México
Aún esperan reforma migratoria pese a cambio en deportaciones en EU
En EU aún esperan una reforma migratoria pese a los cambios en la política de deportaciones anunciados por el gobierno de Obama
WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (21/AGO/2011).- Unos 11 millones de indocumentados en Estados Unidos aún esperan una reforma migratoria pese a los cambios en la política de deportaciones anunciados por el gobierno de Barack Obama para centrarse en los considerados 'criminales'.
'Y nosotros, ¿hasta cuándo vamos a esperar?', preguntó el inmigrante hondureño Osmán Milla, trabajador de limpieza en un edificio en Washington.
'Somos personas trabajadoras, queremos una vida decente, con seguro y oportunidades que ofrece este país', afirmó por su parte su colega Julissa, que pidió mantener su apellido en reserva por su estatus migratorio.
Bajo las nuevas políticas anunciadas la semana pasada, los departamentos de Seguridad Interna (DHS) y de Justicia revisarán 'uno por uno' alrededor de 300 mil casos pendientes de deportación para suspender los procesos a quienes no representan un peligro para la seguridad nacional.
La presidenta de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (NALACC), Angela Sambrano, señaló que Obama 'ha demostrado que en realidad tiene poder discrecional para aplicar la ley y aliviar a 'inmigrantes cumplidores de la ley que han sido víctimas de una ley obsoleta, inhumana y costosa'.
El mandatario, que busca la reelección en 2012, indicó que no puede pasar por encima de la autoridad del Congreso para aplicar la ley de inmigración, pero numerosos activistas pro-inmigrantes han insistido que sí puede hacerlo, como lo demostró con esta última decisión.
En los casos de las leyes antiinmigrantes de Arizona y Alabama, el gobierno federal ha intervenido por medio de demandas para reclamar que corresponde al gobierno federal y no a los estados la aplicación de la ley de inmigración.
'Por mucho tiempo hemos abogado por el uso de herramientas a nivel ejecutivo para que una efectiva aplicación de la ley no perjudique a las familias ni a nuestra economía', sostuvo Mary Giovanoli, directora del Centro de Políticas de Inmigración, perteneciente al American Immigration Council.
Agregó que la creación de una comisión entre distintas dependencias federales y la expansión de la discreción procesal 'es un paso crucial para retrasar la deportación de inmigrantes que han hecho tanto por este país'.
'Sin embargo, solamente una reforma migratoria integral puede responder permanentemente a los problemas de nuestro sistema de inmigración', recalcó.
El presidente de la Asociación de Mexicanos de Carolina del Norte, Juvencio Rocha Peralta, urgió una campaña de información sobre el nuevo anuncio, para evitar que personas inescrupulosas lucren con la mala información sobre supuestos beneficios.
Los activistas también han pedido la cancelación del programa Comunidades Seguras, enfocado en la identificación y deportación de personas con antecedentes penales, al indicar que genera desconfianza en la policía y ha contribuido a la cifra récord de un millón de deportaciones bajo el gobierno de Obama.
'Al cancelar con Comunidades Seguras, millones de inmigrantes trabajadores y cumplidores de la ley no terminarán en la lista de deportaciones', afirmó la directora del Centro Presente y miembro de la junta de NALACC, Patricia Montes.
La legisladora demócrata de California, Lucille Roybal Allard, indicó que las nuevas políticas aliviarán las presiones en las cortes y permitirá procesar los casos de pandilleros, narcotraficantes y otras personas involucradas en delitos graves.
Señaló que todavía 'queda mucho trabajo por hacer', como por ejemplo dar el camino a la ciudadanía a jóvenes indocumentados que llegaron de niños al país y se beneficiarían del proyecto de ley Dream Act.
'Y nosotros, ¿hasta cuándo vamos a esperar?', preguntó el inmigrante hondureño Osmán Milla, trabajador de limpieza en un edificio en Washington.
'Somos personas trabajadoras, queremos una vida decente, con seguro y oportunidades que ofrece este país', afirmó por su parte su colega Julissa, que pidió mantener su apellido en reserva por su estatus migratorio.
Bajo las nuevas políticas anunciadas la semana pasada, los departamentos de Seguridad Interna (DHS) y de Justicia revisarán 'uno por uno' alrededor de 300 mil casos pendientes de deportación para suspender los procesos a quienes no representan un peligro para la seguridad nacional.
La presidenta de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (NALACC), Angela Sambrano, señaló que Obama 'ha demostrado que en realidad tiene poder discrecional para aplicar la ley y aliviar a 'inmigrantes cumplidores de la ley que han sido víctimas de una ley obsoleta, inhumana y costosa'.
El mandatario, que busca la reelección en 2012, indicó que no puede pasar por encima de la autoridad del Congreso para aplicar la ley de inmigración, pero numerosos activistas pro-inmigrantes han insistido que sí puede hacerlo, como lo demostró con esta última decisión.
En los casos de las leyes antiinmigrantes de Arizona y Alabama, el gobierno federal ha intervenido por medio de demandas para reclamar que corresponde al gobierno federal y no a los estados la aplicación de la ley de inmigración.
'Por mucho tiempo hemos abogado por el uso de herramientas a nivel ejecutivo para que una efectiva aplicación de la ley no perjudique a las familias ni a nuestra economía', sostuvo Mary Giovanoli, directora del Centro de Políticas de Inmigración, perteneciente al American Immigration Council.
Agregó que la creación de una comisión entre distintas dependencias federales y la expansión de la discreción procesal 'es un paso crucial para retrasar la deportación de inmigrantes que han hecho tanto por este país'.
'Sin embargo, solamente una reforma migratoria integral puede responder permanentemente a los problemas de nuestro sistema de inmigración', recalcó.
El presidente de la Asociación de Mexicanos de Carolina del Norte, Juvencio Rocha Peralta, urgió una campaña de información sobre el nuevo anuncio, para evitar que personas inescrupulosas lucren con la mala información sobre supuestos beneficios.
Los activistas también han pedido la cancelación del programa Comunidades Seguras, enfocado en la identificación y deportación de personas con antecedentes penales, al indicar que genera desconfianza en la policía y ha contribuido a la cifra récord de un millón de deportaciones bajo el gobierno de Obama.
'Al cancelar con Comunidades Seguras, millones de inmigrantes trabajadores y cumplidores de la ley no terminarán en la lista de deportaciones', afirmó la directora del Centro Presente y miembro de la junta de NALACC, Patricia Montes.
La legisladora demócrata de California, Lucille Roybal Allard, indicó que las nuevas políticas aliviarán las presiones en las cortes y permitirá procesar los casos de pandilleros, narcotraficantes y otras personas involucradas en delitos graves.
Señaló que todavía 'queda mucho trabajo por hacer', como por ejemplo dar el camino a la ciudadanía a jóvenes indocumentados que llegaron de niños al país y se beneficiarían del proyecto de ley Dream Act.