México
Dan “carpetazo” al caso Lydia Cacho
Un juez de Quintana Roo cerró el caso Lydia Cacho, después de que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República (PGR) turnó el expediente al Poder Judicial, el Juzgado Segundo de aquella Entidad negó las órdenes de aprehensión en contra de funcionarios y ex servidores públicos del Estado de Puebla, acusados de tortura
CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez de Quintana Roo cerró el caso Lydia Cacho, después de que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República (PGR) turnó el expediente al Poder Judicial, el Juzgado Segundo de aquella Entidad negó las órdenes de aprehensión en contra de funcionarios y ex servidores públicos del Estado de Puebla, acusados de tortura.
En su fallo, el juez Benjamín Navarrete argumentó que estaba impedido para girar las órdenes de aprehensión dado que el delito de tortura y las penalidades consecuentes solamente se pueden aplicar a funcionarios del Estado de Quintana Roo.
“Queda inconcluso el primer elemento, pues los agentes judiciales no son servidores públicos de Quintana Roo sino de Puebla”, expuso el juez.
El 16 de diciembre de 2005, la periodista Lydia Cacho fue detenida en Quintana Roo por agentes judiciales de Puebla, ocasión en la que denunció haber sido objeto de abusos por parte de los elementos policiacos.
La periodista fue detenida para afrontar un proceso penal por el delito de difamación, presentado por el empresario Kamel Nacif, “El rey de la mezclilla”, quien fue señalado por Cacho como parte de una red de pornografía infantil.
El 30 de abril pasado, el subprocurador de la PGR, Juan de Dios Castro Lozano, informó que el caso ya se había turnado al Poder Judicial con la solicitud de girar órdenes de aprehensión contra diversos servidores públicos del Estado de Puebla: la ex procuradora, un Ministerio Público estatal, un comandante y cuatro agentes judiciales, quienes presuntamente manipularon la documentación para la detención de Cacho.
En esa ocasión, Castro Lozano indicó que sería el juez al que correspondería dictar o no las órdenes de aprehensión.
Algunos detalles:
2005
16 de diciembre: Lydia Cacho, presidenta del Centro Integral de Atención a la Mujer, es detenida y trasladada vía terrestre desde Cancún, Quintana Roo hasta Puebla, en medio de un fuerte operativo de seguridad, por agentes de la Procuraduría General de Justicia poblana, en cumplimiento de una orden de aprehensión derivada de una denuncia de difamación y calumnias por Kamel Nacif, sin embargo, Cacho es puesta en libertad bajo fianza. Dicha orden fue otorgada el 12 de octubre por la juez Quinto Penal de Puebla, Rosa Felia Pérez González.
2006
14 de febrero: Se difunde una charla telefónica entre el empresario Kamel Nacif con el gobernador de Puebla, Mario Marín. En ella ambos tratan represalias contra la labor informativa de la periodista Lydia Cacho. Nacif Borge, con lenguaje vulgar, refiere a lo largo de las conversaciones cómo, mediante amistades y contactos dentro del Cereso poblano, “recomendó” que encerraran a Lydia “con las locas y las tortilleras” para que fuera violada cuando ingresara a prisión; cómo se obviaron los trámites legales de notificar a la periodista del proceso que se seguía en su contra, “porque si no, no llega a la cárcel”.
13 de marzo: Lydia Cacho denuncia ante dos fiscalías de la PGR al gobernador Mario Marín, a la procuradora poblana, Blanca Laura Villeda, a la Juez Quinto en Materia Penal en Puebla, Rosa Silvia Pérez, a una agente del Ministerio Público y a dos judiciales, así como al empresario Kamel Nacif, el 6 de abril amplía la denuncia penal contra el gobernador de Puebla, Mario Marín.
2007
2 de enero: Kamel Nacif pierde en definitiva la batalla jurídica que inició contra la periodista Lydia Cacho, que lo vinculó en una publicación con actividades relacionadas con un pederasta. El 14 de febrero, Cacho recibe del juez Lorenzo Medina la resolución que la exonera de los cargos por difamación que presentó en su contra Kamel Nacif.
29 de noviembre: Los ministros de la Suprema Corte resuelven que no existió una conspiración entre el gobernador de Puebla, Mario Marín, y el empresario Kamel Nacif, para violar las garantías individuales de Cacho, e incluso determinaron que la transgresión a sus derechos no es grave, y por lo tanto el caso puede ser resuelto en otras instancias judiciales.
En su fallo, el juez Benjamín Navarrete argumentó que estaba impedido para girar las órdenes de aprehensión dado que el delito de tortura y las penalidades consecuentes solamente se pueden aplicar a funcionarios del Estado de Quintana Roo.
“Queda inconcluso el primer elemento, pues los agentes judiciales no son servidores públicos de Quintana Roo sino de Puebla”, expuso el juez.
El 16 de diciembre de 2005, la periodista Lydia Cacho fue detenida en Quintana Roo por agentes judiciales de Puebla, ocasión en la que denunció haber sido objeto de abusos por parte de los elementos policiacos.
La periodista fue detenida para afrontar un proceso penal por el delito de difamación, presentado por el empresario Kamel Nacif, “El rey de la mezclilla”, quien fue señalado por Cacho como parte de una red de pornografía infantil.
El 30 de abril pasado, el subprocurador de la PGR, Juan de Dios Castro Lozano, informó que el caso ya se había turnado al Poder Judicial con la solicitud de girar órdenes de aprehensión contra diversos servidores públicos del Estado de Puebla: la ex procuradora, un Ministerio Público estatal, un comandante y cuatro agentes judiciales, quienes presuntamente manipularon la documentación para la detención de Cacho.
En esa ocasión, Castro Lozano indicó que sería el juez al que correspondería dictar o no las órdenes de aprehensión.
Algunos detalles:
2005
16 de diciembre: Lydia Cacho, presidenta del Centro Integral de Atención a la Mujer, es detenida y trasladada vía terrestre desde Cancún, Quintana Roo hasta Puebla, en medio de un fuerte operativo de seguridad, por agentes de la Procuraduría General de Justicia poblana, en cumplimiento de una orden de aprehensión derivada de una denuncia de difamación y calumnias por Kamel Nacif, sin embargo, Cacho es puesta en libertad bajo fianza. Dicha orden fue otorgada el 12 de octubre por la juez Quinto Penal de Puebla, Rosa Felia Pérez González.
2006
14 de febrero: Se difunde una charla telefónica entre el empresario Kamel Nacif con el gobernador de Puebla, Mario Marín. En ella ambos tratan represalias contra la labor informativa de la periodista Lydia Cacho. Nacif Borge, con lenguaje vulgar, refiere a lo largo de las conversaciones cómo, mediante amistades y contactos dentro del Cereso poblano, “recomendó” que encerraran a Lydia “con las locas y las tortilleras” para que fuera violada cuando ingresara a prisión; cómo se obviaron los trámites legales de notificar a la periodista del proceso que se seguía en su contra, “porque si no, no llega a la cárcel”.
13 de marzo: Lydia Cacho denuncia ante dos fiscalías de la PGR al gobernador Mario Marín, a la procuradora poblana, Blanca Laura Villeda, a la Juez Quinto en Materia Penal en Puebla, Rosa Silvia Pérez, a una agente del Ministerio Público y a dos judiciales, así como al empresario Kamel Nacif, el 6 de abril amplía la denuncia penal contra el gobernador de Puebla, Mario Marín.
2007
2 de enero: Kamel Nacif pierde en definitiva la batalla jurídica que inició contra la periodista Lydia Cacho, que lo vinculó en una publicación con actividades relacionadas con un pederasta. El 14 de febrero, Cacho recibe del juez Lorenzo Medina la resolución que la exonera de los cargos por difamación que presentó en su contra Kamel Nacif.
29 de noviembre: Los ministros de la Suprema Corte resuelven que no existió una conspiración entre el gobernador de Puebla, Mario Marín, y el empresario Kamel Nacif, para violar las garantías individuales de Cacho, e incluso determinaron que la transgresión a sus derechos no es grave, y por lo tanto el caso puede ser resuelto en otras instancias judiciales.