México

El Congreso aumentó su productividad con la transición

Entre septiembre y abril fueron aprobadas 77 reformas; el Pacto por México contribuye con dos

CIUDAD DE MÉXICO (07/MAY/2013).- En sus primeros siete meses de trabajo (dos periodos ordinarios), senadores y diputados registraron una productividad superior a las que mostraron sus pares en el mismo periodo en las administraciones de Felipe Calderón y Vicente Fox.

El Congreso de la Unión aprobó 77 productos legislativos desde septiembre hasta abril, y sólo dos de ellos son reformas emanadas del Pacto por México.

Entre septiembre y diciembre del año pasado y entre febrero y abril de este año, el Senado y la Cámara de Diputados produjeron 77 reformas, de las cuales 49 ya son una realidad y 28 están a unos días de serlo.

Del total de iniciativas aprobadas, 42 nacieron en la Cámara de Diputados, que implican 54% del total, mientras que 35 surgieron del Senado, que equivalen a 46 por ciento.

De igual forma se quedaron a la mitad 75 productos legislativos más, porque sólo fueron aprobados por una de las Cámaras y no alcanzaron a completar su proceso en la Cámara revisora. De esos 75 productos que quedaron a medio camino, 55 fueron enviados desde San Lázaro a la Cámara alta, mientras que 20 nacieron en el Senado y se enviaron a los Diputados.

Aunque el Gobierno de Vicente Fox comenzó con una alta expectativa por el cambio político del país, el primer panista en el Gobierno federal enfrentó una reducida productividad legislativa, pues los senadores y diputados federales de la LVIII Legislatura, donde había personajes como Felipe Calderón, Beatriz Paredes, Diego Fernández de Cevallos, Enrique Jackson y Jesús Ortega, produjeron sólo 33 nuevos instrumentos legislativos, de los cuales uno fue una reforma constitucional, referente a los derechos de los pueblos indígenas.

Seis años después, el Congreso de la Unión fue el espejo de la polarización política que dejó la victoria de Felipe Calderón como Presidente. Sin embargo, en medio de esa difícil circunstancia, los diputados y senadores, entre quienes estaban Javier González Garza, Héctor Larios, Emilio Gamboa, Manlio Fabio Beltrones, Carlos Navarrete y Santiago Creel, hicieron 54 productos legislativos, de los cuales dos eran constitucionales, uno en materia de transparencia y otro sobre nuevas facultades del Congreso.

> DESTRABAN INICIATIVAS CLAVE

Educación, trabajo y amparo, entre las avaladas

CIUDAD DE MÉXICO.-
El Congreso de la Unión aprobó 10 reformas constitucionales en los dos primeros periodos de sesiones ordinarias, la mayoría en asuntos que estuvieron paralizados durante años, por no contar con el consenso necesario o porque algún partido político consideró inapropiado asumir su costo político.

En el primer periodo de sesiones ordinarias, que inició el 1 de septiembre de 2012 y culminó el 21 de diciembre, sobresalió la reforma constitucional en materia educativa, primera enmienda propuesta por el Pacto por México.

Esta reforma establece el Sistema Nacional de Evaluación e introduce el principio de calidad de la educación en la Carta Magna.

Aunque en principio fue catalogada como una reforma “cosmética”, es decir que no produciría cambios de fondo, sus efectos e han sentido en meses recientes, de forma indirecta removió los cimientos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y ha provocado una serie de movilizaciones de la disidencia magisterial en Guerrero, Michoacán y Oaxaca.

Durante el segundo periodo, del 1 de febrero al 30 de abril pasado, el Congreso aprobó reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones, la cual fue catalogada en un principio como la ley antimonopolios, pero que con el debate legislativo quedó como un instrumento que pone nuevas reglas y “piso parejo” para todos los actores de la telecomunicaciones.

Otra reforma la nueva Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, tras dos años de discusión en ambas cámaras del Congreso. Esta reforma hace que el amparo —figura jurídica que permite la defensa contra actos u omisiones de la autoridad y de particulares, en caso de violación a los derechos consagrados en la Constitución—, sea más ágil, oportuno y sirva al interés público.

SinEmbargo.mx

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