México
HRW pide a Suprema Corte restringir fuero militar
La organización internacional sostiene que es necesario que los delitos sean investigados fuera de la justicia castrense
CIUDAD DE MÉXICO (07/JUL/2011).- La organización Human Rights Watch (HRW) hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que en el debate que sostendrán hoy los ministros sobre el fuero militar se resuelva acorde a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que pidió una reforma al Código de Justicia Militar y que los casos de violaciones de derechos humanos, sin excepción, sean juzgados en los tribunales civiles.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, destacó en un comunicado la trascendencia de este debate, pues la organización ha insistido en que la impunidad caracteriza hasta ahora los delitos cometidos por elementos de las fuerzas armadas, y es necesario que los casos sean investigados fuera de la justicia castrense.
Los integrantes de la SCJN determinarán si se debe restringir el fuero militar como parte de las obligaciones que le impone la sentencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitida en noviembre de 2009 por la desaparición forzada de Rosendo Radilla.
La CoIDH ordenó a México modificar su Código de Justicia Militar a fin de "compatibilizar con los estándares internacionales", y afirmó que "frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar".
Ante este debate en el que el máximo tribunal del país debe analizar la relevancia de las obligaciones jurídicas internacionales de derechos humanos en relación con la Constitución, HRW "insta a la SCJN a hacer cumplir la reciente reforma constitucional aprobada por el Congreso, que reconoce a los derechos consagrados en los tratados internacionales suscriptos por México la misma jerarquía que a los derechos garantizados por la Constitución".
Vivanco sostuvo que "como parte de tratados internacionales, México tiene la obligación de incorporar estos derechos en su derecho interno, así como de tener en cuenta su jurisprudencia en los procesos judiciales. La SCJN debería hacer cumplir esta obligación", lo que se traduce en que las violaciones a los derechos por parte de militares se investiguen en el fuero civil.
Recordó que en su informe "Impunidad Uniformada" la organización documentó que en México, el Secretario de la Defensa ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas, por lo que "los jueces militares no gozan de la garantía de permanencia en el cargo, y podrían razonablemente temer que el secretario los aparte de su cargo u obstaculice de otro modo su carrera profesional si emiten decisiones que este no comparte".
HRW insistió en que "el control civil de las decisiones adoptadas por los tribunales militares es sumamente limitado. Y lo que es aún más grave es que prácticamente no existe ningún escrutinio público ni información sobre qué sucede realmente durante las investigaciones, los procedimientos y los juicios militares, que pueden extenderse durante varios años".
La organización dijo que no es suficiente la reforma propuesta por el Presidente Felipe Calderón, de octubre de 2010, para modificar el sistema de justicia militar pues sólo contempla que tres tipos de violaciones de derechos humanos -desaparición forzada, violación y tortura- sean juzgados ante autoridades civiles, mientras que la investigación y el juzgamiento de otras violaciones graves continuarían estando a cargo del sistema de justicia militar.
"Esto otorgaría a las autoridades militares la facultad de determinar qué actos constituyen tales violaciones; a pesar de que, en el pasado, las autoridades militares han imputado delitos menos graves a soldados", criticó.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, destacó en un comunicado la trascendencia de este debate, pues la organización ha insistido en que la impunidad caracteriza hasta ahora los delitos cometidos por elementos de las fuerzas armadas, y es necesario que los casos sean investigados fuera de la justicia castrense.
Los integrantes de la SCJN determinarán si se debe restringir el fuero militar como parte de las obligaciones que le impone la sentencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitida en noviembre de 2009 por la desaparición forzada de Rosendo Radilla.
La CoIDH ordenó a México modificar su Código de Justicia Militar a fin de "compatibilizar con los estándares internacionales", y afirmó que "frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar".
Ante este debate en el que el máximo tribunal del país debe analizar la relevancia de las obligaciones jurídicas internacionales de derechos humanos en relación con la Constitución, HRW "insta a la SCJN a hacer cumplir la reciente reforma constitucional aprobada por el Congreso, que reconoce a los derechos consagrados en los tratados internacionales suscriptos por México la misma jerarquía que a los derechos garantizados por la Constitución".
Vivanco sostuvo que "como parte de tratados internacionales, México tiene la obligación de incorporar estos derechos en su derecho interno, así como de tener en cuenta su jurisprudencia en los procesos judiciales. La SCJN debería hacer cumplir esta obligación", lo que se traduce en que las violaciones a los derechos por parte de militares se investiguen en el fuero civil.
Recordó que en su informe "Impunidad Uniformada" la organización documentó que en México, el Secretario de la Defensa ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas, por lo que "los jueces militares no gozan de la garantía de permanencia en el cargo, y podrían razonablemente temer que el secretario los aparte de su cargo u obstaculice de otro modo su carrera profesional si emiten decisiones que este no comparte".
HRW insistió en que "el control civil de las decisiones adoptadas por los tribunales militares es sumamente limitado. Y lo que es aún más grave es que prácticamente no existe ningún escrutinio público ni información sobre qué sucede realmente durante las investigaciones, los procedimientos y los juicios militares, que pueden extenderse durante varios años".
La organización dijo que no es suficiente la reforma propuesta por el Presidente Felipe Calderón, de octubre de 2010, para modificar el sistema de justicia militar pues sólo contempla que tres tipos de violaciones de derechos humanos -desaparición forzada, violación y tortura- sean juzgados ante autoridades civiles, mientras que la investigación y el juzgamiento de otras violaciones graves continuarían estando a cargo del sistema de justicia militar.
"Esto otorgaría a las autoridades militares la facultad de determinar qué actos constituyen tales violaciones; a pesar de que, en el pasado, las autoridades militares han imputado delitos menos graves a soldados", criticó.