a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) que acudieron al poblado queretano de Santiago Mexquititlán el 26 de marzo de 2006.
Los agentes llegaron vestidos de civiles y en vehículos no oficiales a decomisar y destruir la mercancía, por lo que los pobladores les exigieron identificarse. El ambiente se tornó hostil hasta que llegó un oficial superior, quien prometió a los afectados resarcir los daños y hasta dejó a un agente como “prueba” de que regresarían a pagarles.
Días después Teresa, Alberta y Jacinta fueron detenidas y, posteriormente, acusadas de retener a los agentes. Las dos primeras estaban entre el grupo que exigía a los agentes que se identificaran aquel domingo, Jacinta pasaba por el lugar cuando ocurría la discusión, y la prueba para incriminarla fue una foto del diario “Noticias” en la que aparecía en tercer plano, lejos de la protesta.
Jacinta salió de prisión el pasado 16 de septiembre de 2009 después de que las autoridades consideraron que había una “duda razonable” en su participación de los hechos, pero Teresa y Alberta ya tienen tres años y ocho meses en prisión. Ellas no están solas, las acompaña Jazmín, la hija de poco más de un año que tuvo Teresa en prisión.
Las engañaron
El abogado Maldonado afirma, en diálogo telefónico, que aquel día no se cometió ningún delito. “Las detuvieron con engaños y ni siquiera debió abrirse una averiguación, ya no se diga consignarlas ante un juez y seguirles un proceso ante la autoridad judicial, esto es totalmente irregular desde el momento de abrir una averiguación previa para que a través de pruebas fabricadas trataran de perjudicarlas”.
Agrega que a todas luces es una estrategia con la que las autoridades pretenden establecer un estado policial en donde la gente no se exprese libremente, para que no hagan expresiones legítimas antes los abusos de autoridad, “eso queda demostrado cuando la PGR solicitó la pena máxima de 40 años de prisión”.
Para Leopoldo Maldonado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia tiene hoy la oportunidad de sentar un precedente no solamente en cuanto a la no discriminación de los pueblos indígenas y de las mujeres, sino a la actitud de las autoridades que buscan castigar a quienes se manifiestan contra los abusos de autoridad.
Sergio Cázares
"Esperemos que la Primera Sala de la Suprema Corte eche mano de los más altos estándares internacionales y haga una interpretación garantista de la Constitución "
Leopoldo Maldonado,
abogado el Centro Pro DH.
DETALLES
Supuestas irregularidades
Los elementos de la extinta AFI que, presuntamente, fueron secuestrados, no quisieron realizar los careos correspondientes con las inculpadas.
Además de ser las supuestas víctimas, los agentes fueron los únicos testigos de los hechos.
Las indígenas otomíes Teresa, Alberta y Jacinta no contaron con traductor o intérprete para su juicio, como estipula la ley, por lo que lo enfrentaron sin saber hablar español. Qué sigue w La primera sala discute hoy el caso; se espera que la sesión comience a las 11 de la mañana.
La ministra Olga Sánchez Cordero presentará un proyecto de sentencia. Se prevé que en el mismo pida la liberación de Teresa y Alberta debido a las cantidad de irregularidades en las pruebas.
Los cinco ministros votarán el proyecto. Si hay mayoría quedaría ratificado.
Si es así, Alberta, Teresa y su hija Jazmín de un año, podrían recuperar su libertad hoy mismo.
La última palabra
Estos son los ministros miembros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia que decidirán si dejan o no en libertad a Teresa y Alberta.
Olga Sánchez Cordero
Es licenciada en derecho por Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cursó el posgrado en Política Social y Administración, en la University College of Swansea, Gran Bretaña. También es doctora Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Morelos y por la Universidad Autónoma de Nuevo León. En enero de 1995 fue designada ministra de la SCJN por el Senado, cargo que ocupa desde el primero de febrero de ese año. Ha publicado títulos como “Serle fiel a la Justicia” y “Mujer y derecho. Binomio indispensable para la construcción de una cultura jurídica de igualdad”.
Juan Silva Meza
Nació en la Ciudad de México, el 13 de septiembre de 1944. Estudió la licenciatura en Derecho en la UNAM. A partir de 1970 ha sido secretario en el Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal; secretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte; juez octavo de Distrito en Materia Penal del Distrito Federal y magistrado propietario de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral, entre otros cargos. El Senado lo designó ministro el 26 de enero de 1995 y asumió el cargo el primero de febrero.
Arturo Zaldívar
Nació el 9 de agosto de 1959 en Querétaro. Estudió licenciatura y maestría en derecho en la Escuela Libre de Derecho. También estudió doctorado en la UNAM. Durante 25 años fue abogado postulante en materia constitucional y también fundó el Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional. Fue integrante del consejo asesor de la maestría en Derecho Administrativo y de la Regulación en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y de los comités académicos del Instituto de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
José de Jesús Gudiño Pelayo
Nació en Autlán, Jalisco, el 6 de junio de 1943. Estudió la licenciatura y al maestría en derecho en la Universidad Iberoamericana. Fue juez primero de distrito en Sonora, Tamaulipas y Baja California. Además estuvo adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con residencia en Guadalajara. Ha publicado libros como “Problemas fundamentales del amparo mexicano”; “El Estado contra sí mismo. Las comisiones gubernamentales de Derechos Humanos y la deslegitimación de lo estatal” y “Controversia sobre controversia. Discusión en torno al alcance de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en controversias constitucionales”.
José Ramón Cossío
Nació el 26 de diciembre de 1960. Estudió derecho en la Universidad de Colima e hizo su maestría en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Realizó su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid.
Ha publicado libros como “Derechos y Cultura Indígena: Los dilemas del debate jurídico”; “Dogmática Constitucional y Régimen Autoritario” y “Problemas del Derecho Indígena en México”, un libro editado por la CNDH. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y de la Academia Mexicana de Ciencias, de la cual recibió el Premio Nacional de Investigación 1998, en el área de Ciencias Sociales.
FUENTE: Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La esperanza para un fallo favorable que permita la liberación de las indígenas otomíes o hñahñús es alta, opina Leopoldo Maldonado, abogado del área de defensa del Centro Pro de Derechos Humanos (Centro Pro DH), que es la organización que lleva la defensa de Teresa y Alberta, y que antes logró la liberación de Jacinta, la otra mujer acusada por el mismo delito.
“Tenemos optimismo porque pensamos que hay suficientes elementos para que se revoque la sentencia del juez cuarto de Distrito, hay muchas irregularidades en las acusaciones que la Primera Sala de la Suprema Corte tendrá que observar y por lo tanto el fallo debe ser favorable”.
Afirma que lo ideal es que los cinco magistrados que conforman la Primera Sala aprueben por unanimidad el proyecto de la ministra Olga Sánchez Cordero, pero agrega que basta con que lo avalen tres. “Lo óptimo es que se discutiera y que se presentara un proyecto de sentencia que las absolviera y que restituyera su libertad. Ojalá se vote por unanimidad, pero si no es así basta la mayoría. Si los ministros ratifican el proyecto de sentencia, entonces inmediatamente sería liberadas, en unas cuantas horas”.
Maldonado confía en que la labor de documentación que hizo el equipo de abogados contribuirá a que el fallo que emitan los magistrados sea a favor.
El episodio de Querétaro
Teresa, Alberta y Jacinta fueron detenidas y acusadas de secuestrar a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) que acudieron al poblado queretano de Santiago Mexquititlán el 26 de marzo de 2006.
Los agentes llegaron vestidos de civiles y en vehículos no oficiales a decomisar y destruir la mercancía, por lo que los pobladores les exigieron identificarse. El ambiente se tornó hostil hasta que llegó un oficial superior, quien prometió a los afectados resarcir los daños y hasta dejó a un agente como “prueba” de que regresarían a pagarles.
Días después Teresa, Alberta y Jacinta fueron detenidas y, posteriormente, acusadas de retener a los agentes. Las dos primeras estaban entre el grupo que exigía a los agentes que se identificaran aquel domingo, Jacinta pasaba por el lugar cuando ocurría la discusión, y la prueba para incriminarla fue una foto del diario “Noticias” en la que aparecía en tercer plano, lejos de la protesta.
Jacinta salió de prisión el pasado 16 de septiembre de 2009 después de que las autoridades consideraron que había una “duda razonable” en su participación de los hechos, pero Teresa y Alberta ya tienen tres años y ocho meses en prisión. Ellas no están solas, las acompaña Jazmín, la hija de poco más de un año que tuvo Teresa en prisión.
Las engañaron
El abogado Maldonado afirma, en diálogo telefónico, que aquel día no se cometió ningún delito. “Las detuvieron con engaños y ni siquiera debió abrirse una averiguación, ya no se diga consignarlas ante un juez y seguirles un proceso ante la autoridad judicial, esto es totalmente irregular desde el momento de abrir una averiguación previa para que a través de pruebas fabricadas trataran de perjudicarlas”.
Agrega que a todas luces es una estrategia con la que las autoridades pretenden establecer un estado policial en donde la gente no se exprese libremente, para que no hagan expresiones legítimas antes los abusos de autoridad, “eso queda demostrado cuando la PGR solicitó la pena máxima de 40 años de prisión”.
Para Leopoldo Maldonado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia tiene hoy la oportunidad de sentar un precedente no solamente en cuanto a la no discriminación de los pueblos indígenas y de las mujeres, sino a la actitud de las autoridades que buscan castigar a quienes se manifiestan contra los abusos de autoridad.
Sergio Cázares
"Esperemos que la Primera Sala de la Suprema Corte eche mano de los más altos estándares internacionales y haga una interpretación garantista de la Constitución "
Leopoldo Maldonado,
abogado el Centro Pro DH.
DETALLES
Supuestas irregularidades
Los elementos de la extinta AFI que, presuntamente, fueron secuestrados, no quisieron realizar los careos correspondientes con las inculpadas.
Además de ser las supuestas víctimas, los agentes fueron los únicos testigos de los hechos.
Las indígenas otomíes Teresa, Alberta y Jacinta no contaron con traductor o intérprete para su juicio, como estipula la ley, por lo que lo enfrentaron sin saber hablar español. Qué sigue w La primera sala discute hoy el caso; se espera que la sesión comience a las 11 de la mañana.
La ministra Olga Sánchez Cordero presentará un proyecto de sentencia. Se prevé que en el mismo pida la liberación de Teresa y Alberta debido a las cantidad de irregularidades en las pruebas.
Los cinco ministros votarán el proyecto. Si hay mayoría quedaría ratificado.
Si es así, Alberta, Teresa y su hija Jazmín de un año, podrían recuperar su libertad hoy mismo.
La última palabra
Estos son los ministros miembros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia que decidirán si dejan o no en libertad a Teresa y Alberta.
Olga Sánchez Cordero
Es licenciada en derecho por Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cursó el posgrado en Política Social y Administración, en la University College of Swansea, Gran Bretaña. También es doctora Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Morelos y por la Universidad Autónoma de Nuevo León. En enero de 1995 fue designada ministra de la SCJN por el Senado, cargo que ocupa desde el primero de febrero de ese año. Ha publicado títulos como “Serle fiel a la Justicia” y “Mujer y derecho. Binomio indispensable para la construcción de una cultura jurídica de igualdad”.
Juan Silva Meza
Nació en la Ciudad de México, el 13 de septiembre de 1944. Estudió la licenciatura en Derecho en la UNAM. A partir de 1970 ha sido secretario en el Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal; secretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte; juez octavo de Distrito en Materia Penal del Distrito Federal y magistrado propietario de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral, entre otros cargos. El Senado lo designó ministro el 26 de enero de 1995 y asumió el cargo el primero de febrero.
Arturo Zaldívar
Nació el 9 de agosto de 1959 en Querétaro. Estudió licenciatura y maestría en derecho en la Escuela Libre de Derecho. También estudió doctorado en la UNAM. Durante 25 años fue abogado postulante en materia constitucional y también fundó el Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional. Fue integrante del consejo asesor de la maestría en Derecho Administrativo y de la Regulación en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y de los comités académicos del Instituto de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
José de Jesús Gudiño Pelayo
Nació en Autlán, Jalisco, el 6 de junio de 1943. Estudió la licenciatura y al maestría en derecho en la Universidad Iberoamericana. Fue juez primero de distrito en Sonora, Tamaulipas y Baja California. Además estuvo adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con residencia en Guadalajara. Ha publicado libros como “Problemas fundamentales del amparo mexicano”; “El Estado contra sí mismo. Las comisiones gubernamentales de Derechos Humanos y la deslegitimación de lo estatal” y “Controversia sobre controversia. Discusión en torno al alcance de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en controversias constitucionales”.
José Ramón Cossío
Nació el 26 de diciembre de 1960. Estudió derecho en la Universidad de Colima e hizo su maestría en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Realizó su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid.
Ha publicado libros como “Derechos y Cultura Indígena: Los dilemas del debate jurídico”; “Dogmática Constitucional y Régimen Autoritario” y “Problemas del Derecho Indígena en México”, un libro editado por la CNDH. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y de la Academia Mexicana de Ciencias, de la cual recibió el Premio Nacional de Investigación 1998, en el área de Ciencias Sociales.
FUENTE: Suprema Corte de Justicia de la Nación.